POLICRÓNICA

Comunitarios…Pese a los asesinatos de personas inocentes cometidos por los supuestos Policías Comunitarias, y violentando la Ley 701, los casos más evidentes en el corredor Petaquillas-Xaltianguis, el Gobierno estatal Astudillista se mantiene indiferente, dos casos se presentaron en los últimos días.

Los grupos armados civiles violentan normas y las leyes, entre ellos Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ésta es para las zonas étnicas, no para para cualquier región del estado de Guerrero, por ello urge actualizarla y aplicarla sin miramientos de ningún tipo. Se sabe que ya está la iniciativa de ley en LXI legislatura local para armonizarla con el artículo 14 de la Constitución Política del estado de Guerrero. Las diversas expresiones armadas de civiles que se dicen Policías Comunitarios con diferentes nominaciones de organizaciones violentan la ley, y los casos más evidentes son los que se registran en el corredor Petaquilla, municipio de Chilpancingo y  Xaltianguis, municipio de Acapulco en donde se han registrado infinidad de hechos de sangre cometidos por los supuestos Policías Comunitarios, que en realidad no están para ofrecer seguridad, sino para garantizar la inseguridad, inclusive muchas de las veces también demandan al gobierno estatal y federal que también a ellos los cuiden, es en verdad una incongruencia. El Gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lejos de aplicar la ley, se ha hecho el occiso, no obstante que están documentados varios hechos delictivos. Los últimos hechos condenables, ocurrieron apenas el pasado jueves por la tarde cuando los presuntos Policías Comunitarios con presencia en Petaquillas, municipio de Chilpancingo, detuvieron y golpearon a uno de los cuatro jóvenes que se transportaban en una camioneta, todo porque no se pararon a dar su “cooperación voluntaria”, los balearon, por lo que los obligaron a parar la marcha y los bajaron a punta de golpes. Está probado qué de manera impune, con total conocimiento de las autoridades de justicia en Guerrero, así como de corporaciones policiacas, el grupo de policías ciudadanos del poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, realiza detenciones arbitrarias y violenta los derechos de personas. El miércoles 18 de julio alrededor de las 2 de la tarde se reportaron detonaciones de arma de fuego en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del retén de comunitarios que se ubica entre la zona límite de Chilpancingo y Petaquillas, al sur de la capital de Guerrero. Por motivos obvios, ninguna corporación policiaca se acercó al retén, en donde han disparado contra turistas, detenido a civiles e incluso a un reportero por cubrir un accidente. Sin embargo, minutos después de las detonaciones, se filtraron fotografías del grupo de civiles armados deteniendo a un hombre de quien no se supo más datos en ese momento. A las 3:15 de la tarde, una hora después de los hechos, un reporte del Ejército Mexicano indicó que se encontraban ya en el retén comunitario y no se apreciaba movimiento por parte de los presuntos comunitarios. Sin embargo por la mañana del jueves, se supo que los civiles armados pedían la presencia de la policía estatal para entregar a un grupo de cuatro personas, quienes fueron detenidas el día miércoles en su retén por no parar la marcha del automóvil en el que viajaban. Al menos uno de los cuatro hombres detenidos y trasladados a la comisaría de Petaquillas, presentaba huellas de golpes, pero afirmó ante los policías y sus captores que no fue agredido. Era obvio, sabiendo de que esos hombres fuera de la ley, nadie los puede llamar a cuentas por la vía administrativa,  en todo caso presentar una denuncia penal contra esos civiles, pero eso significa entrar a otra ruta, que nadie quiere experimentar, porque es un secreto a voces de que realmente no son ciudadanos de buena fe, sino pertenecen a un grupo delincuencial identificado en la zona, mismo que el gobierno en sus tres órdenes lo saben perfectamente. Los presuntos comunitarios informaron que las familias de los detenidos pagarían una multa para luego ser liberados y custodiados por la policía estatal, que en todo momento avaló las acciones ilegales del grupo de armados que operan en una zona no indígena de Guerrero. A pesar de no son una “reconocida autoridad”, todavía se dan el “lujo” no solo de agredir, balear, detener y hasta cobrar multas, estando por encima de cualquier autoridad legalmente constituida. Con toda esa ilegalidad, no hay quien los llame a cuentas y llevarlos ante la justicia para ser juzgados.  