POLICRÓNICA

41…Los padres de familia de los 43 normalistas  de Ayotzinapa desaparecidos están cumpliendo 41 meses, confiesan estar cansados, enfermos, pero continuarán con la búsqueda de sus hijos hasta encontrarlos vivos o muertos, pese a que el presidente de México en voz baja ha afirmado que ya están muertos.

El pasado 26 y 27 de febrero con diversas movilizaciones en diversas partes de la entidad suriana, del país y hasta del extranjero,  cumplieron tres años y cinco meses sin cesar y  sentencian los paterfamilias que continuarán, pese al cansancio y enfermedades que enfrentan. A 41 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”,  los padres y madres de familia acompañados solidariamente por organizaciones, sindicatos y magisterio llevaron a cabo una nueva jornada global, para exigir su presentación con vida. Hasta el día de hoy el Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), públicamente no ha oficializado de la muerte, solo lo ha externado en voz baja, por ende los medios, sobre todo los impresos lo han reproducido. Los días 26 y 27 de cada mes, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos encabezan diversas protestas, tendientes a que no se pierda ese espíritu de lucha, lo mismo  están en la Ciudad de México, que en ciudades del estado de Guerrero, inclusive han hecho caravanas en el extranjero. Las últimas acciones  de los padres y madres ocurrieron hace tres días en la Ciudad de México,  en la que estuvieron en la movilización junto con activistas, tras una serie de caravanas que recorrieron tres zonas del país, Chilpancingo e Iguala de la Independencia para rememorar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la Ciudad de Iguala de la Independencia. En la capital del estado de Guerrero, los secretarios generales del STAUAG, SUTCobach, CETEG, Sección 18 del SUSPEG y miembros de la APPG, se dieron cita en el monumento a Las Banderas donde se encuentra el antimonumento en memoria de los 43 desaparecidos, donde realizaron un mitin y bloquearon de manera parcial la Avenida Lázaro Cárdenas. Los días lunes y martes de la presente semana y hasta el día de hoy continúan los paterfamilia en su incansable lucha de búsqueda. Los dirigentes sociales  no han abandonado, se han sumado a la exigencia de los padres, de que la Procuraduría General de la República atraiga las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que fue la consigna a lo largo del año pasado y lo que va de este. Además demanda que se abra una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería, dado que la noche de Iguala del 26 y madrugada del 27, estuvieron presentes en casi todos los lugares donde fueron agredidos los estudiantes de Ayotzinapa. Además, como es del conocimiento público, los militares tomaron fotografías, videos, generaron documentos y otros datos de pruebas que no han sido aportados a la investigación, sin pasar por alto que el Ejército operaba el Centro de Control Comando y Cómputo (C4) de Iguala de la Independencia. De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación del GIEI, indican que por lo menos 25 estudiantes fueron llevados a Huitzuco, en cuya detención participaron elementos de la Policía Federal, Municipal, Ministerial y del Estado. Sobre esta hipótesis, desde febrero de 2016, los padres y abogados han presentado elementos para la detención de estos policías, pero ninguna autoridad ha actuado. Los padres afirman también que desde abril de 2016, la PGR está analizando más de mil teléfonos, 17 de ellos pertenecen a estudiantes desaparecidos, cuyo análisis y conversaciones obtenidas han sido ocultados a los padres y madres de los normalistas. Otras pruebas halladas en las investigaciones independientes, revelaron que el principal móvil de la agresión a los estudiantes tiene que ver con el trasiego de droga que el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, llevaba a cabo de Iguala de la Independencia a Chicago. Al cumplirse 41 meses, existe el compromiso de las organizaciones  sociales en unificar las luchas en los hechos y llamaron a que las próximas movilizaciones sean de manera conjunta, para continuar expresando el rechazo a las reformas estructurales, y principalmente la Reforma Educativa y la Ley de Seguridad Interior. Es parte de los planes de lucha a desarrollar, pero siempre por delante la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras eso sucede en torno a la exigencia de la presentación con vida o muertos de los 43 desaparecidos, el pasado 12 de enero del 2018, en la ciudad de México se desarrolló un evento encabezado por el  presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI),  la académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosaura Martínez, es hija de Salvador Martínez de la Roca (“El Pino”), quien fuera secretario de Educación en Guerrero durante el tiempo en que Salvador Rogelio Martínez se desempeñó como gobernador. Ese día la catedrática portó una playera con la leyenda “Nos faltan 43” al recibir el premio en Investigación en Humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias, de manos del presidente Enrique Peña Nieto, señaló que éste le aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala de la Independencia el 26 y 27 de septiembre del 2014, están muertos y que se trata de un caso cerrado. “Tuve una breve conversación con el señor presidente, me dijo que desgraciadamente él cree que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fallecieron y me parece que es evidente que si el gobierno de la República hizo este acuerdo de asistencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nombró a este grupo de expertos (…) este informe descarta el incendio de Cocula y propone nuevas líneas de investigación. Me parece fundamental que el gobierno mexicano esclarezca esas líneas de investigación”, relató. La investigadora reveló que, al concluir el acto de  ese 12 de enero, el mandatario bajó del estrado y saludó a todos los premiados y “ahí es cuando me saluda a mí, dice que él lo siente mucho, pero él considera que han fallecido… Afirma que fallecieron”. Posteriormente, entrevistada por Carmen Aristegui  en su programa en la cadena de televisión CNN, la doctora indicó que “hay muchas muestras de que así es pero hay que saber cómo fue y quiénes fueron responsables (…) y me parece grave que este caso parece cerrado, el señor presidente lo maneja como caso cerrado pero no es así, hay deuda con el grupo de expertos, con los padres y con nosotros”. Rosaura Martínez indicó que su preocupación para que se esclarezcan los hechos, pues mientras esto no pase, a los padres se les estará negando su derecho político a la verdad y el duelo. “Mientras no se esclarezcan los hechos y no se muestre la verdad los padres estarán en un permanente estado de melancolía”.Tiene razón la investigadora, pero también es cierto que  ese tipo de comentarios prácticamente los hace en voz baja el presidente Peña Nieto. Si realmente está seguro de ello, porque no lo ha hecho oficial a través de la Procuraduría General de la República y dar el caso por cerrado. Pero también el compromiso que debiera asumir el mandatario nacional, es entregar los 43 cuerpos de los jóvenes, para que sus familiares ya no los sigan buscando y darles cristiana sepultura. Mientras no se tenga la información certera, y Peña Nieto siga  escurriendo ese tipo de comentarios de que ya están muertos los 43, es una actitud de irresponsabilidad, porque se supone hay una PGR que respalde los dichos del presidente. Entonces estamos frente a un hecho que oficialmente nada se sabe, por ello continua la lucha de los padres y madres de los 43.…Delincuencia…No se puede tapar el sol con un dedo, como lo intenta hacer el encargado de la seguridad pública en Chilpancingo, la delincuencia está a la orden del día. No hay para donde, los ciudadanos de la capital de Guerrero, ya no tienen opción de vida si quieren seguir aquí, es aguantar que todos los días y a todas horas los asaltos, robos, levantones  y asesinatos. Aunado desde hace casi dos meses están 120 policías municipales disque en investigación, es decir el pueblo los está manteniendo  sin que desquiten el salario, todo porque algunos de ellos, están involucrados en la desaparición forzada de siete personas en el mes de diciembre. Nos resistimos a creer que sean los 120 preventivos estén involucrados, en tanto la Fiscalía General del estado, no ha terminado de hacer la respectivas investigación, que nos parece muy prolongada, y dejar a la capital de Guerrero sin seguridad pública municipal. Supuestamente ahora la seguridad está a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que en verdad no se refleja en nada. Los que significa que los capitalinos y los surianos están pagando doble salario, para los 120 elementos que están disque arraigados por una investigación y los del estatal, supuestamente haciendo labores de vigilancia. Como se recordará desde el 4 de enero a la fecha, prácticamente está paralizada la actividad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,  tanto que hasta ya renunció el titular, Esteban Espinosa Montoya, es el principal sospechoso de la desaparición de los siete jóvenes, algunos de los terrenos de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo y otros más en diversas partes de la capital del estado. A raíz de la presión ciudadana se logró que los elementos preventivos fueran sacados  de circulación de la calle, y en casi dos meses no hay ningún avance ni de la investigación, mucho menos del paradero de los desaparecidos. En tanto la inseguridad pública está a la orden del día durante las 24 horas en Chilpancingo, inclusive bandas filmadas por cámaras de seguridad de casas y comercios particulares. Ahí están las evidencias, en este vespertino los hemos publicado y también circulan en las redes sociales, y la autoridad policiaca simplemente, busca justificar su inutilidad. Si no lo creen, leamos las declaraciones del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Chilpancingo, Paulino Molina López, al justificar su inútil trabajo, al aseverar que en  la capital del estado de Guerrero no ha fallado la estrategia de seguridad, y los robos que se han denunciado en las escuelas, son acciones de delincuentes del fuero común “para hacer quedar mal a las autoridades municipales”. Esa es la kilométrica farsa del jefe policiaco, cuando debería  dejar el cargo antes de que lo ratifiquen, porque ya descubrió que el tema de la inseguridad no es un juego de policía y ladrones, sino es una cosa seria que requiere de pantalones bien puestos y enfrentar a la delincuencia de manera decidida. Cuando se le cuestionó al policía estatal y encargado de despacho se negó a opinar sobre los homicidios que se siguen registrándose en la ciudad, y argumentó que a ellos solo les corresponde la prevención del delito. Pues es necesario contradecirle, que ni a eso llega  a ofrecer a la ciudadanía Molina López, su declaración es una tomadura de pelo, pues el  jueves de la semana anterior, padres de familia de tres escuelas de nivel básico, ubicadas en la parte alta de la colonia PRD, se reunieron y acordaron exigir seguridad de manera inmediata