NOTA

Avaló la SCJN la ley de Jalisco
#SinVotoNoHayDinero para 2019

CIUDAD DE MÉXICO.--La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedente al avalar la llamada Ley Kumamoto del estado de Jalisco, que reduce a partir de 2019 el dinero público para los partidos políticos en los periodos en que no haya elecciones en esa entidad.
Conocida también como #SinVotoNoHayDinero, la ley aprobada por el Congreso de Jalisco en junio pasado propone que el dinero público que se les otorgue a los partidos políticos nacionales y locales sea proporcional al número de votos recibido, en lugar de considerar el padrón electoral.
El pleno de ministros avaló por siete votos a cuatro la constitucionalidad de la ley presentada por el diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, quien ha señalado que de esa manera se podrá reducir el gasto a los partidos hasta en un 50 por ciento.
Una iniciativa similar fue presentada en el Congreso de la Unión por el también diputado independiente Manuel Clouthier, pero fue congelada en marzo pasado por el PRI, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputada dictaminara una propuesta enriquecida por otras fuerzas.
El pleno de ministros rechazó el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, aspirante a la presidencia de la Suprema Corte, quien consideraba que la distribución de recursos a los partidos era un tema electoral de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Con ese criterio estuvieron el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora.
La mayoría del pleno consideró que esa facultad sí está delegada y cada estado puede regular la manera en que financia a los partidos políticos, nacionales o locales, en las elecciones a diputados locales, presidentes municipales o gobernadores.
La Corte fijó ese criterio jurídico al rechazar las impugnaciones a la ley hechas por el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena.
Los ministros también validaron la disposición de la ley electoral de Jalisco que obliga a los partidos políticos a postular el 50 por ciento de los candidatos para cada género en el caso de las presidencias municipales.