POLICRÓNICA

 34...Han pasado 34 largos meses y los 43 estudiantes  de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, no aparecen, ni vivos, ni muertos, lo condenable que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) suspende  búsquedas y por el otro el ex gobernador perredista Angel Heladio Aguirre Rivero con cinismo busca cargos de elección popular.

Cuando se están cumpliendo 34 meses, ahora las familiares de víctimas de desaparición, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, reclamaron la falta de sensibilidad y compromiso de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que está a cargo de Renato Sales, y de la Procuraduría General de la República (PGR), porque a más de dos meses de que se les informó del hallazgo y se les dio la ubicación de una osamenta humana en una cueva de la comunidad de Tlaxmalac, Huitzuco, no había sido recuperada hasta la semana pasada. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Mario Vergara Hernández, quien tiene un hermano desaparecido, y a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, integró con otras familias en la misma situación el colectivo “Los Otros Desaparecidos” en 2014, y a la fecha han localizado 170 cuerpos y más de dos mil fragmentos de huesos. Criticó la indolencia gubernamental, por jugar con el dolor de las familias; cuando su hermano desapareció, tres años después le informaron las coordenadas donde había desaparecido y lo único que localizaron fue una antena celular y le informaron que en un radio de 260 metros iban a buscar, lo que calificó como una burla.  El colectivo, a pesar de los desplantes de la PGR y autoridades estatales, continuarán con estas búsquedas de familiares desaparecidos “Hasta encontrarlos”, como dice su lema. Por esta indolencia gubernamental federal, firmó Mario Vergara Hernández, un documento en la que lamentó que el Estado mexicano “revictimice” a los familiares de desaparecidos, porque no levanta el cuerpo de una persona hallada el 4 de mayo en esa fecha un anónimo informó que adentro de la cueva El Saltito había una osamenta humana, en la cañada de un cerro a unas tres horas caminando desde el poblado de Tlaxmalac, municipio de Huitzuco. En esa municipalidad de la región norte se cree que al menos 25 de los 43 normalistas se los habrían llevado a ese lugar por los policías municipales.  Por ello se presume que la osamenta una parte está a la intemperie y se cree que el resto en una fosa clandestina, y se le ve el tiro de gracia en el cráneo y podría tratarse de un principal indicio del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. El  17 de julio de los corrientes, un grupo de peritos y antropólogos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y policías federales, división científica, con el resguardo de soldados del Ejército tenían programada la diligencia para hacer el levantamiento del cuerpo, pero ya estando en el pueblo la cancelaron debido a la presencia de reporteros que acompañaron a familiares de desaparecidos. Por esta actitud de las autoridades de la PGR y de Seguridad Pública, las familias urgieron Renato Sales Heredia a que cumpla con el levantamiento del cuerpo, para ello los quejosos plasman su reclamo mediante un escrito organizaciones de familiares de desaparecidos en el país, urgen al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia que cumpla su compromiso de la reunión del 26 de mayo, de que a más tardar en una semana se levantaría ese cuerpo. “Hoy se cumplen 61 días, que son mil 464 horas y no ha cumplido con lo que ofreció, esa osamenta tiene familia que lo espera en casa y puede ser nuestro familiar. Nos enfrentamos a una burocracia insensible al dolor de las familiar”, le dicen al titular del CNS. “Si las osamentas encontradas no las levantan qué pasara con las que siguen desaparecidas, ojala y en las mesas que participan las familias pongan este tema”,  por lo que Vergara Hernández es uno de los rastreadores de fosas clandestinas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, que desde noviembre de 2014 –tras el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa- recuperaron 150 cuerpos y osamentas de fosas clandestinas, y ayer reclamó la “simulación” y “pantomima” del CNS y exigió que dé cumplimiento a los compromisos asumidos con familiares de las víctimas. En medio de este marco de la revictimización de los familiares de los 43, y a la distancia de 34 meses de su ausencia física, aparecen políticos del gobierno que encabezó Angel Heladio Aguirre Rivero, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), responsables de aquella noche y madrugada fatídica del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala de la Independencia. Por ello, los padres de familia, califican como de cínico e indolente que los aguirristas busquen cargos en el poder para el proceso electoral 2018, como lo anunciaron este fin de semana en Acapulco; señaló Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero y actual líder de la corriente perredista Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), es el principal responsable de la muerte de tres estudiantes en Iguala de la Independencia el 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 y el asesinato de Alexis y Gabriel en 2011. Este fin de semana IPG, anunció su adhesión a la corriente Alternativa Democrática Nacional, mediante la cual buscarán hacerse candidaturas a cargos de elección popular el próximo año, que se elegirán presidentes municipales y diputados locales y federales. Entre las exigencias que hacen a la PGR, han insistido que Ángel Heladio Aguirre Rivero debe ser enjuiciado, junto con Jesús Martínez Garnelo, entonces secretario general de Gobierno, e Iñaky Blanco Cabrera, quien fungía como Procurador del Estado, cuando se dieron estos hechos. “Para nosotros está claro que los políticos están hechos de la misma madera, insensibles ante el dolor, insensibles ante lo que ocurrió en ese momento y pretenden seguir encubriéndose en el gobierno, pero como lo hemos dicho, todos aquellos que aspiren a una candidatura tienen que darnos respuestas”, emplazó. A 34 meses de la masacre en Iguala de la Independencia, los