martes, 13 de diciembre de 2016

POLICRÓNICA

    Forense…Cuestionar la operación del Panteón Forense Estatal (PFE), sin duda, es producto de la falta de información que se socialice, además es único y ejemplo Guerrero  nivel nacional, que sin temor a equivocarnos será tomado como modelo para tratar con humanidad a las personas que han perdido la vida por diversas circunstancias.



Ante la polémica obra que ya está operando con todos los protocolos locales, nacionales e internacionales, el Panteón Forense Estatal (PFE), único en el país, hasta el día de hoy, existe controversia, inclusive hasta de los mismos diputados de la LXI legislatura local, ya que están requiriendo información para conocer su operatividad y si cumple con todos los requisitos de ley. Está bien que se preocupen y ocupen los diputados locales, pero sería más importante que no solo esté operando este Panteón Forense Estatal en Chilpancingo, sino que se construyeran otros más, por lo menos en Iguala de la Independencia y Acapulco de manera estratégica, aunque lo ideal sería que fuera por cada una de las siete regiones de Guerrero, ya que tristemente habría que reconocer que todos los días se registran hechos violentos, ante la desenfrenada inseguridad pública en el estado de Guerrero. Habría que sostener que este trabajo se hizo de manera coordinada entre las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud,  instancias que se documentaron cada quien en su ramos, inclusive para apegarse a todas las normas y protocolos nacionales e internacionales en el manejo de cadáveres. Además como es único en todo México, tanto el  Fiscal  General del estado, Xavier Ignacio Olea Peláez conocedor de leyes, no se prestó aventurarse en lo que fue inicialmente un proyecto y ahora una realidad. Lo mismo ocurrió con el doctor de profesión Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud en Guerrero, conocedor en su materia también se vio obligado a documentarse para respaldar la iniciativa gubernamental, misma que ya es una obra concreta que ya está operando. Todo nació ante el evidente problema para darle seguro destino a los 460 cadáveres hacinados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, por ello desde antes de que se hiciera público ésta acción de gobierno, representantes de la Cruz Roja Internacional ya estaban interviniendo en esta situación. Como se sabe, el pasado miércoles de la anterior semana, por la mañana, previo a que fueran trasladados los primeros 20 cadáveres al Panteón Forense Estatal, arribó a las instalaciones del Semefo en Chilpancingo, Juan Carlos Carrera, quien se presentó como Coordinador Terreno de la Cruz Roja Internacional, y reveló que efectivamente la organización ha tenido que intervenir en Guerrero, por la gran cantidad de cuerpos almacenados. Hace alrededor de dos semanas se tuvo contacto con el director del Semefo, donde tuvieron conocimiento de las condiciones en que estaba el servicio forense del estado, y este día acudieron a hacer una visita y saber a fondo que se está haciendo para hacerle frente a la situación. El coordinador de la Cruz Roja Internacional, consideró que el hecho de tener más de 460 cadáveres almacenados y sin identificar, significa que hay mucho trabajo que hacer, pero confió en que las autoridades estén tomando las medidas necesarias. Hace unos meses la Cruz Roja Internacional, otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR), un software para realizar una base de datos denominada “AMPM”, la cual ya se encuentra funcionando a nivel nacional. Esta base de datos,  de manera rápida, permitiría “chequear la información del ante-mortem y el post-mortem con la información que se tiene de familiares y también de los servicios periciales. El Coordinador Terreno se reunió con el director del Semefo de Chilpancingo, el vicefiscal, Antonio Bonilla, previó al traslado de los primeros 20 cuerpos al panteón municipal, para el cual también fue desplegado un operativo de vigilancia por elementos de la Policía Ministerial. Antes de que concluya el mes de diciembre, por lo menos unos 260 cadáveres estarán depositados en  las nuevas instalaciones de Panteón Forense Estatal. Pero antes de que avancen los trabajos de traslado, el pasado 8 de diciembre, la plenaria legislativa aprobó por unanimidad exhortar a Xavier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado, que informe sobre el procedimiento de creación del llamado Panteón Forense Estatal, así como el protocolo de inhumación, reconocimiento e identificación de cadáveres. Pidieron que explique cómo coadyuva la Fiscalía para que los cuerpos identificados sean entregados debidamente a sus familiares.  