jueves, 21 de junio de 2018

PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

No protege a mujeres
gobierno de Astudillo
--De 2014 a 2017 Guerrero sólo investigó 8% de los asesinatos de mujeres como feminicidios
-A un año de la Declaración de AVG,  crimenes a la alza, agresores incrementan crueldad y saña
Javier Francisco Reyes.—El gobierno que preside Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) minimiza los feminicidios al no investigarlos, y los considera “muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico”, además en los últimos tres años han matado a 591 de los cuales solo se inició su investiga
ción en 48 que representa el 8 por ciento, en tanto a nivel nacional fueron privadas de la vida
8,904 mujeres.
La mañana de hoy jueves, se dio a conocer lo anterior, por el Observatorio Feminicidio Nacional del Feminicidio (OFNF) durante la presentación informe Guerrero, Implementación de tipo penal de femicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, realizado en la sala de maestría de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Chilpancingo.
Se reconoció “Si bien el Estado de Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, actualmente es el estado que menos acredita el delito, a pesar de que  la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres lo ubicó en el segundo lugar de mayor asesinatos de mujeres en el 2016.
Asimismo, el Grupo de Trabajo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) -coordinado por la CONAVIM-reconoció el contexto criminal que impacta negativamente en la vida de las mujeres guerrerenses.
También se puntualizó que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” identificó de 2014 a 2017: 591 asesinatos de mujeres, de los cuales en 47 casos se inició una investigación como feminicidio, es decir sólo el 8 por ciento.
Señala  el informe que desde su fundación en el año 2007 el OCNF únicamente recibió datos oficiales del estado de Guerrero en 2012 y 2013 y fue hasta el Informe de la AVG que se pudo conocer información de los asesinatos, feminicidios y algunas de sus características, sin que estas fueran desagregadas.
En detalle, de 2011 a 2016 se informó que la mayoría de las mujeres víctimas era de 11 a 30 años de edad (67 casos), es decir, la edad reproductiva de las mujeres.
En cuanto al estado civil de las víctimas la mayoría (55) eran mujeres solteras. Respecto a su ocupación, la mayoría (68) eran trabajadoras, empleadas o profesionistas. Y en cuanto a la escolaridad la mayoría contaba con educación básica.
El documento del Organismo No Gubernamental, sostiene que  la saña y agudización de la violencia son las principales características en las causas de muerte de las mujeres asesinadas en este periodo. En 61 casos fueron brutalmente asesinadas, a través estrangulación, asfixia, golpes, inmersión en líquido y arma blanca.
Con estos datos oficiales permiten identificar -entre otras cosas- que el gobierno estatal de Guerrero que preside el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, no está acreditando el delito,  por el contrario minimiza la problemática al considerar que “muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico”, lo que provoca la invisibilización de los feminicidios, al no investigarlos como tal.
Ante esto, al OCNF le preocupa que, al ser Guerrero un estado reconocido por su nivel de violencia y con un alto índice de población indígena, la postura de las autoridades no sea consecuente.
En cuanto al protocolo de investigación del estado de Guerrero este se emitió en 2017 y en el se especifica que: “toda muerte violenta de una mujer en el que se evidencie un componente sexual directo o simbólico debe considerarse un feminicidio”.
Si bien una de las razones de género contempladas en el tipo penal es: que la víctima presente señales de violencia de cualquier tipo, dicha razón de género no se refiere a que derivado únicamente de ello, el hecho debe considerarse un feminicidio. Tampoco debe considerarse o entenderse que solamente las muertes violentas con componentes sexuales deben considerarse un feminicidio.
También se dio a conocer, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, establece que: toda muerte violenta, incluidos los suicidios, y algunos accidentes deben iniciarse como probable feminicidio.
Explicaron que el hecho de que la muerte sea violenta y la víctima sea niña o mujer, es el principal estándar para iniciar la investigación como probable feminicidio; y por lo tanto se deberá aplicar el Protocolo, así como las diligencias específicas para acreditar las razones de género, contrario a lo que señala el Protocolo de Guerrero, el cual, a pesar de haberse emitido dos años después de dicha sentencia, no incorpora los estándares establecidos en ella para la correcta acreditación de las razones de género contempladas en el tipo penal.
En el informe se estableció que Guerrero desde su primera tipificación, tipificó mal el delito debido a que los elementos para su acreditación eran subjetivos y algunos de ellos se supeditaban a la acreditación previa de otros delitos.
Para ilustrar la aseveración,  la ONG puso como ejemplo, exigía, que la privación de la vida se cometiera “para ocultar una violación”, entre otras. Fue hasta el 2014 cuando se homologo al tipo penal federal, aunque eliminó la hipótesis sobre el estado de indefensión de la víctima.
A nivel nacional en el Informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”, se documentó el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales 2,188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%. Dicho Informe fue realizado por el OCNF, red conformada por 40 organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos.
Frente a las omisiones de las autoridades, que de realizarse podrían garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hace un llamado a las autoridades del Estado de Guerrero para que a la brevedad:
1.-La Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluyendo los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado.
2.-Cree e implemente una Unidad Especializada de Análisis y Contexto, que fortalezca las investigaciones e identifique los diversos modus operandi, patrones y situación de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios en el estado. Y que está sea vinculante a lis Ministerios Públicos.
3.-Actualice su protocolo de investigación del delito de feminicidio, bajo los criterios de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima, con la finalidad de acreditar las razones de género.
4.-Que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que estos se investiguen de manera oficiosa.
5.-Se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales.
6.-El estado cuente con un banco de datos actualizado y proporcione la información de manera completa y desagregada que permita generar políticas públicas de atención, prevención y sanción para erradicar el delito de feminicidio.
7.-Se conforme un comité de evaluación de la implementación del protocolo de feminicidio en el que participe la sociedad civil experta en el tema.
EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL RECOMENDAMOS:
1.-Que se reforme el Código Penal donde condiciona la denuncia para dar la atención inmediata a las víctimas de violencia sexual por parte de la Secretaría de Salud, lo que no significa que la Secretaría de Salud esté obligada a notificar sólo al Ministerio Público.
2.-La profesionalización del personal de salud para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual.
3.-Derogación del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.
4.-Correcta aplicación de la NOM 046.
En el marco del primer aniversario de la Declaratoria de Alerta de Género de Violencia de Género, que mañana 22 de junio de 2018 cumple un año de haber sido emitida, el Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio anunciamos que frente a la omisión de las autoridades, solicitaremos la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado para el Estado de Guerrero.

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