NOTA

Atora Peña N. crear la
Comisión en tribunales

Jorge Carrasco Araizaga.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa se mantiene en un limbo jurídico, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto logró que un tribunal unitario resolviera que existe imposibilidad jurídica y material para la creación de est

e ente ordenada por un tribunal colegiado.
El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió un fallo a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en un recurso en el que el Ministerio Público Federal reclamó como exclusiva la facultad constitucional de investigación de los delitos federales.
“Fue un incidente excepcional” el promovido por la PGR para tratar de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a Apro el académico y litigante constitucional Sergio Charbel Herrera.
La SCJN podría atraer el caso, pero no para revisar el fondo de la sentencia del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, sino para ver si en efecto se puede o no cumplir ese fallo, añadió.
La PGR alega que, por mandato constitucional, a ella le corresponde la investigación de los delitos federales, por lo que no pueden ser delegados a una Comisión de la Verdad integrada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además de la PGR, ese fallo fue combatido como imposible de cumplir por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, así como por la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Víctimas.
El martes 17, la SCJN pidió al tribunal unitario que le enviara las solicitudes de revisión extraordinaria promovidos por la PGR.
Antes, el lunes 9, el máximo tribunal de justicia del país informó a la PGR que en ese momento carecía de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión.
Si ese fallo no se cumple, la SCJN podría intervenir para revisar si en efecto hay imposibilidad constitucional para su incumplimiento. (proceso.com.mx).