POLICRÓNICA

Masacres…En los dos primeros años del gobierno Astudillista, su sello ha sido de violencia cometida por la delincuencia organizada, entre lo destacable son masacres impunes, y ha quedado en el falso discurso de que se investiga para castigar a los responsables, pero ninguna de ellas ha tenido justicia.

El gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cada día es un fracaso, con magros resultados, mismos que son opacados por la infinidad de hechos delictivos y hasta enfrenta acusaciones de tener tratos obscuros con la delincuencia organizada misma que se ha encargado por diversos medios de señalarlo públicamente de que habría recibido dinero para su campaña en 2015. La violencia imparable ha sido el sello del Astudillismo en los dos años y en curso el tercero de la gestión estatal y todavía cuestionado de tener vínculos con las sombras negras. Eso es lamentable que un gobernador que se jacte de honesto, no logre desvanecer ese imagen que la misma delincuencia se la ha construido. Hasta el día de hoy no hemos escuchado o leído algún contundente deslinde de esos perversos señalamientos. En este espacio en múltiples ocasiones le hemos sugerido a Héctor Antonio Astudillo Flores que si efectivamente no tiene nada que ver con esos delincuentes, pues que fije una postura y se deslinde de una vez por todas de esas afirmaciones de que lo ayudaron con dinero sucio para su campaña en el 2015. Al asumir una actitud sepulcral ante los cuestionamientos públicos mediante narcomantas y en redes sociales, en la práctica no está haciendo nada, por ende  deja entrever que está comprometido, por lo tanto será difícil combatir a sus “benefactores”, y por ello cumplen a cabalidad todas sus sentencias de que van a combatir a sus contras, de que limpiarán de delincuentes, como si ellos fueran la autoridad formal y todo lo que anuncian a través de comunicados lo cumplen al pie de la letra. Ese es parte del escenario en que se está desarrollando el fracasado gobierno Astudillista, ya en su tercer año de ejercicio, y que cada día se le va complicando más. Al no parar la violencia el actual gobernador, y ya entrado en el tercer ejercicio constitucional, en los primeros siete días del 2018, ya tuvo la primera masacre de la cual tendrá complicaciones políticas, más ahora que estamos en periodo electoral. Existen muchas versiones, y todas se contradicen de lo que realmente ocurrió en las primeras horas de ayer domingo en diversas horas en la comunidad rural de La Concepción, de Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco rural, en donde al parecer se desarrolla una feria local en honor a la Santa Patrona. También existen diversas cifras de que hubo 11 y 12 muertos, en dos enfrentamientos. Hay tres versiones de que en el sitio había varias personas conviviendo por festejos de la feria de La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Fue en ese momento cuando un grupo armado arribó y los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) los enfrentaron. La segunda versión indica que antes de las 10 de la mañana al lugar llegó un grupo de unos 30 policías estatales quienes comenzaron a confrontarse verbalmente, se encañonaron con los policías comunitarios y rodearon la comandancia, mientras que los pobladores comenzaron a sonar las campanas de la iglesia para alertar su llegada. Cualquiera que hayan sido los motivos, lo cierto que en esta ocasión están involucrados en la masacre policías estatales y según se habla hasta de 37 detenidos y heridos, no se sabe con exactitud. Confirma Florentino Melchor León, comisario municipal de la comunidad de La Concepción y Humberto Larumbe Comisario, suplente de la misma de que entre las víctimas se encuentran al menos dos familiares del comisario, cuatro civiles y dos policías comunitarios que lidera el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. En la tercera versión, que un joven acudió a la comandancia ubicada en la entrada del poblado y a un costado de la cancha pública, en señal de insulto orinó frente al inmueble. Por ello los policías comunitarios lo detuvieron, pero logró salir de la comandancia por una puerta trasera y corrió a la cancha donde se realizaba un baile. Ahí dio aviso al comisario municipal y otro grupo de gente que estaba armada. Al llegar los dos policías comunitarios fueron recibidos a balazos dando muerte a Ulises García Morales y Eusebio Elasio Martínez, mientras que otro policía comunitario, cuyo nombre se reservó resultó herido en el pie. Se supo que otras seis personas otro grupo murieron en el enfrentamiento, entre ellos el hermano del comisario actual, Alejandro Melchor y su hijo de 16 años