PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Acapara Vargas con su

grupo negocio uniformes

Bernardo Torres.--Unos 100 maquiladores del estado de Guerrero no fueron tomados en cuenta para el programa de elaboración de uniformes escolares que realiza el Gobierno, denunciaron pequeños empresarios de Chilpancingo.

Unos 20 trabajadores de la confección de ropa y principalmente uniformes, se concentraron en uno de los accesos de la residencia oficial de Casa Guerrero, para buscar acercamiento con los responsables del programa “Guerrero para Todos”.

Se quejaron que desde hace cinco años cuando fue instaurado dicho programa de uniformes escolares por el gobierno perredista de Ángel Heladio Aguirre Rivero, los micronegocios en Guerrero sólo han recibido migajas de más de 4 millones de uniformes que se elaboran cada año.

Expusieron que a pesar de que el gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores prometió en campaña que se daría prioridad a las empresas guerrerenses, la realidad es que los uniformes se están elaborando en otros estados como Oaxaca, Puebla y Morelos, mientras a maquiladores de la entidad les asignan menos de mil prendas.

Los 20 maquiladores que estuvieron en “Casa Guerrero”, denunciaron que este año, definitivamente fueron excluidos de las listas y se dio preferencia solamente al grupo que dirige la diputada local priísta, María Luisa Vargas Mejía.

Magdalena Cortazar Santiago es una de las inconformes y acusó que la diputada utilizó sus nombres e incluso falsificó firmas de los maquiladores, para adjudicarse un millón 200 mil pesos que se entregan a su organización, lo que representa un 30 por ciento del total de prendas elaboradas.

Luego de saber que habían quedado fuera, acudieron con los responsables del programa “Guerrero para Todos”, y la respuesta fue que sólo se otorgaría trabajo a los maquiladores representados por María Luisa Vargas Mejía, quien en ningún momento informó a maquiladores independientes en que situación quedarían.

Exigieron al Gobierno del Estado cumpla a las empresas guerrerenses de las que dependen cientos de familias, además de que se revise el monto asignado a la organización que representa la empresaria y diputada, María Luisa Vargas. (API).