POLICRÓNICA

 Cómplice…Por un lado resultó en verdadero explotador de trabajadores, Jorge Salgado Parra, protector de delincuentes de “cuello blanco”  y por el otro hasta del orden común al esconder herméticamente un asalto a las oficinas del Patronato Pro-Educación y Programas Especiales de Guerrero y personal del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), en donde hasta violaron a empleadas.

Desde que llegó como director Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), Jorge Salgado Parra, lo único que ha hecho es causar problemas a la educación, por lo tanto aplazar los avances de alfabetización y a los trabajadores, quienes constantemente han estado protestando en su contra, porque no sabe qué hace, ni qué hacer con ese encargo que le dieron como pago del dinero que dio su padre Jorge Salgado Leyva a la campaña del ahora cuestionado e insultado por la delincuencia organizada, gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los programas de alfabetización han sido un fiasco, solo en Chilpancingo, al menos 50 mil personas analfabetas que no saben leer, ni escribir, es una cifra que no estamos inventando, sino de los que llevan a cabo este programa, en la que no ofrece respaldo para obtener resultados favorables. Esto es producto de su inexperiencia para ocupar cargos públicos, ahora nuevamente salen a relucir denuncias de los trabajadores, quienes se quejan los promotores de enseñanza del IEEJAG, al denunciar a la coordinadora de zona a quien acusan de “delincuente de cuello blanco” Elena Matías Chávez, de haber utilizado sus documentos para ingresarlos al sistema cómo promotores de enseñanza, quien cobra a nombre de ellos grandes sumas de dinero, desde hace algún tiempo. En denuncia, los profesores argumentaron sin que ellos sepan, porque demandan una adecuada auditoría a esta delegación. En denuncia anónima, varios promotores señalaron a esta persona ser cómplice con una banda de estafadores que supuestamente dan de alta como empleados de esta institución, sin que ellos cobren  ningún solo centavo. Esto significa que Salgado Parra, está de acuerdo con esta banda de delincuentes de “cuello blanco” para cometer atracos descarados. Esta  persona se hace pasar como Coordinadora y utiliza a varios funcionarios de la delegación del IEEJAG para tramitar  sus cambios con buena suma de dinero cuando la verdad es otra. Refieren que 20 de ellos ya aparecen cobrando desde hace 5  años cómo promotores de educación por la cantidad de mil 600 pesos quincenales. Esta denuncia es grave, por lo que Jorge Salgado Parra ya debiera estar actuando, primero investigar  la denuncia y de ser cierto, proceder contra ésta mal servidora pública del IEEJAG. Los agraviados afirman que con su dinero  la supervisora ha tenido privilegios de adquirir carros de lujo, alhajas, propiedades y viajes a varias ciudades tanto nacionales como al extranjero. También señalaron que ésta supervisora se siente protegida por funcionarios de esta institución, sin que  el director del IEEJAG en la entidad, Jorge Salgado Parra haga algo por evitarlo, por el contrario se ha convertido en un auténtico protector a los delincuentes de cuello blanco. No es el primer caso, hay infinidad que hacen de la institución un negocio particular, además lo tiene descuidado, ocurren sucesos lamentables, que hasta este día poco se sabe que hizo.  Como nunca está en sus oficinas, siempre anda de paseo, en lugar de trabajar, por lo tanto Salgado Parra, no sabe exactamente lo que está sucediendo, solo se entera de “retazos” y lo que le quieren decir sus protegidos, precisamente para no incomodarlo en sus placenteras pachangas. A mediados de agosto, ocurrió un grave incidente en las instalaciones del Patronato Pro-Educación y Programas Especiales de Guerrero y personal del IEEJAG, que en verdad es condenable desde cualquier arista que se le quiera mirar. De acuerdo a la información del equipo de investigaciones especiales, conoció que un día de agosto, llegaron delincuentes del orden común a robar a las oficinas que están por allá en la colonia “Unidad