POLICRÓNICA

    Impunidad…Han pasado seis días, ni las organizaciones periodísticas, ni el gobierno estatal, han emitido un posicionamiento  al condenable e impune ataque a balazos de supuestos policías comunitarios contra comunicadores que cubrieron al menos tres enfrentamientos entre los dos grupos civiles armados se disputan el control del corredor Chilpancingo-Xaltianguis, municipio de Acapulco.

El pasado jueves 24 de noviembre por lo menos una veintena de 20 periodistas de Chilpancingo se trasladaron hasta el municipio de “Juan R. Escudero” (Tierra Colorada) para cubrir los hechos violentos que sostienen los grupos armados civiles que se autodenominan  “Policías Comunitarios” del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Hubo por lo menos tres enfrentamientos ese día jueves 24 de noviembre y uno de estos armados disparó directo contra un grupo de reporteros que había quedado entre el fuego cruzado. Los tiroteos comenzaron desde las 11:30 de la mañana, y hasta entrada la tarde, al menos se cuantificaron inicialmente tres. El tiroteo que se registró cerca de las 17:00 horas en el entronque de la Autopsia del Sol y la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como “Plan de Lima” a la altura de la cabecera municipal de Tierra Colorada, fue entonces que un carro de un reportero que fue alcanzado a balazos, lo bueno de todo esto, es que iba solo el conductor. Como al mediodía del mismo jueves 24, los dos grupos de policías civiles se habían enfrentado a balazos durante 40 minutos, pero no se habían registrado muertes, solo la presunta desaparición de un elemento del FUSDEG. Tras el tiroteo, ambos grupos se replegaron; unos al centro de Tierra Colorada y otro del lado de la Autopista del Sol, siempre en posición de ataque y escondidos entre los montes y la ciudad. En todo momento se mantuvo bloqueada la carretera libre de cuota, y horas más tarde se registró otro enfrentamiento, sin que alguna autoridad haya intervenido. En ese momento, un grupo no mayor de 20 reporteros que cubrían el suceso, quedaron en medio de los dos grupos, en fuego cruzado. Para salir de esa situación pidieron cese al fuego y se identificaron como prensa para poder salir de la zona de guerra, pero cuando iban en retirada, fueron atacados a balazos, de forma directa por uno de los grupos de policías comunitarios. Por este hecho, el vehículo de uno de los comunicadores, trabajador del periódico “Expresión Popular” de Chilpancingo, recibió cuatro impactos de arma de fuego. Hasta después de las 18:00 horas la carretera federal México-Acapulco continuó bloqueada por los habitantes de Tierra Colorada, mientras que los reporteros decidieron salir del municipio para evitar más agresiones. Por estos hechos condenables, ninguna de las organizaciones periodísticas que se jactan de defender a los agremiados, no han salido a ofrecer un posicionamiento, en tanto el gobierno estatal que preside el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, ha guardado total hermetismo sobre los sucesos bélicos, además no hay ninguna indagatoria, ni se ha iniciado una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General del estado para conocer lo sucedido. Desde luego que el gobierno estatal le conviene que entre menos trascienda la violencia contra los comunicadores, estará mejor, pues los organismos internacionales de defensa de periodistas estarán tomando en cuenta de que en Guerrero, cada día se vuelve más peligroso ejercer el trabajo de comunicador. Ese ataque contra los trabajadores de los medios de comunicación de Chilpancingo, sigue impune, porque no se ha castigado a ninguno de los dos grupos antagónicos que se disputan el corredor Chilpancingo-Xaltianguis, municipio de Acapulco y en donde sucedieron los hechos fue en “Juan R. Escudero”. Lamentablemente estamos a seis días de los sucesos violentos y afortunadamente, no pasó a mayores, más que daños materiales sufrieron algunos colegas comunicadores y por supuesto espantados, porque nunca pensaron que sería blanco de ataque de estos silvestres armados. Tan impune está todo, que los tres niveles de gobierno, están de rodillas, implorando a los de la UPOEG y FUSDEG, que no se enfrenten a balazos, no obstante que el antecedente son muertes, heridos y desapariciones. Después de tantos enfrentamientos con saldo rojo, el gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores, ya debió haber tomado una acción contra los civiles armados, entre otras acciones desarmarlos o si no quiere problemas que simule que los incorporará a la Policía Rural del gobierno del estado. Tanto el FUSEEG y la UPOEG, gozan de total impunidad y hasta de la protección del gobierno estatal Astudillista, porque en lugar desarmarlos, todavía los invitan de rodillas a que vengan a Chilpancingo, disque a platicar, no obstante que son transgresores de la ley. Para el gobierno le da mucha facilidad por mentir al pueblo de Guerrero, como señalar que en un segundo encuentro entre el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acordaron