NOTA

Pérdidas por paro
en departamentales

Pérdidas por más de cuatro millones de pesos ha dejado el paro de labores que iniciaron trabajadores de la cadena comercial “Walmart”, en varias ciudades del estado de Guerrero, para exigir mejores condiciones laborales.
La protesta y paro laboral inició la mañana del domingo en las tiendas departamentales Aurrerá Sur, Walmart y Sam’s, en Chilpancingo. Por la tarde se sumaron Aurrerá Norte en esta capital, Ciudad Altamirano, Taxco y la filial en Tixtla, así como Walmart Diamante, en el Puerto de Acapulco.
Hasta ahora, de acuerdo con los trabajadores, las pérdidas por el cierre de los siete establecimientos en cuatro ciudades del Estado y por tratarse del día

con mayores ventas, las pérdidas ascienden a más de cuatro millones de pesos.
La demanda central en un inicio era el pago justo de utilidades, que en esta ocasión fue de 300 pesos o menos, y en algunos casos fue de hasta 75 centavos, que los trabajadores asociados consideraron como “un mal chiste”, por parte de la empresa.
A este pliego petitorio, han sumado la exigencia de que no haya represalias en contra de los manifestantes, trato justo, y que la empresa cumpla con la Ley del Trabajo.
La mañana de hoy lunes, nuevamente los cuatro centros comerciales amanecieron con las cortinas abajo, en los accesos fueron colocadas barricadas de carritos de compras y pancartas alusivas a sus demandas, donde también se disculpan con los clientes por este paro.
Los estacionamientos lucieron vacíos nuevamente, mientras que en otras tiendas como Comercial Mexicana, Soriana y los mercados tradicionales, se vieron abarrotados durante la tarde del domingo y la mañana del lunes.
La protesta que inició en Guerrero y Oaxaca se extendió a otros estados del país, como Veracruz y Chiapas, y la convocatoria se ha hecho extensiva en todo el país, hasta que les sean pagadas las utilidades, al menos la cantidad que les pagaron el año pasado, que fue correspondiente a una quincena.
Al mediodía fueron llamados a dialogar con el delegado de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación Federal, así como representantes del Gobierno del Estado, a fin de buscar una solución y se eviten acciones legales por el cierre de los establecimientos. (API).