Guerrerense”, antes INDECO y al parecer después de este condenable suceso se cambiarían a un lugar más céntrico. Pero no fue un robo común, en la que llegan, entran los ladrones y se llevan el botín, sino que actuaron con alevosía y ventaja, ya que se quedaron para cometer atrocidades, saquearon, les quitaron sus pertenencias personales a todos los trabajadores que se encontraban como a eso del mediodía, y lo más grave, es que a las mujeres fueron violadas, sin que los empleados pudieran hacer nada. Además los delincuentes amarraron y amordazaron a los empleados, sin que el mismo Salgado Parra haya hecho algo a favor de estas víctimas. Tampoco se conoce de cuanto ascendió el botín que les fue arrebatado a cada uno de los empleados de esa dependencia estratégica del IEEJAG, mucho menos el dinero y equipo. Públicamente nadie sabe de esto, se ha guardado total “secrecía”, y es la hora en que Salgado Parra tampoco ha emitido alguna declaración de lo ocurrido para deslindar responsabilidades, por lo que hasta este momento lo coloca como cómplice de los delincuentes de “cuello blanco”  y del orden común. Según se conoció, ese día de los hechos, uno de los empleados se había liberado y fue quien dio parte a las autoridades policiacas. Hasta ese lugar arribaron elementos policiacos de las diversas corporaciones, inclusive peritos de la Fiscalía General del estado quienes hicieron el levantamiento pericial. Desde antes del mediodía y hasta después de las dos de la madrugada del siguiente día duró el peritaje y la indagatoria, en la que no dejaron salir a los empleados agraviados, prácticamente fueron “secuestrados” cuando ellos fueron las víctimas. En ese sentido, Salgado Parra como titular del IEEJAG no hizo valer sus conocimientos de doctorado en derecho que fue hacer en la Universidad Complutense, Madrid, España, pues debió haber ejercido su autoridad y conocimiento de las leyes por ese “secuestro” de más de doce horas que los facinerosos mantuvieron al personal en un asunto en la que fueron víctimas, y no victimarios. Se ha guardado total hermetismo de lo sucedido en las instalaciones del patronato del IEEJAG, pareciera que existe complicidad de Salgado Parra y los delincuentes. ¿Algo está fraguando contra los integrantes del patronato?, ¿Fue una treta para deshacerse de algunos incomodos?, ¿Quitarse los estorbos para hacerse de dinero  para su proyecto político?, ¿Cuánto dinero habría declarado ante las autoridades ministeriales que se llevaron los cacos?, ¿Es una forma de cubrir algunos desvíos de dinero para su provecho personal? Son muchas interrogantes que quedan en el aire, y que está obligado a contestar Jorge Salgado Parra, ante este atraco y no se podría descartar que haya sido millonario. El funcionario maneja dos tipos de presupuesto el federal que se supone viene etiquetado para cada uno de los programas y otro que recibe directamente del gobierno estatal, ese lo puede manejar a su albedrío. Tampoco se conoce de cuanto recibe cada año para disque lograr metas en los programas de alfabetización en el estado de Guerrero. Hay gato encerrado con este atraco, por lo que lo sano es que Salgado Parra diera a conocer públicamente exactamente lo que sucedió, para que al rato no haya cobro de facturas y venganzas contra sus detractores que debe tenerlos, porque desde que llegó al cargo, se ha dedicado a causar problemas y proteger sivergüenzadas como el que están denunciando los trabajadores a la coordinadora de zona, Elena Matías Chávez quien le gusta los billetes sin llenadera, pues estar cobrando en cinco años con nombres de personas que nunca supieron que fueron dadas de alta como empleados del IEEJAG. En este atraco en la que hubo mujeres mancilladas, debe responder por lo ocurrido, y que nunca se ocupó y preocupó por garantizar seguridad a las oficinas del patronato del IEEJAG. Ante esto debe ser llamado Jorge Salgado Parra, quien se siente intocable por la protección de “papi”.