POLICRÓNICA

Pesadilla…Desde que llegó como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Ignacio Olea Peláez,  en los últimos dos años se ha convertido en una pesadilla para los trabajadores de la dependencia, no hay atención, mucho menos solución a sus diversas demandas, pues laboran sin ningún tipo de garantías y seguridad social, ni policiaca para los que hacen labores de campo para iniciar las primeras diligencias del delito.

No hay semana que no aparezcan las quejas en contra del recién casado  Xavier Ignacio Olea Peláez, quien tiene en el olvido a la clase trabajadora, pese a que sin ella no podría atender toda la carga de trabajo que enfrenta la institución en materia de procurar justicia en favor de los guerrerenses. Ante la insensibilidad que ha mostrado en casi dos años—el 10 los cumplirán--que lleva al frente de la Fiscalía General del estado, pero si en ese tiempo logró casarse haciendo una fiesta de gran glamour y hasta lo presumió en las redes sociales. Para enfrentar la indolencia con que actúa  Olea Peláez contra sus propios colaboradores se ha formado la Asociación de Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales, y Peritos de la FGE, esta figura no existía en tiempos pasados, no había la necesidad, porque existía atención laboral, pero ahora  a través de esta  expresión tiene la posibilidad los trabajadores para  hacer sus exigencias de que ante el riesgo que corren todos los días para realizar su trabajo, han sido víctimas de la delincuencia organizada, y han sufrido levantones, agresiones, y asesinatos,  por ello  exigen aumento al salarial, bono de fin de año, y bono de riesgo, además de que cada día es más cara la vida. Tienen toda la razón los Peritos, Policías Ministeriales y Agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues  también han tenido bajas por los estragos de la delincuencia que azota a Guerrero al realizar el trabajo de las primeras diligencias de cada uno de los delitos que se cometen en toda la geografía suriana. Los colaboradores de la institución  exigen un aumento salarial del 50 por ciento, y el bono de riesgo de 7 mil pesos mensuales, y que además sean incluidos en el presupuesto del 2018, por lo cual hicieron un llamado al Congreso local para que atiendan sus sentidas demandas para mejorar sus condiciones laborales. Con la espiral delincuencial en territorio suriano, definitivamente  el trabajo de los integrantes de la Asociación de Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales, y Peritos de la FGE,  los riesgos son mayores y en el caso de los peritos no cuentan con equipo básicos como guantes para hacer el levantamiento de cadáveres. En los últimos tiempos, por lo menos unos diez peritos han sufrido los estragos, entre los que recuerdan uno de los primeros apareció destazado en el municipio de Chilapa de Alvarez. Por ello ahora los de la asociación, exponen ante la opinión pública: “Hay muchos compañeros que han sufrido atentados físicos y psicológicos, han sufrido levantones, compañeros que han muerto en el desempeño de sus funciones, así como compañeros que han quedado incapacitados total y permanentemente, por esa razón creemos que estamos actuando con justicia nuestras prestaciones labores justas”. Entre los trabajadores que han dado la cara para exigirle al recién casado fiscal, Olea Peláez, se encuentra Jesús Castrejón de la Cruz, quien dijo en las últimas horas que sostuvieron una reunión con el gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores el siete de junio, donde instruyó a personal de la Secretaría de Finanzas y Adminsitración del estado dar respuesta a sus demandas, pero hasta el momento no se ha dado cumplimiento. La exigencia principal es que las prestaciones, al igual que el aumento salarial sean incluidas en el presupuesto de la Fiscalía y que el Congreso local habrá de aprobar en las próximas horas y días, pues hoy martes 5 de diciembre ya está contemplado en la orden del día para su análisis y discusión, tomando en cuenta que también los diputados locales, ya están pensando en sus vacaciones decembrinas, descartamos que se esperen hasta el 31 de diciembre, como ocurría anteriormente, ahora todo lo hacen  sin demora. La preocupación es justificable de los colaboradores y que los ve como sus enemigos, en lugar de tomarlos en cuenta como sus compañeros temporales de trabajo, Olea Peláez, por ello le externan: “El dejarnos fuera significaría que no nos toman en cuenta en nuestras peticiones, a pesar de que nosotros, todos los de la Fiscalía, peritos, ministeriales, agentes del ministerio público, somos los que iniciamos una carpeta de investigación, los que recogemos los indicios, los medios de prueba, y al final hasta el desarrollo de las pruebas en el proceso. Creo es injusto que no se nos resuelve las demandas ni prestaciones económicas”. Efectivamente tienen toda la razón, y es más debieran hacer protestas más radicales ante los oídos sordos y ojos ciegos tanto de Olea Peláez y los cercanos colaboradores de Astudillo Flores que han incumplido sus instrucciones, entre ellos el Secretario y subsecretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón y Tulio Samuel Pérez Calvo, ellos han sido parte del conflicto que ahora exponen los servidores públicos de la Fiscalía General del estado. Habría