jueves, 26 de abril de 2018

NOTA

No al albazo de la Ley
de la Fiscalía General
Javier Francisco Reyes.--A escasos días de finalizar el periodo de sesiones de la actual Legislatura del Senado de la República y tomando en consideración el contexto político-electoral, se pretenda aprobar una Ley de la Fiscalía General, que no responda a las necesidades del país ni al sistema penal acusatorio, aunado a la ausencia de un proceso previo, plural y abierto de discusión, basado, ent
re otros, en el dictamen ciudadano antes referido.
La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, recibió en su redacción la tarde de hoy una copia de la carta que el colectivo Fiscalía Que Sirva entregó el día de hoy al Senado de la República ante la posible aprobación al vapor de la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República.
Explican que a la ciudadanía le urge la creación de la Fiscalía General, sin embargo tal urgencia no puede ser a costa de un proyecto de ley orgánica inadecuado y que redunde en los males que se quieren eliminar. Aprobar una legislación no razonada ni discutida ampliamente con la ciudadanía y los actores interesados, ignorando las propuestas técnicas como la de los aquí firmantes, representaría una negativa a escuchar la voz de la sociedad civil y transparentar el proceso de construcción de la nueva Fiscalía, perpetuando en cambio, un modelo fallido de procuración de justicia.
Tenemos claro que la transformación del sistema debe llevar un orden, sin el cual no podemos pretender conseguir los resultados esperados: 1) Una reforma integral al artículo 102, A, constitucional; 2) La creación de la Ley de la Fiscalía General de la República, en base al modelo constitucional establecido; 3) La designación del Fiscal General de la República; 4) la etapa de transición y diseño institucional.
Insistimos en que no existen actualmente las condiciones de aprobación de ley de la Fiscalía General de la República, y que dar cauce a la iniciativa publicada el 23 de septiembre de 2014, sería un acto irresponsable y contrario a los principios democráticos.
Las modificaciones al marco normativo que fundamentará a una de las instituciones más importantes del país, como lo es la Fiscalía General de la República, requieren de un proceso de trabajo previo y organizado, que no debe supeditarse a los tiempos ni intereses políticos.
Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 39, 40 de la Constitución mexicana, artículos 1.1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigimos que no haya albazo en un tema tan delicado para el país, como la transformación de la institución de procuración de justicia.

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