POLICRÓNICA

Arraigados…No hay investigación, mucho menos castigo en contra de elementos de la policía municipal y ministerial, acusados por desaparición forzada de personas, hoy se cumplen siete días de arraigo de cerca de 100 preventivos de Chilpancingo, se desconoce su situación jurídica y hasta del Secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinosa Montoya.

Se cumplen siete días y siguen arraigados más de 80 policías preventivos en las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, en tanto las autoridades del estado no han informado su  real situación, ni del paradero del Secretario de Seguridad Pública Municipal Esteban Espinosa Montoya a quien ya debieron haberlo vinculado a proceso como responsable de la corporación, sin embargo solo ha ocurrido con un uniformado, convirtiéndose en una verdadera farsa. Existen evidencias de que son varios policías municipales y ministeriales involucrados en la desaparición forzada de personas. Las evidencias están en manos de las autoridades investigadoras, entregadas por los mismos familiares y no hay respuestas hasta esta mitad de semana. El pasado jueves 4 de enero, después de las 16:30 horas, cerca de 100 elementos de la policía federal, estatal y ejército mexicano, apoyados con un helicóptero  con vigilancia aérea tomaron por asalto las instalaciones dela Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y requisaron todo, desarmaron y sometieron a los más de 100 elementos y hasta la fecha se desconoce oficialmente la realidad de las cosas que están sucediendo en torno al arraigo de los preventivos. Por ahora  vive en la incertidumbre el Cabildo plural  encabezado por el presidente municipal suplente, Jesús Tejeda Vargas de donde depende la Secretaría de Seguridad Pública y son sus empleados los policías, según hoy en día la seguridad del municipio de Chilpancingo está a cargo de la policía “Fuerza Estatal” y Federal. Por lo tanto, la seguridad debiera interesarles los ediles, porque es su responsabilidad. Por lo pronto, es una bomba de tiempo para el gobierno estatal que encabeza el priista Héctor Antonio Astudillo Flores quien definitivamente tiene la última palabra, para informar a través de su cuestionado secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes hasta cuándo estarán a cargo de la seguridad pública del municipio de Chilpancingo, ante el arraigo de los uniformados y saber en dónde está el secretario de seguridad pública municipal, Esteban Espinosa Montoya. En tanto el Fiscal General del estado, Xavier Ignacio Olea Peláez tampoco da visos de que realmente esté cumpliendo el papel del “Abogado del pueblo” con las investigaciones y pesquisas hasta de sus propios elementos Policías Ministeriales acusados en la desaparición forzada de personas. Todo este problema, no es nuevo, lo que sí es nuevo, y por vez primera en que se requisa a la policía preventiva en la capital del estado de Guerrero, acusada de estar infiltrada por la delincuencia del crimen organizada. Todo comenzó por las denuncias de los ciudadanos de que los uniformados municipales están participando en la desaparición forzada de personas que se agudizó el fin y el inicio de año nuevo y ante esta situación también salieron a relucir otros señalamientos en contra de Policías Ministeriales dependientes de la Fiscalía General del estado. Ese generó movilización de familiares, quienes reafirman de que las dos corporaciones están “controladas”  por el crimen organizado. Pero extrañamente los Policías Ministeriales hasta el día de hoy son intocables por el delito de la desaparición forzada de personas, ni siquiera están contemplados en alguna carpeta de investigación de la misma Fiscalía General del estado, además aparecen señalados hasta jefes de la misma corporación policiaca de la ministerial, en cambio los cerca de un centenar de preventivos de Chilpancingo siguen arraigados desde hace siete días en las mismas instalaciones del cuartel de  la Policía Municipal. Todo este escenario, fue a raíz de las denuncias públicas y directamente a funcionarios de los familiares de los desaparecidos, tras conocerse de que tres de los siete jóvenes que fueron reportados desaparecidos  inicialmente entre el 23 y el 31 de diciembre y que fueron encontrados torturados, atados de las manos hacia atrás y semidesnudos atrás de la tienda Soriana y a un costado del Palacio de Gobierno la mañana del 3 de enero, también fueron detenidos por policías municipales de Chilpancingo y entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, quien los mantuvo incomunicados siete días, antes de que aparecieran tirados en esta ciudad, relataron familiares de una de las víctimas. Mientras tanto la defensora de derechos humanos de Acapulco, Julia Alonso Carvajal denunció que posiblemente la intención de la Policía Ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos quienes siguen desaparecidos, y Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera que fueron encontrados muertos. Contó que los jóvenes se salvaron porque uno de ellos anotó el número de teléfono de su novia en un jabón y pidió a una persona que le llamaran informándole en dónde los tenían, y fue la propia Julia Alonso quien exigió que se los entregaran, lo cual no ocurrió pero al día siguiente fueron encontrados atrás de la tienda Soriana de Chilpancingo. Actualmente dos están detenidos acusados de robo y el tercero de 15 años alcanzó escapar el día que los encontraron, y se encuentra bajo la protección de una asociación de madres de desaparecidos a la que pertenece Alonso Carbajal, quien ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue el caso. Los tres jóvenes forman parte de los siete que fueron reportados como desaparecidos por el empresario Pioquinto Damián Huato el 2 de enero, en una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, a quien le entregó videos que comprueban que algunos fueron detenidos por policías municipales. De los siete Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron encontrados muertos casi a la media noche del miércoles 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital. Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos. Los otros tres son los que fueron encontrados a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, visiblemente torturados, atados de las manos hacia tras y semidesnudos. Virgilio Marcelo, padre de Héctor Josué, un menor de 15 años, y uno de los tres jóvenes que fueron encontrados ese día, contó que su hijo fue detenido cerca de las 3 de la tarde del 27 de diciembre por la Policía Municipal en la calle Eusebio Mendoza de la colonia Jardines del Sur. Desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la delegación de barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. Informó que no tuvieron noticas de su hijo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero cuando fue encontrado junto a los otros dos al sur de la ciudad. Tras el hallazgo Héctor Josué pudo escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo. Todo esto, para la defensora de los derechos Julia Alonso Carvajal denunció que se violaron flagrantemente los derechos humanos de los tres muchachos y el debido proceso, porque estuvieron privados de su libertad incomunicados y siendo torturados durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad cuando de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las próximas 2 horas. Para el caso de los tres jóvenes demuestra que en la detención ilegal, desaparición y tortura, no solamente está implicada la Policía Municipal de Chilpancingo, sino también la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Existe la versión de los adolescentes (no proporcionó los nombres de los otros dos), es que después de que fueron detenidos por la Policía Municipal el 27 de diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en donde escucharon que había otros detenidos. En ese lugar comenzó la tortura y no saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia del Ministerio Público sector central de Acapulco, y al mando de un comandante que sólo escucharon que le decían Tino. “Están vivos de milagro, porque la intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”. Estas son parte de las evidencias del trabajo criminal que realizan en Chilpancingo los policías ministeriales y municipales, a favor de las bandas de facinerosos que operan impunemente. Hasta el día únicamente se sabe que siguen arraigados policías municipales, pero ningún ministerial ha sido detenido y puesto a disposición de las autoridades. Y lo más increíble, es que solo un policía preventivo por estos haya sido vinculado a proceso desde el fin de semana. De acuerdo a lo que se conoce en las últimas horas, un juez de primera instancia dictó prisión preventiva contra un policía municipal de Chilpancingo, acusado por la Fiscalía General del estado (FGE) de participar directamente en el crimen de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, quienes fueron detenidos por uniformados el 31 de diciembre, entregados a la delincuencia y posteriormente encontrados ejecutados la semana pasada. En la audiencia inicial, realizada el sábado 6 de enero por la noche en la tercera sala penal del Poder Judicial, el presunto responsable identificado como Remigio, se reservó su derecho a declarar y escuchó las imputaciones de las autoridades ministeriales junto a un defensor de oficio que le fue asignado ante la falta de un abogado particular. Por su parte, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el uniformado, en tanto se resuelve su situación jurídica el próximo viernes 12. De acuerdo con la investigación de la FGE, basada en el testimonio de cuatro testigos, durante la madrugada del 31 de diciembre se registró una riña en la zona de cantinas de la feria de Chilpancingo, donde fueron detenidas las dos víctimas, así como otro joven identificado como Milton y trasladados a la delegación de barandilla municipal. El policía inculpado era el chofer de una de las dos patrullas que participaron en la detención y según la Fiscalía, el uniformado pidió que fuera liberado Milton, bajo el argumento de que “era su amigo”. En tanto, los otros dos jóvenes sí fueron ingresados a barandilla cerca de las 08:00 horas del 31 de diciembre. El relato de la Fiscalía señala que Milton anunció a los policías que “iría por dinero para pagar la multa” de los jóvenes que quedaron detenidos y luego, presuntamente entregó mil 5 pesos al policía inculpado. Cerca de las 09:20 horas, Campos Vázquez y Catalán Cabrera salieron de barandillas acompañados por el policía Remigio y sobre la calle, el uniformado hizo señas a los tripulantes de un auto blanco tipo Tsuru. Del vehículo descendió Milton, así como un hombre armado con un fusil AR-15, quienes se llevaron por la fuerza a los dos jóvenes que permanecieron desaparecidos cinco días y posteriormente encontrados ejecutados la semana pasada al norte de esta capital. Es aberrante que un policía esté preso y vinculado a proceso, cuando hay más uniformados  involucrados y choferes de patrullas no solo de la Policía Municipal de Chilpancingo, sino de  la Policía