de edad. En declaraciones, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que estas provocaciones a las Autoridades Comunitarias son parte de un plan para asesinarlo y señaló nuevamente como responsables al gravillero Humberto Marín y a Mauro Gallegos, además del comisario municipal electo Lucio Méndez Arciniegas quien está detenido por los policías comunitarios, así como el comisario actual Florentino Melchor, quien logró escapar durante el enfrentamiento. El Gobierno de Guerrero a todas luces trata de maquillar los hechos, en la que también resultaron golpeados y robados periodistas de diversos medios de comunicación, mismos que han denunciado y exigido se les devuelva su material, equipo de trabajo y garantías para ejercer su labor informativa. De acuerdo a los propios afectados, los estatales y ministeriales agredieron verbal y físicamente a los reporteros quienes describen como las fuerzas policíacas mataron a tres autodefensas en Guerrero. La agresión  de la policía estatal no solo fue para los comunitarios, sino también para los seis reporteros que cubrían el evento. Para que no hubiera duda, minutos después de la una de la tarde de ayer domingo, mientras se realizaba una conferencia de prensa en Acapulco por parte del Grupo de Coordinación Guerrero, seis comunicadores llegaron al lugar y denunciaron la agresión que sufrieron encabezada por fuerzas estatales. Los reporteros afectados son: Jacob Morales y Carlos Carbajal, del periódico El Sur; Bernardino Hernández, de la agencia Cuartoscuro y AP le arrebataron su material y equipo de trabajo; Francisco Robles, corresponsal del diario Reforma; Héctor Briseño, del periódico La Jornada y Sergio Robles Cisneros, de la agencia Quadratín. Por la masacre ocurrida, como siempre, tardíamente y dando manotazos y palos de ciego de parte del Gobierno estatal, en este caso y como en los anteriores, se inició un operativo de desarme en contra de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), grupo promovido por Marco Antonio Suástegui Muñoz líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), quien estuvo preso durante la administración del defenestrado ex gobernador perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero—quien por cierto anuncia para hoy lunes su retiro a la precandidatura a diputado federal por Ayutla de los Libres-- y liberado el 21 de agosto del 2015. En el operativo, se detuvieron a 30 policías de la CRAC a quienes se les decomisaron 17 armas de uso exclusivo del Ejército, además de que otros tres fueron asesinados por las fuerzas del orden público por presuntamente haberse resistido a la acción oficial. “Se liberaron a dos personas que estos (comunitarios), mantenían privados de la libertad. Dentro del grupo de 30 detenidos se encuentra Marco Antonio Suástegui Muñoz, su hermano Vicente, y todos han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado en Acapulco para las diligencias de ley. Con este hecho ascendió a once el número de personas muertas en San Pedro Cacahuatepec en distintos eventos, cifra que confirmaron las autoridades de justicia en Guerrero. Se espera que no cambien sus dichos las autoridades, pues ya es costumbre, que un día dicen una cosa y al siguiente, otra y como ya es costumbre el fiscal general de Guerrero, Xavier Ignacio Olea Peláez anuncia que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para deslindar a los responsables de los hechos de violencia que han tenido lugar desde las primeras horas del domingo en los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Esta es una más de las masacres que se han registrado durante los primeros dos años del Astudillismo, y entrado en el tercero, para comenzar el año, ya se tiñó de sangre y vamos a escuchar explicaciones torpes de los próceres gobernantes. En ese lugar de Acapulco rural, es la segunda masacre que se registra, el 10 de junio del 2017, producto de la violencia, fue la primera, en la que los Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpieron en cuatro casas de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, donde asesinaron a balazos a tres mujeres, un hombre, un adolescente y un bebé de cuatro meses. Asimismo dejaron heridos a tres menores más, uno de los cuales murió en el hospital, y saquearon, robaron y quemaron una casa. A las 11 de la mañana, los vecinos de las casas ubicadas a unos 150 metros de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional escucharon los balazos. Se indicó que en una de las tres casas baleadas quedaron muertos Amalia, de 37 años de edad y sus dos de sus hijos, uno de 17 años y otro de 4 meses, mientras que su hija de 8 años resultó herida y fue trasladada