NOTA

ONG:Ampliar medidas
cautelares a un pueblo

Debido a las amenazas de policías comunitarios de Tlaltempanapa en contra de habitantes de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Chilapa de Alvarez, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, está solicitando al gobierno federal y estatal la ampli

ación de las medidas cautelares del pueblo.
A través de un comunicado de prensa entregado a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, emitido por el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, recordó que los presuntos comunitarios denominados “Por la Paz y la Justicia”, se han adjudicado los siete asesinatos en contra de habitantes de Quetzalcoatlán, ambos en el municipio de Zitlala.
El pasado 24 de marzo, uno de los comunitarios pidió al grupo de desplazados-retornados, que pidieran la salida de la Policía Estatal que los cuida como parte de las medidas cautelares, de lo contrario la guardia armada irrumpiría en Quetzalcoatlán para sacar a los policías y a familias.
La ONG ha pedido en reiteradas ocasiones la ampliación de las medidas cautelares, sin embargo, no han recibido respuesta de los gobiernos estatal y municipal, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside el aguirrista Ramón Navarrete Magdaleno.
“Ante esta situación hacemos un llamado enérgico a las autoridades, pues desde julio del año pasado el Centro Morelos ha manifestado la importancia de ampliar las medidas cautelares para que estas no queden solo en el resguardo y acompañamiento policiaco cuando tienen que acudir a la cabecera municipal o a la capital del estado evitando pasar por la comunidad de Tlaltempanapa, sino que se protejan todos sus derechos humanos”.
 “La Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y sobre todo el ayuntamiento municipal de Zitlala han hecho caso omiso a las peticiones de la comunidad”, señala la ONG.
Desde el mes de marzo del 2016, las 16 familias de Quetzalcoatlán de las Palmas se encuentran secuestradas por un grupo armado que bajo el disfraz de policía comunitaria, los acecha en el poblado vecino de Tlaltempanapa.