la realización de una consulta ciudadana, para definir quién se hará cargo de la seguridad en el municipio de “Juan R. Escudero”. La rectoría de la seguridad es el mismo Estado, entonces es una estupidez lanzar convocatorias y consultar si se queda o se quita alguno de los armados fuera de la ley.Esa es una verdadera grosería, primero porque ninguno de los dos grupos antagónicos se alinea a lo que establece la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, porque ambos no están en territorio indígena, por lo tanto están en flagrancia delito. Sin embargo el gobierno de Astudillo  Flores no solo los tolera, sino hasta los protege, pues no les integra carpetas de investigación, pese a que hay muertos y heridos de por medio desde hace más de un año en que están en disputa del territorio. Además con la reciente balacera es suficiente para hacer cargos, pues se usaron armas de grueso calibre, eso ya se configura un delito, y también hubo agraviados, entre ellos los periodistas que no fueron hacer otra cosa que informar de lo que está sucediendo en la zona. Este segundo encuentro entre el gobierno del estado y los dos grupos civiles armados, se da luego de que la semana pasada ambos grupos se enfrentaron a balazos durante cerca de 12 horas en Tierra Colorada, ambas organizaciones se han sentado a dialogar y tomar acuerdos sobre el rumbo de la seguridad en el municipio que se disputan. Eso no está a discusión, porque es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y no de los civiles. Sin embargo al término de la reunión, Ruth Delgado, Promotora de Desarrollo Comunitario del FUSDEG, informó que también se acordó el repliegue de la UPOEG, hasta la comunidad de Xolapa, y por el momento se desistirá de cualquier intento por ingresar a la cabecera municipal. También señaló que la consulta no será para definir quién se queda en Tierra Colorada, sino para medir el nivel de aceptación del FUSDEG, y para que la ciudadanía pueda señalar las fallas de la organización y se pueda mejorar el servicio que están prestando, que es la seguridad. En esta última reunión, la UPOEG también desistió en su pretensión de entrar por la fuerza a Tierra Colorada, como ocurrió el pasado jueves y que detonó en los enfrentamientos  a balazos. Por su parte el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, negó tener en su poder o alguno de sus elementos, al policía comunitario del FUSDEG, que se encuentra desaparecido desde el día jueves. Uno de los acuerdos de esta reunión, es que la Fiscalía General del Estado se haga cargo de la investigación y la búsqueda de la persona reportada como desaparecida el pasado jueves, así como el otro elemento desaparecido el 24 de octubre en la comunidad de Tlayolapa. Asimismo se extendió la tregua, hasta el 15 de enero de 2017, periodo en el cual la Policía del Estado mantendrá instalados filtros de seguridad en la entrada y salida de Tierra Colorada, y vigilar que ninguna organización salga de sus territorios. Se sostendrá un tercer encuentro en la Residencia Oficial Casa Guerrero, para determinar el mecanismo a seguir para la consulta ciudadana, donde el FUSDEG ha pedido participen organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y SeraPaz.  Todo esto, es una aberración política y jurídica del gobierno de Astudillo Flores, al permitir que estos civiles sigan estando armados, y que son un peligro para la paz social y la sana convivencia de las familias. En lugar de aplicar la ley conforme a derecho,  según se sientan a negociar, cuando los dos grupos están fuera de territorio y de la misma Ley 701 que está claro para pueblos y comunidades indígenas, pues el Valle de El Ocotito, Tierra Colorada, hasta Xaltianguis, municipio de Acapulco, no tiene población étnica, por ello creemos que es violatorio y más aún, si estos hombres portan armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Todos sus actos disque de seguridad, están fuera de la Ley 701, además ha quedado demostrado que no están para ofrecer seguridad, más bien, causan terror entre los ciudadanos de cada una de las comunidades en donde tienen presencia  el FUSDEG y UPOEG, ambos se han extralimitado al estado de derecho y a todas las leyes de armas de este país. El gobierno de Astudillo Flores, está siendo omiso, pareciera que espera que haya una verdadera tragedia entre los dos grupos antagónicos. Nosotros no creemos nada de que la tregua la vayan a respetar hasta el 15 de enero del 2017, puesto que los ánimos están caldeados y acusaciones mutuas de delincuentes, narcotraficantes y asesinos. Señor Héctor Antonio Astudillo Flores, que no le vea la cara su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, esa no es una solución al grave conflicto armado, es solo una patraña. Lo que debe hacer es aplicar lo que ofreció en campaña “Orden y Paz”, porque de lo contrario, desde ahora, le anticipamos que no vaya a estar lamentando de que de manera sorpresiva se le complique. Ejemplo, Colombia, de donde viene de terminar como embajador, Florencio