viernes, 17 de marzo de 2017

BOLETIN

 Proteger a la familia,
legislan los diputados

La diputada Flor Añorve Ocampo propuso castigar hasta con cuatro años de prisión a quien contraiga matrimonio con una persona menor de 18 años o incapaz, sujeta a su tutela, custodia o curaduría, y la destitución del oficial del Registro Civil que realice o autorice un matrimonio entre menores de edad o entre una persona mayor y un menor.

En la sesión de este jueves, la legisladora planteó reformas al artículo 214 y adicionar el artículo 213 Bis al Código Penal del Estado y a las fracciones X y XI, y adiciones a la fracción XII y un último párrafo al artículo 127 de la Ley número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, para establecer lo mencionado.
En la argumentación, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.
Por ello, para estar acorde a las disposiciones federales, la diputada propone de uno a cuatro años de prisión, de 50 a 200 Unidades de Medida de Actualización y suspensión hasta por 10 años de los derechos que tenga con respecto al ofendido a quien contraiga matrimonio con una persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, sujeta a su tutela, custodia o curaduría.
Además sancionar con la destitución e inhabilitación hasta por cinco años a los oficiales del Registro Civil que realicen o autoricen un matrimonio entre menores de edad, o entre un mayor y un menor de edad.
Las iniciativas de reformas y adiciones se turnaron a las Comisiones de Justicia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Iniciativas
Para reducir el número de diputados locales de 46 a 35, 25 por elección de principio de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero.
Por su parte el diputado Silvano Blanco Deaquino, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que los diputados que pertenezcan a una comunidad indígena, puedan participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación.
En la misma sesión, la diputada Silvia Romero Suárez propuso adicionar un título denominado “Delitos contra la identidad de las personas” y un capítulo “Usurpación de Identidad” en el Código Penal del Estado, para regular dicho delito.
En tanto que la legisladora Beatriz Alarcón Adame planteó reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Penales y a la Ley de Divorcio del Estado, para insertar la figura jurídica denominada “Custodia Compartida”.
Diputados locales aprobaron reformas a diversos ordenamientos que servirán para proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo aquellos que sufren violencia intrafamiliar, además para avanzar en la igualdad de género.
Para ello se aprobaron las reformas al Código Penal, a las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación y de Divorcio del Estado de Guerrero, y de esta manera acatar el mandato establecido en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y cumplir con la recomendación del Comité de la Convención de los Derechos del Niño.
Las reformas aprobadas al Código Penal son para aumentar la penalidad hasta 40 años de prisión en los casos de homicidio en razón de parentesco o relación, y en el caso de violación equiparada de ocho a 30 años.
Asimismo, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, para establecer la perspectiva intercultural como proceso de comunicación e interacción entre personas, que no permita que un grupo cultural esté por encima del otro, teniendo como principios la equidad, igualdad y el respeto mutuo entre los géneros.
Además establece políticas públicas diferenciadas para las mujeres que se encuentren embarazadas, con alguna discapacidad o menores de edad, migrantes, entre otros factores de vulnerabilidad.
Con las reformas a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, se pretende asegurar que las mujeres, niños y sujetos pasivos tengan una vida libre de violencia, porque se  prohíbe la conciliación o mediación entre las partes en conflicto por violencia familiar, obliga dar protección en casos de violencia familiar y prevé la creación de refugios que brinden atención especializada a las víctimas.
Sobre las reformas a la Ley de Divorcio, se establece que para su disolución podrá solicitarse unilateralmente por cualesquiera de los cónyuges, ante el juez competente, sin importar el tiempo que tenga de haber contraído matrimonio y sólo manifestando su voluntad de no querer continuar con éste, sin necesidad de señalar la causas por las que lo solicita.
Cabe mencionar que las propuestas de reformas a diversos ordenamientos las hicieron las diputadas Flor Añorve Ocampo, Erika Alcaraz Sosa, María del Pilar Vadillo Ruiz y  María de los Ángeles Salomón Galeana.
También quedó de primera lectura el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil del Estado.

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