Y es que, así como están  actuando los comunitarios de Petaquillas, varios grupos de guardias armadas operan fuera de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que avala la seguridad ciudadana pero de manera exclusiva para los pueblos indígenas de la entidad guerrerense. Luego de casi 24 horas, los detenidos fueron liberados mientras las autoridades de justicia en Guerrero se limitaron a ser observadores en los actos ilegales del grupo de civiles armados. En tanto el sábado, se volvió a repetir una agresión armada en contra de un grupo de turistas del estado de Morelos, y fueron atacados por policías ciudadanos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en el retén ubicado en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del poblado de Juan R. Escudero. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana del sábado 21 de julio a la altura del retén de la base comunitaria del FUSDEG, en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Los hechos ocurrieron cuando los turistas se negaron a detenerse en el retén comunitario, por lo que integrantes del FUSDEG atacaron con arma de fuego la camioneta en la que viajaban, dejando como saldo un herido. La persona lesionada fue el menor de edad José Francisco “N”, de 16 años quien resultó con lesiones en la rodilla izquierda, en tanto que su acompañante no tuvo ningún tipo de lesión. En menos de 15 días, los retenes de presuntos comunitarios en los poblados de Tierra Colorada y Petaquillas, en Chilpancingo, han realizado detenciones ilegales y agresiones contra automovilistas a pesar del inicio de la temporada vacacional. Pareciera que el Gobierno de Astudillo Flores tiene compromisos con estos civiles armados quienes están violentando todo tipo preceptos legales y abusando contra los ciudadanos indefensos. Por enésima vez hacemos el llamado al Gobierno de Guerrero que actúe en contra de esos grupos civiles armados, de una vez por todas los desarme y los desaparezca, y que se imponga la autoridad a través de las policías legalmente reconocidas para que se encarguen de la seguridad de la población. No se puede permitir supuestos Policías Comunitarios, cuando en realidad actúan como verdaderos delincuentes y hasta parece que cuentan con toda la protección del Gobierno para cometer atrocidades. La única esperanza es que con la llegada del nuevo Gobierno federal pudiera meterle mano a toda esta ilegalidad y si no actúan con  prontitud, ya no podrá hacer nada. Se espera que tome posesión el 1 de diciembre del 2018 y entonces veremos qué acciones comienza a tomar la federación para la pacificación de territorio nacional.…Inseguridad…Primero fue en Tierra Caliente con la empresa Coca Cola, luego siguió en la misma zona, Pepsico, quienes cerraron sus centros de operacióones en la región, ante la inseguridad pública. Cerraron y se fueron de la zona de Guerrero, todo porque nadie les garantiza seguridad pública para los trabajadores y sus instalaciones, demostrando que el gobierno de Guerrero, es incapaz para ofrecer certeza en la seguridad para los empresarios que generan empleos. Al cerrarse se quedan muchas familias sin empleo, por ello es que las denuncias no cesan de que la inseguridad pública es la principal demanda para el futuro gobierno federal. En el caso de Guerrero las autoridades estatales, se hacen las occisas y todo lo reducen a lementaciones y lo más que hace es enviar grupos de policías en esos lugares de conflicto, pero nada más por un rato, mientras pasan los reclamos, pero a que sea una realidad la seguridad, es una fantasía.  Ahora esa afectación de la inseguridad ya le saltó al gobierno estatal en el puerto de Acapulco, desde la semana pasada la empresa Marínela, inicialmente comenzó a reducir sus rutas de entrega de sus productos a los diversos comercios. Esto, luego de que la empresa Bimbo suspendió sus operaciones en colonias de siete rutas en Acapulco, Guerrero, debido a la violencia a inseguridad de las zonas, confirmó el secretario de Fomento y Desarrollo Económico estatal,  Álvaro Burgos Barrera. Se trata de colonias ubicadas en zonas suburbanas, como  en Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, entre otras donde los camiones repartidores han sido asaltados. “Nos comentaron que en esa zona donde se vende el