padres, estudiantes y organizaciones encabezarán la Acción Global por Ayotzinapa, en 12 estados de la república, para emplazar a la PGR a que presente avances de la investigación, en la reunión que sostendrán en agosto en la Ciudad de México. Las movilizaciones principales tendrán lugar en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, y en Chilpancingo, Guerrero, partiendo del Monumento a Nicolás Bravo al Palacio de Gobierno. La exigencia se centra en cuatro puntos, como lo recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); que se investigue a los militares del 27 Batallón con sede en Iguala, se detenga a los Policías Federales que participaron en los hechos en complicidad con la Policía de Huitzuco, hacia donde presumiblemente se llevaron a 25 estudiantes, por órdenes del “Patrón”. Asimismo, exigen que se investigue el uso de los teléfonos celulares de los estudiantes, que estuvieron activos varias horas después de la desaparición; otro de los puntos es el trasiego de droga, que habría sido el origen de la agresión en contra de los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. En esta reunión también pretenden abordar la hipótesis que apunta a que un grupo de estudiantes pudieron ser llevados a la comunidad de La Gavia, en el municipio de San Miguel Totolapan, como afirma el Movimiento por la Paz, y que involucra a Raybel Jacobo de Almonte “El Tequilero”, dado a conocer recientemente. “Esperamos que nos den informes sobre esta teoría, porque no podemos dejar ninguna línea que nos indique que pudieron haber estado ahí los jóvenes”, precisó el vocero de los padres. La verdad que a la distancia de 34 meses, no hay indicios, ni esperanzas que realmente el Estado mexicano vaya a esclarecer los hechos con el priista Enrique Peña Nieto, encabezando la presidencia de la república. Ya le queda menos de un año, y ya viene el cambio con las elecciones del 1º de julio del 2018 y no se observan que haya voluntad política para hacerle justicia a cada una de las familias de las 46 que están luchando, porque aparezcan sus 43 hijos y es la hora que no se sabe alguna línea que haya seguridad y encontrarlos ya sea vivos o muertos y si lo último sucediera, definitivamente las familias le darían una cristiana sepultura y tendría en lugar para visitarlos en su tumba, pero estar desaparecidos, es criminalmente condenable. La lucha sigue.…Golpeador…El exalcalde de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola, recibió una sentencia a 2 años de prisión tras admitir ser el instigador de los delitos de lesiones calificadas y amenazas contra la periodista Karla Silva y por el delito de amenazas contra Adriana Elizabeth Palacios, colaboradora de “El Heraldo” en el municipio de León. Esta sentencia deja un precedente a nivel nacional, considerando que Enrique Benjamín Solís Arzola es la única figura de autoridad pública en recibir una sentencia tras cometer una agresión en contra de un periodista. Al ser una pena que no excede los 3 años en prisión, Enrique Benjamín Solís Arzola podrá obtener la libertad condicional o bajo fianza. El exalcalde ya lleva 1 año y 4 meses en prisión preventiva que se restan a la condena, por lo que le restan 7 meses y 21 días en reclusión. La defensa del exalcalde solicitó que a Enrique Benjamín Solís Arzola se le otorgue la libertad condicional, pero ésta todavía no le fue otorgada hasta que la empresa “El Heraldo” desista del cargo de robo, que en un principio también le fue imputada. Además de esta pena, al exalcalde se le impuso una multa económica de 3 mil 507 pesos, más el pago de reparación del daño a las víctimas además de que no podrá ocupar ningún cargo público en un periodo de 2 años. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, realizada el pasado viernes, Solís Arzola aceptó haber sido él quien dio la orden a su entonces director de Policía Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero para que contratara a personal para que golpeara y amenazara a la reportera Karla Silva, pues no estaba de acuerdo con las notas periodísticas que ella publicaba. Además el exalcalde silaoense se disculpó públicamente durante la audiencia. Y se comprometió a pagar un desplegado que tendrá circulación a través de un medio estatal, esto como parte de la reparación del daño en contra de las agraviadas. “Esto fue derivado de la instrucción que gire al director de policía 15 días antes (de que se cometió la agresión) y que fue derivado de las notas periodísticas a las que hicieron referencia y reitero una disculpa pública”, dijo.El exalcalde, a quien se le dictó prisión preventiva desde el 11 de marzo de 2016, rechazó la oportunidad de ir a un juicio oral y solicitó a la jueza María Eugenia Chávez Orduña que determinara la sanción en este proceso abreviado. La parte acusadora solicitó a la jueza que fijar a una sanción de un año y seis meses por el delito de lesiones agraviadas y seis meses por el delito de amenazas, además de que se dictará la suspensión de derechos políticos y la posibilidad de que Enrique Benjamín Solís Arzola ocupar cargos públicos durante el tiempo que esté en prisión, un pago por reparación del daño y una multa fijada por la juez. Es el primer caso que se registra a nivel nacional de que un servidor público recibe un castigo por las autoridades de justicia por agredir a un periodista, en este caso, fue mujer quien con todo el valor presentó la denuncia penal y ratificó lo expuesto. Eso le valió que un juez ahora dictara sentencia y reparación de daños en contra del ex alcalde de Silao, Guanajuato. Eso es lo que deben hacer todos los comunicadores sociales cuando se vean vulnerables ante tanto sátrapa que hay en este país México y Guerrero, a fin de que se vaya desterrando la impunidad. Es un ejemplo a seguir de la colega Karla Silva, quien no tuvo miedo de las represalias que hubiera recibido de un ex presidente municipal, quienes lamentablemente llegan al poder, no para servir, sino para servirse con toda impunidad. Al menos en este caso, ya hubo justicia para la comunicadora agraviada quien fue objeto de represión solo por cumplir con su trabajo de informar corruptelas de un servidor público del bajío.