Salazar Adame, trae cátedra como se manejan los civiles armados, llamados guerrilleros y es lo que se podrían considerar  a la UPOEG y FUSDEG, porque en la práctica no están combatiendo a la delincuencia organizada, que es un verdadero flagelo para la sociedad y más para el gobierno de los tres niveles. Entonces disque establecer una “tregua navideña” es una soberana tomadura de pelo de Florencio Salazar adame, pues debe saber el mandatario priista que con las armas no se juega, ni se hacen treguas. Pero en fin, es el gobernador quien correrá los riesgos al creerle a su maestro “Lencho” ...Desinformación…En realidad no hay una información firme y creíble de la cantidad de restos extraídos de al menos 20 fosas clandestinas en los terrenos del municipio de Zitlala, pues cada día que pasa varían las cifras. Hasta el viernes pasado se había manejado “oficialmente” de que había exhumado 32 cuerpos, ayer lunes por la mañana, se informó que fueron 33, y por la noche, esa cantidad había subido a 40 cuerpos, según confirmación de las autoridades de la Fiscalía General del estado. Lo importante es que las autoridades de Guerrero, finalmente lograron rescatar los cuerpos, muchos de ellos irreconocibles, por ello es difícil poder dar con su identidad, pese a ello, ya lo están haciendo sus familiares. Ahora los miembros del Colectivo de Familiares de personas desaparecidas “Siempre Vivos”, identificaron a tres personas, de los restos de 32 cuerpos hallados la semana pasada en fosas clandestinas del municipio de Zitlala, y que se encuentran en el Servicio Médico Forense de Chilpancingo. La mañana de este lunes, alrededor de 50 personas de este colectivo, acudieron al Semefo de Chilpancingo, para solicitar acceder a los cuerpos o restos humanos extraídos de las fosas clandestinas. Al interior, sólo les fueron mostrados los objetos, ropa y fotografías de los que fue hallado junto con los cuerpos en las 20 fosas, donde pudieron identificar al menos a tres personas, pero tendrán que esperar los resultados de las pruebas de ADN que se realizaron en coordinación con la Procuraduría General de la República. También acudieron miembros de la familia que desapareció hace tres semanas en la comunidad de Tlaltempanapa, quienes tenían la esperanza de hallar a alguno de sus seres queridos entre los restos, sin embargo los resultados fueron negativos. Al término de la reunión, José Díaz Navarro, presidente del colectivo, informó que “hay algunos compañeros que tienen algunas pistas de que pudieran ser sus familiares, pero ahorita es una información muy prematura, vamos a esperar los resultados de las pruebas de AND, para tener la certeza de que son sus familiares”. Los cuerpos identificados, son de dos personas que desaparecieron recientemente en Chilapa de Alvarez, y aunque no estaban dentro del colectivo, se unieron luego de saberse el hallazgo de las fosas clandestinas en Zitlala, y hoy pudieron identificar a dos personas. En la mayoría de los casos, ya tienen las pruebas de ADN y lo que faltan se quedaron para que les tomaran la muestra. Definitivamente la información de 32, no es la cifra correcta, hay ocultamiento oficial para ofrecerla con certeza, se ha ido filtrando, como tratando de crear otro escenario y no ofrecer el real que se está viviendo. La cierto que ya suman más de 40 los encontrados en los cerros del municipio de Zitlala. Tan desconfiados son los del grupo  “Siempre Vivos” que en los próximos días sostendrán una nueva reunión con autoridades en la Ciudad de Chilapa de Alvarez, donde se espera que les proporcionen información más precisa sobre la identificación de los cuerpos, así como avances en la confronta de pruebas de ADN. El mismo dirigente Díaz Navarro, reconoce que las cifras de personas desaparecidas en la zona se cuenta con registros desde Ahuacuotzingo, Atlixtac, José Joaquín de Herrera, principalmente Zitlala y Chilapa de Alvarez, en total  se tienen 100 casos de desapariciones de la organización, “Siempre Vivos” pero hay una lista adicional de otros 50 desaparecidos de 2013 a la fecha. Es decir que apenas esa mínima cifra que da a conocer el gobierno del estado es solo para apaciguar la exigencia de esclarecimiento y dar con el paradero de las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada. De acuerdo con la información que les fue proporcionada, los cuerpos tienen entre uno y tres meses de haber sido sepultados en dichas fosas clandestinas, otros que fueron hallados en avanzado estado de descomposición no pudieron ser revisados, y deberán esperar las pruebas de ADN. Como no hay total conformidad “Siempre Vivos” habrán de iniciar una segunda etapa de búsqueda, a fin de buscar a sus familiares desaparecidos en los alrededores del municipio de Chilapa de Alvarez. Esta es una demostración más de que el trabajo que realizan las esferas de gobierno, es poco creíble, por ello volverán a reiniciar otra etapa de búsqueda incansable, porque deben estar en algún lugar esas personas que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.