PRINCIPAL DE NOTA ROJA

Narco y persecución del

gobierno daño a indígenas

Bernardo Torres.--El incremento de la violencia por el narcotráfico en la Montaña Baja y la persecución gubernamental, acentúan la marginación de los pueblos indígenas, denunció el Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” ClPOG-EZ.
En conferencia de prensa, Comisarios, Delegados, Coordinadores, Principales y ciudadanos de las Comunidades y Pueblos Nahuas de los Municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, alertaron sobre la crisis humanitaria en que se encuentran al ni siquiera poder desplazarse de un pueblo a otro por la inseguridad.
Para exigir un alto a la criminalización por parte del Gobierno del Estado, anunciaron que el próximo 31 de julio, se movilizarán en Chilpancingo, para plantear también las viejas

demandas y rezagos de los pueblos indígenas de estos municipios.
“Estaremos en esta movilización para reprobar la violación de los Derechos Colectivos de nuestros Pueblos Indígenas, porque en meses anteriores nos han dicho que no hay recursos para atender nuestros rezagos, que estamos fuera del tiempo, que no encajan nuestras demandas, nos dicen que no hay presupuesto”, se quejaron.
Estas respuestas, dijeron, no han sido más que pretextos para negarles la producción de alimentos, trabajo, escuelas y maestros, carreteras y puentes, salud, relegando siempre en un afán discriminatorio, en contra de los indígenas, por los tres niveles de gobierno.
Recordaron que el pasado 17 de mayo estuvieron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sólo con funcionarios menores, por lo que ahora buscarán hacer sus planteamientos directamente al titular del Ejecutivo Estatal.
“Queremos que escuche el gobernador nuestras demandas de viva voz para saber con certeza si su Gobierno es incluyente a los Pueblos indígenas del Estado de Guerrero, necesitamos carreteras y puentes, pavimentación de calles, centros de salud, Escuelas dignas para nuestros hijos, clínicas, medicinas, centros de cómputos, presupuesto al campo y generación de empleos”, expusieron.  
En materia de justicia, exigen la suspensión de 67 órdenes de aprehensión por una presunta agresión a pobladores de San Jerónimo Palantla, en contra de mujeres de su comunidad.
Señalaron que en la zona de la Montaña Baja, no disminuye la violencia, los asesinatos en esta región va en aumento, la ola de crímenes no para, y las bandas delincuenciales operan impunemente, tal es el caso reciente, donde siete personas fueron asesinadas en un presunto asalto.
Esta, dijo uno de los comisarios, es la muestra de la incapacidad gubernamental para prevenir los asaltos “Nos preguntamos ¿A dónde está la gran estrategia de seguridad, el derroche del presupuesto público, por qué tantos muertos si se invierte nuestro erario público en este rubro?”.
Denunciaron también, que han sufrido amenazas por parte del subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, quien les advirtió que si se movilizan, serán encarcelados y suspendidos los proyectos destinados a los miembros de esa organización.
“Traemos dolor y aspiraciones de vivir sin más sangre, sin más muertos, sin más balas, sin calumnias, queremos vivir sin violencia, sin mentiras, aspiramos contar con las condiciones de las escuelas dignas para nuestros hijos, queremos producir alimentos para saciar el hambre, queremos que respeten nuestras formas organizativas de representamos y gobernarnos”. (API).