…Broncapanista…En el Partido Acción Nacional (PAN), en verdad se traen una gran bronca marca diablo, que ya está causando un verdadero sisma en vísperas de que inicie oficialmente el 8 de septiembre el proceso electoral federal y concurrente en 30 de los 32 estados del país, pues ya se habla de expulsiones. Todo esto se originó, luego de que entre la bancada del Senado de la República, el fin de semana se diera el nombramiento como presidente de la mesa directiva para seis meses al panista Ernesto Cordero Arroyo. La Comisión de Orden y Disciplina del Partido Acción Nacional (PAN), que procesará la expulsión de los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega y José Luis Lavalle, es un órgano controlado por Ricardo Anaya Cortés y su presidente, Carlos Castaños Valenzuela, quien es un férreo defensor de la “honestidad” de éste. “Anaya es un hombre honesto que lucha contra un sistema corrupto. Si los ataques vienen contra él, es porque les parece un obstáculo para sus futuros de corrupción. Le tienen miedo y lo atacan con calumnias y mentiras, nosotros desde el PAN lo defendemos” declaró Castaños Valenzuela el 27 de agosto, en medio de las acusaciones de corrupción. Actual coordinador de los diputados locales del PAN en Sinaloa, y delegado de la Secretaría del Trabajo cuando Lozano Alarcón  fue secretario y de la Sedesol con Heriberto Félix –ambos en el sexenio de Felipe Calderón–, Castaños Valenzuela afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere desprestigiar y denostar a Anaya, un hombre íntegro. “Mi respaldo solidario y mi aval para nuestro dirigente, lo conozco, sé de su trabajo y de su honestidad, me sumo a las voces que lo apoyan. No tengo duda que el PAN manteniéndose unido, logrará lo que el PRI no quiere y busca detener a toda costa: que logremos el triunfo en 2018”. Este personaje del PAN será quien conduzca el proceso de sanción a los cinco senadores que ayer domingo demandaron “un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos”, y que también apuntaron a los integrantes de la Comisión de Orden del PAN: “Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista o no”, advirtieron ante la eventual parcialidad del órgano sancionador. Y es que seis de los siete integrantes de la Comisión de Orden son afines a Anaya. Sólo Abel Cuevas Melo, actual oficial mayor del gobierno de Veracruz estaría al margen de este grupo, debido a que fue delegado de la Sedesol cuando Cordero fue secretario y además promovió como aspirante presidencial. Los otros integrantes de la Comisión de Orden son el secretario, Israel Castillo Olivares, exalcalde de Santa Catarina, Nuevo León; la exdiputada Mónica Bedoya Serna, de Baja California; Verónica Pérez Herrera, duranguense también exdiputada; María Belem Montaño Salcido, sonorense, administrativa de la Fundación Rafael Preciado, y Liliana Carbajal Méndez, esposa del alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera. De acuerdo con el artículo 128 de los Estatutos Generales del PAN, los militantes pueden ser amonestados, suspendidos en sus derechos y expulsados. “La amonestación procederá cuando se trate de infracciones leves y no reiteradas”.En ese mismo artículo, en el inciso d), se establece que la suspensión de derechos será acordada por indisciplina, inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las de militante del partido, así como en el caso de que incurran en difamación o calumnias en contra de militantes o candidatos del partido. La suspensión de derechos implica la separación de las actividades del partido”. Y, en el inciso f), se indica que “la expulsión podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político”.El artículo 129 garantiza el debido proceso: “Para la imposición de las sanciones a que hace referencia este artículo, y demás controversias en el ámbito intrapartidista, deberá respetarse el debido proceso legal, incluidos los derechos de audiencia y defensa”.Este procedimiento no ha iniciado formalmente en la Comisión de Orden, pero el propio Ricardo Anaya anunció que han llegado a esa instancia peticiones de sanción contra los cinco senadores, tres de ellos secretarios de Estado en el gobierno de Felipe Calderón y otro, Gil Zuarth, secretario particular.