que entender el arduo trabajo que el personal realiza, ya que trabaja las 24 horas, sin tener un horario, y acuden a lugares alejados donde ni si quiera existen accesos, en medio de la violencia que se vive Guerrero. Su reclamo es justo, sus temores están fundados, pese a ello, Olea Peláez ha demostrado ser un Fiscal deshumanizado, puesto que no entiende y comprende la demanda. Todo esto, no lo ha tomado en cuenta, puesto que últimamente se han registrado una serie de agresiones y de situaciones en contra de Peritos, Policías Ministeriales, y todas esas situaciones los llevó a conformar la asociación que aglutina a mil 500 trabajadores, sin contar a los incapacitados, dijo una trabajadora quien no dio su nombre. Es comprensible que no ofrezca la identidad de quién denuncia la pachorra con la que actúa Olea Peláez, quien definitivamente vino a Guerrero a vacacionar, tanto que encontró novia y hasta ya se casó, y por supuesto los gastos no corrieron a cargo de sus rotos bolsillos, sino del erario de la Fiscalía del estado. Desde que contrajo nupcias, como dicen allá en Olinalá,  Olea Peláez “anda chaqueto”, por ello no cumple con sus obligaciones de marido, y mucho menos como titular de la Fiscalía General del estado, entonces es necesario analizar qué tanto de rendimiento y qué beneficias en materia de seguridad han tenido los surianos. El justo reclamo de los servidores públicos de la Fiscalía General al señalar sin tapujos: “Nosotros somos abogados de los guerrerenses, y consideramos que es justo ya que se nos reconozca de esa manera, que se nos de la importancia que realmente tenemos, porque quienes de alguna manera enfrentamos esta situación con la delincuencia que se vive en el estado somos nosotros”. Creemos que la queja va más allá de un simple comentario, puesto que existen evidencias de lo que en los últimos tiempos han sufrido los trabajadores, pero lamentablemente  Olea Peláez se convirtiera en el fiscal del hierro contra la delincuencia, lo ha sido en  agravio de sus propios compañeros de trabajo. Por ello le hacen el siguiente reclamo: “Quienes estamos al frente con todas esas personas que dañan a nuestro estado, a nuestra gente, y nosotros en el momento que estamos trabajando no estamos pensando si nos van hacer algo, si nos van agredir o no. Nosotros estamos representando a nuestra gente”. Eso es cierto, se olvida  Olea Peláez que también él es parte de esa representación del pueblo, por lo tanto está obligado a escuchar la queja y el sentir de esos servidores públicos, algunos de ellos han narrado lo que les ha ocurrido en el campo al realizar su trabajo, como es el caso de una trabajadora que al estar cumpliendo con su responsabilidad fue víctima de la delincuencia organizada, y fueron los familiares quienes cubrieron todos los gastos, y de la Fiscalía no recibieron ninguna atención. Para reforzar todos los la malabares para hacer su labor, el mismo presidente de la asociación, Juan Rivera Altamirano dijo que hay trabajadores que han sufrido atentados, “que son lisiados, y que lo único que van a dar lástima”. Ese aseveración, la crítica y al parecer Olea Peláez está siendo injusto, no obstante que es conocedor de la ley, por lo tanto debiera ser sensible  a la gran preocupación que están manifestando los trabajadores desde que llegó, han solicitado mejoras salariales, condiciones laborales y sobre todo seguridad para hacer su labor que es importante como hacer las primeras diligencias de ley de los hechos violentos. Además en la renovación del seguro de vida, pero hasta el momento no les han entregado copia de la póliza, y en caso de que mueran cumpliendo con su trabajo, la Fiscalía no los reconocen y tienen que demandar para que se haga válido el seguro. Es grave este tema, de que no tenga ninguna garantía ante un siniestro se van a cubrir todos los gastos, pero sigue demostrando indiferencia desde hace dos años, es lo mismo que han venido repitiendo los quejosos. También el personal tiene que cubrir las capacitaciones que del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual marca que el servidor público este frente a la persona imputada “y ello conlleva mayor riesgo, sin embargo, no han obtenido ningún beneficio ni estimulo. Preguntaríamos ¿Qué tipo de persona es Olea Peláez?, ¿no es licenciado en derecho?, ¿le vale un sorbete lo que le pase a su gente que colabora en la institución que representa? O de plano y literalmente está mal interpretando de que está dirigiendo una fiscalía autónoma que puede hacer lo que le viene en gana. Pues la queja, es que los  trabajadores que cuando recibían el bono de fin de año por parte de la federación ascendía a 70 o 80 mil pesos, sin embargo, actualmente depende de las autoridades estatales y se lo redujeron hasta 20 mil pesos o menos, dependiendo de la categoría del trabajador, y este mes recibirán la segunda parte correspondiente al año 2016. Ahora resulta que también es un “jinete” de los dineros de los trabajadores al no pagar puntualmente, pues los sueldos quincenalmente van desde 5 mil 600 pesos en el caso de los peritos. En Guerrero, no se está manejando adecuadamente la Fiscalía, sino se están cometiendo injusticias, en lugar de justicia. Es necesario que por segunda ocasión el gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional, nuevamente