NOTA

Impunidad y violencia afecta a
defensores y periodistas:ONU

CIUDAD DE MEXICO.--En su informe acerca de la situación de quienes defienden los derechos humanos, el relator especial de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst expresó una grave preocupación por el contexto actual de impunidad y violencia en México, que afecta gravemente a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas.
Las alegaciones de comunicaciones MEX 2/2017, MEX 3/2017 y MEX 9/2017, son ejemplos representativos de los altos niveles de violencia e inseguridad observados por el Relator Especial en su visita a México, y del efecto disuasivo que tienen para quienes defienden los derechos

humanos en el país.
El Relator indicó que el principal obstáculo para la protección de estas personas son las fallas sistemáticas en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos, que resultan en impunidad en la mayoría de los casos.
Asimismo, la ineficacia en la prevención del delito y en las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos contribuye al grave entorno de inseguridad que se vive en México.
Un nivel continuo y elevado de impunidad legitima los actos de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, paralizando su labor e interfiriendo con el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
En este contexto de impunidad, en México las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a actores privados, tales como grupos del crimen organizado y empresas que actúan al amparo de autoridades débiles, corruptas o infiltradas, tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal.
En ese sentido, Michel Forst urgió al gobierno de México a fortalecer sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia, no mediante el aumento del número de efectivos o el empleo de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, sino mediante la implementación de medidas efectivas para erradicar la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, y el poder judicial.
El Relator llamó a las autoridades mexicanas a asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social, y a revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares.
El Relator Especial hizo énfasis también en el hecho de que los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos a menudo se basan en el género y, por lo tanto, las defensoras enfrentan amenazas particulares de violencia física y homicidios no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su condición de ser mujer.
En este sentido, el Relator Especial le recuerda al Gobierno su compromiso con el artículo 12 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de proteger a esos defensores, incluyendo “velar por que las necesidades de seguridad específicas de las mujeres se traten con la sensibilidad debida a las condiciones de género y que cuando se conciban mecanismos de protección se solicite la participación y la colaboración de las defensoras”.