al hospital. El cuerpo de la mujer quedó en la parte baja de una litera, de donde colgaba una hamaca, donde dormía el bebé cuyo cuerpo no se observó. A su alrededor había dos colchones y ropa tendida. En una casa contigua estaban otros dos cuerpos y en una tercera uno más, que fueron identificados como Carmen, de 24 años; Agustín, de 65 y Mariana, de 45. Todos tenían impactos de bala en el cuerpo, de acuerdo con las declaraciones de los familiares. Por su parte, dos niños, uno de 1 año y otro de 11, que estaban en el patio al momento del ataque, resultaron heridos, pero el más chico murió en el hospital. Es mucho pedir, pero reiteramos, que ya las autoridades estatales ofrezcan resultados, para que no queden impune los hechos, en la que se castigue a los verdaderos culpables. Es inadmisible que ahora hasta los policías estatales se vean involucrados en masacres, demostrando incapacidad para reaccionar en eventualidades de crisis. Con confrontaciones verbales, físicas, y mucho menos con balas nada se resuelve, cuando se supone que la policía está para resguardar el orden, no para agredir o masacrar. El Gobernador Astudillo Flores debe proceder contra caiga quien caiga, y de una vez por todas demuestre que su gobierno no está coludido con la delincuencia que genera violencia y que opera en la impunidad este y otros hechos aberrantes que se han cometido en todos lados, incluido el mismo Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.…Injusticia…Han pasado cuatro largos años y nada de justicia para un par de estudiantes que fuera muertos y atropellados en la región de la Costa Grande. Por esta falta de justicia, ayer sin importar que era domingo, un centenar de estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, marcharon por las calles de Chilpancingo al cumplirse cuatro años de la muerte de dos estudiantes mientras realizaban una actividad de boteo en la carretera federal de Atoyac de Álvarez en la Costa Grande de Guerrero. Minutos después de las 11:00 am, un grupo de estudiantes a bordo de dos autobuses, arribó al monumento a Nicolás Bravo al norte de Chilpancingo y comenzaron una movilización pacífica para exigir justicia por los dos estudiantes de Ayotzinapa arrollados por un tráiler el 7 de enero del 2014. Se tratan de los estudiantes Freddy Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit, quienes fueron arrollados mientras realizaban una actividad de boteo en la carretera Zihuatanejo-Acapulco, a la altura de la colonia Buenos Aires en el municipio de Atoyac de Alvarez. El pasado 10 de enero del 2014, el chófer del tráiler Benjamín Torres Salgado fue puesto a disposición de las autoridades de justicia por la muerte de los dos estudiantes, sin embargo a cuatro años de los hechos no se ha dictado una sentencia. “Venimos a exigir justicia por nuestros compañeros asesinados el 7 de enero del 2014. Sabemos que no se trató de un accidente pues el chófer del tráiler se dio a la fuga hasta ser alcanzado por normalistas y luego policías federales sector camino”, señaló uno de los estudiantes. Ante esta situación los estudiantes de Ayotzinapa marcharon en la capital de Guerrero hasta llegar al zócalo “Primer Congreso de Anáhuac” en donde se realizó un mitin de protesta. Finalmente llamaron a las autoridades de justicia en Guerrero a proceder conforme a derecho en contra del chófer que provocó la muerte de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.…Montador…Unos granjeros de la población de Fordongianus, en Italia, salieron al campo sin imaginar que estaría a punto de ver uno de los más grandes enigmas caninos. Un pequeño perro había trepado a la suave esponjada espalda de una de sus ovejas y se había sentido tan cómodo que paseaba sobre su lomo por toda la colina. Mientras el perro se paseaba plácidamente en su cama mobible y mantenía magistralmente el equilibrio, a las demás ovejas parecía no sorprenderles el intruso canino, y se comportaban de manera normal, pastando y conviviendo en manada. Granjeros de todas partes del mundo suelen emplear perros para cuidar a sus manadas de ovejas. Por siglos, los perros han realizado estas labores de pastoreo corriendo, ladrando y mordiendo los talones de estos animales. El nivel de convivencia entre los perros y las ovejas es tal, que los caninos son capaces de guiarlas. Sin embargo, este perro parece haber perdido su papel de perro ovejero. Los granjeros grabaron la evidencia con un smartphone y compartieron el video en Internet. “El día de hoy nuestra oveja estuvo acompañada de un nuevo amigo peludo”, escribieron.El incidente ocurrió en diciembre pasado y desde entonces la grabación le ha dado la vuelta al mundo.