producto es muy insegura, pero ya hablamos con un directivo de la Ciudad de México para que el Gobierno de Guerrero tome medidas y todo se normalice”, según declaró Burgos Barrera. De acuerdo con el medio, empresarios de Grupo Bimbo se reunirán la presente semana con representantes del gobierno de Guerrero para tratar el tema. Ese mismo discurso escuchamos del funcionario estatal Burgos Barrera, pero no fue más allá de demostrar su capacidad de gestión para retener las dos empresas que fueron afectadas por la delincuencia en los meses de marzo y junio pasado, las refresqueras de FEMSA Coca-Cola y Pepsico, respectivamente, cancelaron sus operaciones en Guerrero por los ataques de grupos de la delincuencia organizada a sus instalaciones, pues acusaron ser víctimas de extorsión por trabajar en la zona. Entonces escuchamos verborrea del funcionario estatal, no hay acción efectivamente para detener las inversiones que se están yendo de Guerrero, ahora ocurre en el puerto de Acapulco y en pleno periodo vacacional cuando se registran la violencia contra la empresa panadera, por lo tanto repercuten en los medios de información de todos los niveles. No hay una postura real del gobierno estatal, por lo que se intuyen dos cosas, de plano está maniatado de las manos para ir contra los criminales o tiene muchos compromisos con esos delincuentes. Porque si realmente quisieran aplastarlos, se debería aplicar toda la Fuerza del Estado contra los criminales y defender a las empresas que aparte de ofrecer servicios, también garantizan empleos para los sureños. Pero no hay nada a favor de los inversionistas, los tienen abandonados y sometidos por la delincuencia, por ello justifican sus cierres de sus operaciones de las empresas que operan en Guerrero y si el Gobierno estatal no garantiza seguridad, no dudamos que otras empresas repitan el mismo proceder y hasta se vayan de la entidad a otras partes del país. Todo esto va en detrimento del desempleo y los gobiernos en sus tres niveles no se han ocupado por generar oportunidades.…Reclamos…Por un lado los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), abrieron una frente innecesario, cuando ya habían superado de alguna forma la “prueba de fuego” de las dudas que había sobre su papel que jugarían el 1 de julio día de las elecciones, pero volvieron a encender los faros rojos, en el instante de que anuncian aplicar una sanción económica superior a los 197 millones de pesos al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por supuestos desvíos de recursos económicos para campaña a través de un fideicomiso para ayudar a las familias damnificadas del 19 de septiembre del 2017. Ahora los del INE traen una confrontación directa contra los integrantes de Morena, y hasta el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ya calificó esa sanción como una venganza de los consejeros electorales porque Morena arrasó en las urnas el 1 de julio. Y todavía los sentenció “creían que nos íbamos a callar”. De continuar esta confrontación, seguramente habrán de salir otras cosas que los mexicanos no sabemos.  Además no beneficia a nadie este tipo de hechos al calor de los resultados de los comicios pasados. Inclusive, ya le entró desde el sábado anterior, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora ya le exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) explique el origen de los pesos que se destinaron para financiar bots durante la campaña. “Feliz sábado, menos a los bots que abundan en Twitter. Sería bueno que INE nos dijera de dónde salió tanto dinero para financiarlos durante las campañas electorales pasadas. Espero con la paciencia de Job…”, escribió Gutiérrez Müller. La figura de la Primera Dama desaparecerá y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será adscrito a la Secretaría de Salud, confirmó Gutiérrez Müller el 15 de julio.  “Efectivamente: no seré Primera Dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal. “El DIF, esa noble área de gobierno, pasará al sector salud y les aseguro que quien lo dirija, será una persona de gran capacidad. “Estaré para servir a México en todo lo que pueda. En su momento, les platicaré de algunas contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que sí estoy segura es de que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante: mamá de Jesús Ernesto y esposa de #Yasabesquien”, escribió ese día Gutiérrez Müller en su página oficial de Facebook.