ante los cotidianos robos en las instituciones. El domingo por la noche registraron el último robo a las escuelas y toda en medio de esto,  Molina López dijo que realizan recorridos y visitas en las escuelas, pero analizan cómo reforzar la seguridad con más agentes de la policía estatal para brindar seguridad directa a los planteles educativos. Para que no haya duda de su improvisación como jefe policiaco afirmó: “En materia de seguridad lo que es de nuestra parte se están proporcionando los recorridos, patrullajes, inclusive he mandado oficiales para que se pongan en contacto con los directores para que sepan que están haciendo acto de presencia. Todo lo que está dentro de nuestra posibilidad lo estamos haciendo”. Estas afirmaciones se caen por sí mismo, por un lado, no son patrullajes, son paseos de policías por toda la ciudad gastando la tan cara gasolina sin resultados, porque no hay prevención del delito, porque en pleno centro y a plena luz de día son asaltos los ciudadanos y hasta han matado a los delincuentes como el sucedido la semana pasada precisamente en la avenida Lázaro Cárdenas. En cuanto van a ponerse a las órdenes de los directivos de las escuelas esas es otra falacia del jefe policiaco, esa no es la función, sino que se pongan a trabajar para que la comunidad estudiantil, los padres de familia, profesores definitivamente tenga tranquilidad y seguridad para realizar sus actividades. Llegan al extremo de cinismo,  Molina López, se le cuestionó ¿Está fallando la estrategia de seguridad?, la respuesta fue: “No lo considero así. Lo que creo es que son delincuentes comunes que están haciendo esto (los robos) únicamente para hacer quedar mal a las autoridades del municipio. Pero hoy policías del estado se están haciendo cargo de la seguridad en el municipio estamos tratando de reforzarnos y dar una solución mucho mejor”. Otro reclamo, el  lunes el personal docente del Jardín de Niños, Ignacio Manuel Altamirano ubicado en la parte alta de la colonia PRD, suspendieron clases luego de que registraran el tercer robo en el mes al plantel. Robaron también una escuela primaria y otra más secundaria ubicadas en la misma colonia. En un mes de trabajo del jefe policiaco, todavía no tiene ningún diagnóstico de las zonas conflictivas, ni siquiera le estamos exigiendo que combata a la delincuencia organizada, sino lo domestico, la prevención del delito y con esto los ciudadanos se darán por servidos. Paulino Molina López fue designado encargado de despacho el 25 de enero, luego del desarme y acuartelamiento de la policía municipal, quienes se encuentran bajo investigación por sus posibles vínculos con la delincuencia los 120 policías estatales quedaron a cargo de la seguridad de Chilpancingo.…Debates…Ya están confirmadas las fechas, ya no hay cambios, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los temas, las sedes y fechas de los tres debates entre candidatos a la Presidencia de la República, dos de los cuales deberán ser transmitidos por radio y televisión en forma obligatoria. En sesión ordinaria el día de ayer miércoles, se determinó que el primero de esos ejercicios se realizará en la Ciudad de México el 22 de abril y abordará como tema central “Política y gobierno”. Los subtemas serán “Combate a corrupción e impunidad”, “Seguridad pública y violencia”, así como “Democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad”. El segundo, el 20 de mayo, en la ciudad de Tijuana, Baja California, tendrá como tema principal “México en el mundo” y como subtemas “Comercio exterior e inversión”, “Seguridad fronteriza” y “Combate al crimen trasnacional y derechos de los migrantes”. El tercer debate se realizará en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 de junio y como tema vertebral tendrá “Economía y desarrollo” y como subtemas “Crecimiento económico, pobreza y desigualdad”, “Educación, ciencia y tecnología”, así como “Desarrollo sustentable y cambio climático”. El primero de los debates que se realizará en la Ciudad de México tendrá como sede el Palacio de Minería, el segundo el Campus Tijuana de la Universidad de Baja California y el tercero en el Gran Museo del Mundo Maya de la ciudad de Mérida. El consejero Marco Antonio Baños recordó que el segundo debate coincidirá con el día de la final de liga de fútbol mexicano, por lo que planteó que este asunto se deberá definir. Los consejos aprobaron que habrá de dos a cuatro moderadores, para lo cual la consejera Dania Ravel propuso que haya equidad de género en la elección de éstos. En el acuerdo se retiró la propuesta de que la transmisión del primer debate en la Ciudad de México no fuera obligatoria para los concesionarios de radio y televisión, por lo que se turnó a la Comisión de Radio y Televisión para que evalúe el tema. Los criterios aprobados señalan que los debates entre candidatos presidenciales tendrán una duración de entre 90 y 120 minutos, dependiendo del formato final de cada uno y el número de participantes registrados. Además la interacción entre candidatos será en un espacio de discusión libre, mientras los moderadores buscarán propiciar el diálogo entre éstos y su intervención podrá emplearse para hacer más dinámico esos ejercicios. Los debates buscan garantizar el involucramiento de la ciudadanía, por lo que se establecerán formas de participación como encuestas o sondeos de opinión, la participación de público y/o a través de redes sociales. Además incluirán intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas como un elemento fundamental en la producción y la transmisión televisiva de cada uno.