PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Profunda reforma
del corrupto TSJ

Luis Jijón León.--En medio de las denuncias de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, y mala calidad de la impartición de justicia que han hecho colegios de abogados y defensores de derechos humanos en contra del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sus magistrados, en el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa de decreto por medio de la cual se reforma la Constitución local en materia de impartición de

justicia.
Se propone entre otras cosas, que la designación de magistrados esté sujeta a convocatoria abierta, concurso de oposición y consulta ciudadana.
La iniciativa fue presentada ayer miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente por el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez, quien dijo que no existe instancia alguna que revise, evalúe y sancione al TSJ: los magistrados son intocables, afirmó.
Propuso un nuevo marco constitucional que fortalezca al Poder Judicial para que configure un esquema real y coherente del equilibrio entre los poderes públicos.
Además de dar independencia y autonomía al Consejo de la Judicatura para que sea una instancia real de seguimiento, administración, profesionalización, evaluación y disciplina del Poder Judicial, que garantice las condiciones necesarias para el desempeño correcto de la función jurisdiccional en la impartición de justicia.
Durante su intervención, el diputado dijo que a la pobreza, marginación y violencia, se suma en Guerrero “tener que sufrir las consecuencias de una más que deficiente, literalmente dolosa, procuración e impartición de justicia, que nos conduce a una situación de impunidad convirtiéndonos en sobrevivientes de nuestras propias instituciones”.
Rosas Martínez expuso que el actual procedimiento para la integración del Poder Judicial no responde a un sano equilibrio de los poderes públicos, convirtiéndose en el otorgamiento de espacios acordados entre el titular del Ejecutivo y el propio Congreso local.
“La falta de absoluta transparencia, máxima publicidad y estricta participación ciudadana en los procedimientos de nombramiento, niega la legitimidad de sus autoridades y niega la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, dijo.
Expuso que no existe instancia alguna que revise, evalúe y sancione al TSJ, los Magistrados son intocables y no están sujetos a evaluación por ninguna instancia.
“Y esto es así porque en el fondo, y por la vía de los hechos, la estructura de funcionamiento del Tribunal y de todo el Poder Judicial en su conjunto, está diseñada para preservar privilegios y espacios de poder en un esquema centralista bajo la tutela de la figura de su presidente”.
Dijo que el Consejo de la Judicatura -que encabeza el presidente del TSJ, Alberto López Celis- a como está integrado, no cumple a profundidad y cabalidad con las funciones de administrar, vigilar, evaluar, disciplinar y profesionalizar el Poder Judicial. Además de que es juez y parte.
“Porque su conformación es producto de una perversa distribución de espacios de poder. El Consejo es juez y parte; no goza de la autonomía suficiente para garantizar objetividad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
Ante dichas irregularidades, la iniciativa de decreto presentada por el diputado propone: otorgar al Congreso local, la facultad de nombramiento de magistrados del TSJ y del Tribunal de Justicia Administrativa.
Que la designación de los magistrados se realice por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta del Consejo de la Judicatura y sujeta a convocatoria abierta, concurso de oposición y consulta ciudadana, cuidando indispensablemente los criterios de la carrera judicial.
Se propone que el Consejo de la Judicatura se integre con siete consejeros-actualmente son cinco-tres de los cuales deberán contar con carrera judicial, designados de manera escalonada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, sujeto a convocatoria abierta, concurso de oposición a cargo del Instituto de Formación Judicial, e indispensable consulta ciudadana; durarán en su encargo cinco años y no podrán ser reelectos.
Se elimina la posibilidad de que las decisiones del Consejo de la Judicatura puedan ser recurridas. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas.
Además, se otorga la facultad al Consejo de Judicatura para nombrar y, en su caso, ratificar en su encargo a los jueces de primera instancia; así como otorgar facultades para adscribir y remover a los jueces y magistrados; nombrar y remover no solo al personal de confianza y administrativo del Consejo sino también a los secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas, auxiliares y demás personal del Poder Judicial.
Se le otorgan facultades para iniciar de oficio y a petición de parte o de particulares, investigaciones e imponer sanciones sobre la conducta de magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, conforme a la normatividad aplicable.
Entre otros aspectos se otorga al Consejo la facultad de administrar y ejercer el presupuesto de egresos, así como elaborar y presentar la cuenta pública anual del Poder Judicial en su conjunto.
El diputado dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Consejo de la Judicatura en el estado, en el año de 2016 se cometieron 1 millón 305 mil delitos, se denunciaron 36 mil 500, de éstos, se investigaron 19 mil 400 y, de éstos últimos, solo se consignaron mil 454. “Lo que nos pone en una situación sumamente crítica en materia de procuración de justicia”, expuso. (bajopalabra.com.mx).