Ministerial y sus ocupantes. Por lo tanto hasta este día todo es confuso, no hay claridad y si continúan arraigados los preventivos y se llega la quincena, y no cobran,  se vendrá un nuevo problema para el gobierno municipal de Chilpancingo y el estatal que tendrá que resolver. Si no hay pagos en la primera quince a los policías arraigados, estamos hablando de que es un nuevo conflicto que se estará ventilando ante la opinión pública. Por ello, urge que se defina la situación jurídica de cada uno de los involucrados antes de que estalle esa bomba de tiempo....Viada...Como coloquialmente se escribe y dice,   los diputados de la LXI legislatura local, literalmente le dieron la “viada” al caso del “showman” de Marco Antonio Leyva Mena en una de las tres sesiones que sostuvieron ayer martes, la primera del año del 2018. Hasta donde sabemos, en una de las órdenes del día estaba en el inciso “a” en el apartado de correspondencia. En lugar de darle solución de manera inmediata  al problema para evitar mayores confusiones y generar certeza entre las autoridades del Ayuntamiento de Chilpancingo y sus ciudadanos, simplemente  procedieron los diputados a turnar a la Comisión de Asuntos Políticos el caso Leyva Mena. El caso fue tomado como sin importancia, pese a que es un asunto de la capital del estado de Guerrero y únicamente el Congreso del Estado reiteró que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo resolver sobre las licencias de los integrantes de los ayuntamientos y exhortó al alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena que se conduzca con respeto y estricto apego a derecho hacia las instituciones legalmente establecidas. En la sesión de ayer martes, luego de dar lectura al oficio enviado por Leyva Mena donde informa al Congreso su reincorporación a las funciones de presidente municipal de Chilpancingo, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Eduardo Cueva Ruiz, recordó que el 17 de octubre, mediante un decreto, se le aprobó la licencia por el resto del periodo. Por ello, manifestó que se llamó al alcalde suplente Jesús Tejeda Vargas para que rindiera protesta como presidente municipal, mismo que actualmente se encuentra en funciones. De esta manera, el legislador aseguró que de acuerdo con la Constitución Política del Estado, corresponde de manera exclusiva al Congreso del Estado resolver las licencias de los cabildos, y turnó el oficio a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. Habría que recordarle al legislador del Partido Verde Ecologista de México, que en su mesa está una demanda de revocación de mandato, si hay voluntad política para resolver de tajo el problema debe desempolvar la documentación, y si no que nos desmienta el presidente de la Comisión Instructora, Iván Pachuca Domínguez  del Partido Acción Nacional. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso local  es “revivir” la re vocación de mandatario, es decir darle seguimiento  y no esperar que el “showman” priista Marco Antonio Leyva Mena, venga de manera sorpresiva a meter ruido anunciando que va a retomar las riendas de la presidencia municipal de Chilpancingo. El Congreso no debe permitir, ni prestarse al juego político del corrupto de Leyva Mena y ya debe reactivar el juicio de revocación de mandato que existe en su contra y del cual  hasta ya hay un dictamen. Preguntamos ¿Qué esperan los diputados? cuando desde el 16 de octubre del 2017, luego de que Leyva Mena solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, la Comisión Instructora se declaró en receso y suspendió el procedimiento que existe en contra de Leyva Mena. Pero ahora que regresó muy retador a las instituciones se le debe aplicar  la ley de manera inmediata, porque de lo contrario  se estarán evidenciando los legisladores de prestarse  al juego perverso del “showman”. Si ya se tiene el dictamen, ya se debe llevar a cabo, y por esa indiferencia, los habitantes,   principalmente de Chilpancingo, no saben a quién dirigirse si al titular o al suplente, porque legalmente Leyva Mena es el presidente municipal constitucional y que ahora se le quiera impedir asumir el cargo por cuestiones políticas,  lo estarían conduciendo a que interponga una controversia constitucional y se las va a ganar con las manos en la cintura. Habría  que recordarles que la demanda de revocación de mandato la presentó en tiempo y forma por los diputados Perfecto Rosas y Rosa Coral Mendoza por la crisis de la basura que vivió la capital del estado, y por ello promovieron un juicio de revocación de mandato en contra de Leyva Mena bajo la acusación de que no ejerció 12 millones de pesos para el saneamiento del basurero municipal de Zumpango donde se depositan los desechos que se generan en la capital. A dicha solicitud de revocación de mandato contra Leyva Mena se sumaron cámaras empresariales y organizaciones sociales y todavía el día de ayer lo volvieron a ratificar con la petición que hicieron entre ellos los de la COPARMEX y CANACO, y fue recibida por Benjamín Gallegos Segura, secretario de servicios parlamentarios de la LXI legislatura local a quien le insistieron que se active la revocación de mandato, auditoría a la administración, ya que existe la  versión de que hay faltantes por cerca de 100 millones de pesos y es más hay otra denuncia penal ante la Fiscalía General del estado, por sustracción de documentación oficial. Con todo eso, todavía vino el cínico descarado  “showman” Marco Antonio Leyva Mena viene a genera caos político en Chilpancingo, como si no fuera suficientes dos  años de desgobierno.