NOTA

Responsables de agresiones a
periodista Estado y narcotráfico

El Estado y el crimen organizado son responsables de las agresiones contra los periodistas en México, las cuales tienen en común la impunidad, apunta un análisis deInSight Crime.
La apreciación no dista del balance arrojado por el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que señala que la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado es el principal peligro para los reporteros en México.
 CPJ ha documentado más de 50 casos de homicidio o desaparición de periodistas o trabajadores de medios desde 2010.
Casi en todos los casos de asesinatos relacionados a la labor informativa, la justicia se mantiene elusiva y la impunidad es la norma, sostiene la fundación InSightCrime.
La calificación de impunidad en México ha subido más del doble desde 2008, según el conteo del CPJ de los casos donde la víctima es un periodista.
Por lo menos cinco periodistas han sido asesinados

desde que comenzó 2017, entre ellos Miroslava Breach Velducea, la corresponsal en Chihuahua para La Jornada. La muerte más reciente fue la de Filiberto Álvarez Landeros, el 29 de abril.
 “Los periodistas están atrapados en el binomio insano de la corrupción y la impunidad, provocado por uno aún más fatal: la unión de gobierno y crimen organizado contra la prensa libre, contra la verdad revelada en una investigación, contra el reportaje y la crítica”, destaca Adela Navarro Bello, directora de la revista Zeta de Tijuana, en el prefacio del informe del CPJ.
La narcopolítica, la alianza entre gobiernos locales principalmente y el crimen organizado, siempre ha existido en México, pero ha cobrado mayor visibilidad gracias a una prensa más independiente, refiere la fundación dedicad al estudio de seguridad en América Latina y el Caribe.
Los gobiernos locales en colusión con los grupos criminales tienen tanto interés en cerrarle la boca a la prensa como los criminales que les pagan y con quienes se asocian.InSight Crime.
El análisis de la fundación señala que desde el año 2000, año en que por primera vez en 71 años el PRI no obtuvo la presidencia del país, crecieron las publicaciones en internet con nuevas voces, blogs y agencias editoriales. Pero la clase política sigue esperando en gran parte que la prensa se les ofrezca, en parte porque —aunque con una serie más diversa de nombres, por no decir de intereses— siguen pagando las cuentas.
“La impunidad es un asunto del gobierno… el gobierno que se ponga a hacer su trabajo”, dijo Javier Garza, quien fuera editor del Siglo de Torreón por 7 años, a InSight Crime.
 La mejor forma de proteger un periodista de una agresión futura es castigar una anterior.Javier Garza.
Con demasiada frecuencia, la respuesta del gobierno a las agresiones contra los periodistas es que son corruptos, abusivos o “andaban en malos pasos”, apunta InSight Crime.
El gobierno local puede aducir que los periodistas asesinados ‘andaban mal’ —un eufemismo para decir que estaban implicados en algo deshonesto que motivó su muerte.InSight Crime.
Aunque hay leyes o mecanismos que protegen a los periodistas, la cultura política en México es un provocador importante de hostilidad hacia los medios. La coexistencia de viejas actitudes con las nuevas leyes en las instituciones de justicia en el país pueden ser dos fuerzas contrarias, apunta la organización inglesa.
En dos de los tres estudios de caso de periodistas asesinados investigados en el informe más reciente del CPJ, se sospecha de políticos locales o de grupos poderosos conectados con ellos. Lo cual es respaldado por Artículo 19, organización que estima que hay funcionarios del gobierno implicados en por lo menos la mitad de las agresiones sufridas por periodistas en México.
Víctor Badillo, periodista independiente residente en Monterrey, Nuevo León, contó a InSight Crime que hacía poco había desechado un artículo sobre el tráfico de fármacos después de recibir amenazas de la empresa involucrada. Denunció que estaba coaligada con el gobierno local y enfatizó en el rol que pueden las empresas en la manipulación de funcionarios y medios locales para recibir la cobertura que desean.
Pero la prensa debe, además, enfrentar otro frente: el del crimen organizado.
“Los narcotraficantes siempre han usado la propaganda para controlar la población tanto como pueda y para inspirar miedo a la población, los funcionarios y a otros traficantes”, comentó a InSight Crime Mike Vigil, agente retirado de las Administración para el Control contra las Drogas (DEA).
Vigil estuvo trabajando para el organismo en México por 13 años y en la frontera con Estados Unidos por otros cuatro años.
    Muchos políticos usaban los medios para retratarse como incorruptibles y promover sus carreras. Y eso se mantiene hoy.Mikel Vigil
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
En una democracia, la justicia la imparte o la impide el Estado, sea por inacción o confusión deliberada. Pero en México es joven y está dominada por una cultura política que sigue aferrada al pasado. Como resultado de ello, aunque existen leyes que protegen a la prensa en el país, los encargados de implementarlas tienen que vérselas muchas veces con la búsqueda de la voluntad política o los mecanismos para hacerlo.
Hace dos semanas, el gobierno del estado de Quintana Roo ofreció una disculpa pública a Pedro Canché, periodista que pasó 271 días en la cárcel por acusaciones de sabotaje, luego que su caso fuera cerrado eventualmente por un juez federal.
El gobierno local anterior se había negado a disculparse con Canché después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ordenara hacerlo.
¿Quién pedirá disculpas en público por los 104 periodistas asesinados [desde 2006]? El estado mexicano tiene una deuda enorme con ellos y con sus familias.Pedro Canché, tras la disculpa pública del gobierno. (sintesisdeguerrero.com.mx).