El pasado jueves, los diputados de Movimiento Ciudadano y Morena llevaron a tribuna el tema del Panteón Forense Estatal, luego de que familiares de desaparecidos de todo el estado denunciaran que se están violando protocolos internacionales. Pero también deben entender los diputados que el gobierno estatal que encabeza el priista, Héctor Antonio Astudillo Flores, tiene la preocupación de atender el problema de acumulamiento de cadáveres, que ya se estaba convirtiendo en un verdadero problema de salud, pues muchos de estos continúan en calidad de desconocidos y llevados al Semefo, por ende se convierte en una problemática no solo de inseguridad pública, sino también de salud pública. Estamos de acuerdo que los cuerpos que son destinados a este lugar de almacenamiento, merecen ser entregados a sus familiares, merecen al menos una lápida con su nombre y algo muy importante. También el reclamo podría ser aceptado en que debe haber una referencia responsable de cada uno de sus cuerpos para saber cómo murieron o como los asesinaron, qué ropas llevaban, dónde fueron encontrados, qué tiempo llevan muertos. Entonces es necesario que las autoridades  deben trabajar arduamente en la confronta de ADN. Por tanto, el gobierno estatal está obligado a investigar científicamente de quienes son esos cuerpos y entregarlos a quienes corresponda para que los lleven a un verdadero panteón, como su última morada. La ciudadanía debe conocer de forma transparente, los procedimientos o protocolos que utiliza la Fiscalía General del Estado en la identificación genética de los cuerpos humanos sin identificación, cómo se agotan las vías para su identificación y también cuál es el procedimiento para su inhumación en el panteón municipal. Esto resulta de suma importancia porque recordemos que en nuestro Estado ha sido recurrente la desaparición de personas, como lo fue en la década de los setentas. No queremos más desapariciones forzadas de personas que tengan un final en este panteón. Desde luego, que todo mundo, no se revictimice a aquellos que ya han sido victimados o muertos. Lo ideal, es que efectivamente se socialice la información, tal como lo planteamos en nuestra entrega anteriormente en este espacio, cuando reconocimos de qué es una obra oportuna, única en todo México y que existen muchas posibilidades de que sea copiado el modelo por gobiernos de otras entidades del país. De esto, ni duda cabe, seguramente otros gobiernos estatales están en la misma situación que Guerrero, en donde hay muchos cadáveres sin identificar. Todo mundo demanda que las personas deben tener una última morada digna…Sombras…Cuando estamos a menos de 15 días de que se termine el 2016, el gobierno de Guerrero, que preside Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sigue cargando una negra sombra que difícilmente podrá quitársela, mientras no instrumente una política que abate, ni siquiera los ciudadanos aspiran que erradique la presencia de la violencia, delincuencia organizada, policías comunitarias y alerta de género. Las sombras del gobierno de Astudillo Flores sin duda son los temas relevantes, por lo menos en su gabinete de seguridad que la confirman los secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil. Estamos frente a un gobierno estatal en que estos temas no hay fecha en el calendario para darle certeza a la sociedad de Guerrero, porque el gabinete Astudillista está prácticamente entumido, en la que podríamos aventurar dos cosas de que el gobernador no les da poder de decisión a cada uno de sus colaboradores o de plano, demuestran incapacidad, por lo que a los surianos nos está saliendo muy caro mantener a tanto zángano funcionario al tener al día la violencia, delincuencia organizada, policías comunitarias y alerta de género. Estos rubros, no los estamos inventando, en días pasados comparecieron ante el Congreso local con motivo de la glosa del primer informe de labores del mandatario, estuvo Florencio Salazar Adame, Secretario de Gobierno, quien incitó a los diputados a legislar en contra de las acciones radicales de protesta como bloqueos, mientras que el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes se avocó a criticar a las policías comunitarias catalogándolas como grupos de civiles armados fuera de la ley. El de Protección Civil, Marcos César Mayares Salvador solo precisó cifras de atención por desastres naturales y acciones de prevención. Esos encuentros se realizaron en una sesión de comisiones de seguridad, gobierno y derechos humanos unidas, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Poder Legislativo. Participaron 17 diputadas y diputados, con el objeto de realizar la Glosa y Análisis del primer Informe de Gobierno que rindió en días pasados Héctor Antonio Astudillo Flores. En ese encuentro, Florencio Salazar Adame afirmó que hubo en el primer año de gobierno, mil 083 movilizaciones, la mayoría en el sector educativo. Hubo 28 conflictos agrarios de los cuales 6 se resolvieron. 546 renovaciones de órganos en los núcleos agrarios en coadyuvancia con el sector agrario federal, diez mil 801 asesorías a habitantes de núcleos agrarios para realizar testamentos, 130 audiencias con los grupos de autodefensas denominados policías comunitarios para reglamentarlos, se atendieron 11 municipios con diferencias políticas internas y 14 conflictos con motivos religiosos de los cuales se han resuelto 11. Faltan los de Atliaca, Apango y San Luis Acatlán. En su momento el Secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes aseguró que recibió un gran rezago y deterioro institucional, por lo que se constituyó desde un principio, la dignificación y la profesionalización de la labor policial y se fomentó la participación y denuncia ciudadana. Pero este no puede estar hablando de que recibió, porque ya estaba ahí en el presente gobierno estatal, anteriormente estuvo con Angel Heladio Aguirre Rivero y con Salvador Rogelio Ortega Martínez, y sigue hoy en día con Astudillo Flores, eso se llama farsa, cuando debe reconocer que los temas de seguridad lo han rebasado, aunque haya dicho que se continua promoviendo entre los policías la cultura de la legalidad, obediencia, respeto a los derechos humanos. Por dignidad debiera presentar su renuncia antes de que le den una patada en el trasero, como todo militar con disciplina reacia. Nos resulta altamente prioritario continuar el fortalecimiento de las policías municipales y la formalización de la Policía Única de Guerrero. En esta dependencia, únicamente se habla de necesidades como la construcción de un centro de readaptación social para mujeres. La creación de un grupo aeromóvil de reacción inmediata, y un C-5, pero sin toma en cuenta de que se necesita inversiones millonarias, por lo que Almazán Cervantes les fue a jugar el dedo en la boca a los legisladores locales, pues aunque haya afirmado de que en este primer año Astudillista se puso en marcha el programa de fortalecimiento de policías a través de certificación, profesionalización y mejor adiestramiento táctico policial, pero tristemente no hay resultados, tanto que ha tenido protestas y hasta paro laborales de policías, contradiciéndolo de que supuestamente se habría generado un mejor resultado en valores éticos en los policías. Cuando el mismo carece de ética de servicio, eso ha generado gran hartazgo entre los ciudadanos porque no observan resultados en materia de seguridad pública en los negocios de giros negros, escuelas, negocios y otros en materia de combate a la extorsión. Solamente en su mente hay operativos, pero la delincuencia sigue imparable, porque carece de una estrategia de seguridad. Producto de ello hoy en día hay grupos civiles que al margen de la ley se arman, supuestamente para brindar seguridad a los pueblos, cuando esta es una responsabilidad del Estado. Hasta el día de hoy el pueblo de Guerrero sigue desamparado. Por su parte, el Secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, lamentó que la situación geográfica provoca que año con año se tengan daños considerables en Guerrero. Los huracanes, sismos, incendios e inundaciones, han sido catastróficos en esta zona del país, y “la historia lo relata”. Para ilustrar su exposición están los huracanes “Paulina”, “Ingrid” y la tormenta “Manuel”, que han dejado cientos de damnificados y pérdidas humanas. Se prestaron más de 4 mil servicios de ambulancia y se benefició a más de 8 mil personas. Las lluvias de marzo afectaron a 21 municipios y se atendieron a más de 70 mil gentes.

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