martes, 18 de septiembre de 2018

COLUMNA

Fuego Político
Enrique Gonzalez Guerrero 
El artículo 127 de la Constitución Política, un problema para funcionarios que ganan más que el presidente…Miguel Angel Osorio Chong pide galletas…Norma Otilia Hernández diputada vigilante de los presupuestos en la 62 legislatura.
Muy poco se había dado a conocer sobre salarios,  gastos administrativos y de apoyo del poder judicial, lo cierto que este brazo del gobierno de la república muy pocas veces se ha cuestionado a sus integrantes, ministros, magistrados, jueces y toda la estructura que lo compone siempre han sido intocables, la información que ahí se tiene es difícil que se pueda fugar dado que el 68 por ciento  del personal que labora de acuerdo a un estudio  reciente que fue dado a conocer  en los medios de comunicación son familiares consanguíneos y el 49 por ciento  son padre, madre e hijos por ello los escándalos en la sociedad civil que han reventado por sacar delincuentes y por omisión en las investigaciones por homicidios y desaparecidos no han logrado sacudir esta estructura, pues estos son casos aislados por citar en guerrero solo un magistrado ha sido juzgado por la cámara de diputados quien  después de un largo juicio sus compañeros lo exoneraron de los delitos  que fue suspendido por los diputados en el gobierno de Rene Juárez Cisneros, siendo  coordinador del congreso Héctor Apreza Patrón, quienes en lo general siempre han sido leales  al ejecutivo y al poder legislativo de donde muchas veces se ha consentido la corrupción y la impunidad y ni se diga el nepotismo en la contratación del personal, mientras para la ciudadanía siempre hay oídos sordos, para quien siempre hay que buscar el hilo de la corrupción para encontrar justicia si así se le puede llamar por lo pronto el partido der Morena en el congreso de Guerrero investiga los altos costos de empresas que prestan servicio de banquetes, café y servicios profesionales. Hoy en la transición del nuevo gobierno el coordi
nador de la cámara de senadores dio a conocer que mientras el poder ejecutivo y el legislativo se están apretando el cinturón para reducir gastos en el ejercicio de sus funciones y Miguel Angel Osorio Chong reclama galletas  con cargo al erario, en el poder judicial todo indica que no han logrado asimilar el mandato del primero de julio, quieren seguir viviendo con todos los privilegios que los gobiernos pasados les dieron y que los 852.8 millones que están proponiendo reducir a su presupuesto son insuficientes, por lo que seguro habrá una controversia constitucional por la reforma reciente a la constitución política de los estados unidos mexicanos en sus artículo 127 constitucional en cual mandata que ningún empleado público puede ganar más que el presidente de la república, quien ya se fijó un salario de 108 mil pesos mensuales, situación que demanda que las normas secundarias se verticalicen para que funcionen como en guerrero donde hubo resistencias en el instituto electoral de participación ciudadana,  que  los consejeros y su presidente ganaban más que el propio gobernador del estado así como los magistrados del poder judicial y fue la auditoria superior quien a través de la cuenta pública dio a conocer que se estaba violando la constitución política del estado y les obligo a cumplir con el mandato constitucional.
El programa de austeridad que impulsa  el legislativo de MORENA y del nuevo gobierno, así como  la ley de trasparencia  y acceso a la información de la administración pública, está destapando la caja de pandora que fue blindada a través de la ley “omerta” en tiempos pasados;  nadie pues daba información real de cuanto ganaban los diputados locales y federales el mismo silencio o la misma voz y comunión encontrabas en todos los mando de decisión en el país,  nadie decía cuanto ganaban o se asignaban cantidades risorias  que nadie les creía; hoy el hartazgo de una sociedad lastimada por la violencia, corrupción, impunidad y pobreza puso en crisis el sistema partidocratico que por 30 años hizo y deshizo de la riqueza nacional a su antojo, quienes en el supuesto de cumplir con la responsabilidad que las leyes les obligaban se asignaron secretarios de estado, senadores y diputados salarios y prestaciones que rebasaron el medio millón de pesos,  cantidad que contrasta con el salario mínimo que no llega ni a cien pesos que ganan los obreros, esta aptitud canibalezca  ofendió  al pueblo trabajador y propicio la gran rebelión popular por regular el presente que mandata que los salarios de 300 mil pesos que ganan los magistrados deben de ser suspendidos, así como las fidecomisos que nacieron para acrecentar los privilegios meritocraticos como el del poder judicial que para remodelación y mantenimiento de sus viviendas tenían 27 millones de pesos. La aplanadora legislativa de MORENA en San Lázaro va por todas las prestaciones que tenía la clase política enquistada en los tres poderes que le dan estructura al país y busca que ningún funcionario tenga más prestaciones que la clase trabajadora, para hacer justicia a los que menos tienen, bajo esta agenda buscan desaparecer seguro de vida, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, pago de riesgo, ayuda para jornadas lectorales, estímulos de día de las madres, del padre, y pagos de bonos extraordinarios, si bien es cierto que esta es la demanda del pueblo que se manifestó en urnas el primero del julio por los excesos de los gobiernos pasados,  hoy también tienen que analizar y perfeccionar el marco jurídico para que este saqueo no se vuelva  dar en el país, en el entendido que la burguesía enquistada en la partidocracia que fue derrotada en las urnas tomara nuevas estrategias para buscar  nuevas formas de como burocratizar y mediatizar a la nueva clase política que ha tomado las riendas del poder ejecutivo y legislativo, ante un poder judicial que responde a la clase acomodada y al nepotismo que será complicado depurar esta estructura familiar omisa y servil por muchos  años al poder ejecutivo y legislativo, se espera que los rebeldes del movimiento de regeneración nacional hagan su trabajo en apego al marco jurídico que lo perfeccionen en  los equilibrios que demanda  la pluralidad de la sociedad mexicana  y en el congreso del congreso local los diputados morenos ya tienen el sartén por la mano y descubren los grandes negocios al interior del parlamento, por su parte Norma Otilia Hernández Martínez diputada del primer distrito ya cuenta con el sondeo primario para analizar la merma del gasto público destinado a prebendas y salarios decorosos de “asesores, choferes, ayudantes en nada” se prevee que para esta semana vendrán los ajustes y comisiones para los nuevos legisladores de la 62 legislatura local.  

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