NOTA

No resuelve corrupción
la reforma al P. Judicial
Luis Jijón León.--La iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de impartición de justicia presentada ayer ante el Congreso no resuelve el problema de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que persiste en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sus magistrados, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García
quien insistió en la necesidad de la refundación del Poder Judicial.
El pasado miércoles el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez presentó ante el Congreso local una iniciativa que propone entre otras cosas, un nuevo marco constitucional que fortalezca al Poder Judicial, dar autonomía al Consejo de Judicatura, y que los magistrados sean designados por el Congreso a través de una convocatoria abierta, concurso de oposición y consulta ciudadana, cuidando los criterios de la carretera judicial.
En entrevista telefónica el abogado calificó dicha iniciativa como “parcialmente correcta” realizada desde el aspecto jurídico, pero el problema del Poder Judicial no es un asunto de leyes ni de legalidad, sino un asunto de fondo, dijo.
“El Poder Judicial ya tocó fondo, al Poder Judicial lo embargó la corrupción, el nepotismo que se padece al interior”, dijo.
“El problema del Poder Judicial no es de leyes, con las leyes que tenemos se podría sacar adelante. El problema son los que están al frente del Poder Judicial, los que se sienten amos y señores, ese es el problema la falta de autoridad moral para impartir justicia”.
Los magistrados están carcomidos por la corrupción, por el nepotismo, y el Poder Judicial no va a cambiar hasta que se vayan los magistrados, “pude ser bien vista la iniciativa, podemos decir que es parcialmente correcta, pero no resuelve el problema de fondo”, dijo el abogado.
En 2015 el colegio de abogados de Chilpancingo interpuso ante el Congreso local un juicio político contra los magistrados del TSJ, y plantearon la necesidad de la refundación del Poder Judicial, sin embargo, hasta el momento dicho juicio permanece en la “congeladora” del poder Legislativo.

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