los reciba en audiencia para que conozca el estado de cosas que está pasando en la Fiscalía General del estado, no se debe olvidar que es el jefe del ejecutivo de las instituciones, aunque sean autónomas en su manejo administrativo, él tiene que responder y dar una solución, no se puede estar aplazando más tiempo. Tomando en cuenta que está concluyendo el 2017 y antes de que le reviente el problema en la Fiscalía, el Gobernador Astudillo Flores debe recibir a los quejosos, porque existe la amenaza de que habrán de hacer movilizaciones las cuales creemos que son hasta innecesarias, obviamente si los recibe en audiencia y les resuelve puntualmente tal como lo aseveró ayer lunes en el último homenaje a la Bandera Nacional en la explanada “ Vicente Guerrero Saldaña” de que habrá el pago puntual de todas las prestaciones a los trabajadores al servicio del Gobierno estatal, y los de la Fiscalía no son ajenos a esa estructura. Además anticipó que las vacaciones de invierno comienzan a partir del día 15 de diciembre, y que el regreso nuevamente a las labores, estaba pendiente, lo que no lo estaba, eran los pagos, sería cubiertos con puntualidad. Entonces, por ello escribimos, que en lugar de que tenga movilizaciones de los trabajadores de la Fiscalía General del estado antes de concluir el año, por culpa de Olea Peláez que está más ocupado por su “nuevo amor” que por la carga de trabajo o por las sentidas demandas de los trabajadores, como  está comprobado en el terreno de los hechos. Entonces si Olea Peláez desatiende, pero institucionalmente, la máxima autoridad es el mismo Gobernador, y quien habrá de ser cuestionado ante la opinión pública nacional e internacional será al propio Astudillo Flores y si entre sus prioridades tiene a los trabajadores, porque habría que aplazar la solución a las demandas de los servidores públicos de la Fiscalía suriana. Se espera que tenga un feliz fin de año estos servidores públicos de la Fiscalía General del estado, y hay felicidad entre las familias de estos que después de prestar sus servicios por un largo año difícil, vean por lo menos unos días a su familia con motivo de las vacaciones decembrinas.…Cuestionamientos…Ahora que hablamos de cuestionamientos,  son los que está enfrentando severamente el presidente de la república, el priista, Enrique Peña Nieto, quien está terminando su sexenio con más descredito y desesperanzas de los mexicanos. Ahora que los diputados federales han aprobado la Ley de Seguridad Interior, ya está los severos cuestionamientos de organismos internacionales, y lo comenzaron hacer los Organismos No Gubernamentales de este país, pero no les hicieron caso, ahora veremos lo que se cuestiona en el plano internacional, si le apuestan al cuestionamiento los Senadores de la República, la paran, la congela o la aprueban. Sin duda, quienes ahora están al pendiente de lo que suceda en México, está la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, a través de un comunicado a la ONU y la presión de diferentes movimientos sociales, incluso Amnistía Internacional, exigieron a la ONU, sancionar a México por fomentar la ley de seguridad interior, así mismo la ONU, exigió al mandatario mexicana que la derogara le antes posible de le contrario podría traer a futuro graves consecuencias del ámbito sangrienta para el pueblo mexicana, no aprueba la ONU, ni tres organismos internacionales, la ley de seguridad interior. La comisión internacional de los derechos humanos ha recibido de México la mayor cantidad de denuncias que tras naciones en América Latina por la excesiva violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y las autoridades federales, según se menciona que dejar al ejército con el poder total del estado, inclusive por encima del mismo ejecutivo federal, podría traer consecuencias fatales. La  Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha violado constantemente los derechos humanos, desde sexenios pasados, hasta la última administración. Aseguran que las autoridades no han hecho nada para mitigar este tipo de delitos humanos. Cabe señalar que han vinculado a la SEDENA, por órdenes del ejecutivo federal, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según se menciona que el ejército ha violado a mujeres en comunidades indígenas y el gobierno le sabe, así como el constante secuestro y abuso de estas mismos. Desde la época de Calderón que ejecutó el mayor acto sangrienta de la historia, ahora superad por Enrique Peña Nieto por la gran cantidad de muertos, el ejército en las calles ha constituid, una severa amenaza para la paz nacional y pública y por el cual lamentan que el gobierno tenga que utilizar a su ejército para controlar la violencia y delincuencia del país, debido a la amplia corrupción de las autoridades policíacas. Expertos en derechos humanos aseguran que el darle poder al ejército en vísperas de elecciones, podría constituir una severa amenaza a la sociedad, debido a que se aproxima, según mencionan un fraude electoral en México y así controlar protestas y exigencias sociales. Está en la cancha de los Senadores si la aprueban o la rechazan, porque desde ahora la presión internacional estará sobre nuestro jodido país, pobre en ideas y propuestas para sacar adelante en sus múltiples problemas.