lunes, 29 de octubre de 2018

NOTA

Carta de Lucio Cabañas
a Gustavo Díaz en el 68
“Un año huyendo por la Sierra de Guerrero hemos cumplido ya. Esta ha sido la única manera de proteger nuestras vidas porque los señores de horca y cuchillo que dominan en este territorio del Estado de Guerrero –apenas a cuatro horas de la Capital de la República- han determinado que paguemos con nuestras vidas el delito de no dejarnos despojar y de no permitir que se ofen
da y se despoje a los hombres y a las mujeres más pobres y humildes.
Ninguna ley autoriza las matanzas de campesinos, y el gobierno del Estado realiza una tras otra. Todos los códigos y leyes de los pueblos civilizados y nuestra propia Constitución condenan a los asesinos y marcan las penas que han de sufrir, pero en Guerrero los peores entre los criminales son escogidos como “guardianes del orden”, y el que ha matado más campesinos se le nombra comandante...
Me dispongo a Recordarle:
1. Asesinato de once campesinos en Iguala porque denunciaban que el gobernador había sido impuesto contra la voluntad del pueblo.
2. Secuestro y muerte de dos ministros evangélicos por la Policía Judicial y quema de un pueblo por el ejército en la Costa Chica.
3. Encarcelamiento y tortura de indígenas en la región de Tlapa (fueron colgados y se les hizo victimas de quemaduras) por la policía judicial, y municipal, quienes además violaron a las mujeres de los agraviados;
4. Golpizas y encarcelamientos de estudiantes por haber hecho una Huelga contra el rector de la Universidad, Virgilio Gómez Moharro, conocido como enemigo de la organización estudiantil.
5. Matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente que se atrevieron a solicitar tierras que acaparan los caciques.
6. Asesinato de los miembros del Comisariado Ejidal de Jaleaca, que se inconformaron con que las compañías madereras acabaran con los montes;
7. Ametrallamiento de los campesinos copreros en Acapulco, muriendo 32 en el acto y otros muchos después. Sólo querían hacer un Congreso para nombrar los dirigentes que ellos mismos escogieran y reclamar 40 millones de pesos que se habían ahorrado por un impuesto que se cobraba por kilogramo de coco. El gobernador y los dirigentes que él había impuesto acordaron negar ambos derechos por la fuerza de las armas. Previamente se aseguraron de que ningún campesino llevara armas. Los grupos de policías de la judicial se colocaron en la azotea del edificio de la organización de los copreros y desde allí dispararon sus fusiles M-1 en descarga cerrada sobre los campesinos cuando estos estaban a punto de entrar. La acción de los judiciales fue completada por los grupos de asesinos traídos de la Costa Chica;
8. En San Luis de la Loma el ejército “fusiló”· a uno de los hermanos Barrera. El hermano del difunto me dijo que ese asesinato lo ordenaron y pagaron las compañías madereras;
9. Puedo relatar con mayor detalle el asesinato colectivo de Atoyac, pues lo presencié personalmente. Los ricos de Atoyac encabezados por Juan García, Rosalino Sotelo, Antonio Divisino, Martín Hernández. Donaciano Luna y el doctor Juan José Becerra aportaron cien mil pesos para hacer la matanza; el gobernador, el procurador de “justicia” y sus grupos de judiciales, y el director de Educación en del Estado, aceptaron la oferta;
Los ricos estaban enojados con el pueblo porque los padres de familia corrieron a la directora de la Escuela Julia Paco Piza, que no dejaba que los propios padres de familia formaran una mesa directiva sino mantenía desde diez años antes a un grupito que le permitía robar a placer. Los niños que no llevaban dinero de cuotas eran regresados a sus casas, porque en esa escuela a lo que les interesaba era el dinero, no la educación de los niños que no llevaban dinero no podían entrar en la escuela, porque a la directora le interesaba el lujo, no la enseñanza. La llave de agua potable era cerrada para que los niños se vieran obligados a comprar agua fresca y los que no tenían dinero sufrían sed, porque en escuela importaba el enriquecimiento ilícito de la profesora, no la salud de los niños.
Muchas cosas más sucedieron, pero cuando los maestros federales nos unimos a los estatales de la región para salvar la escuela estatal, los ricos y el gobernador decidieron mandarnos matar.
Ese día sangriento, triste e inolvidable, en que los asesinos cumplieron sus amenazas, íbamos a hacer un mitin pera defender a un profesor expulsado sin razón alguna. Apenas habíamos llegado a la plaza, los grupos de judiciales comenzaron a rodearnos y en seguida a disparar. Los ricos disparaban desde las azoteas. Salve mi vida gracias a que mujeres y niños me abrazaron para protegerme.—Mientras, los campesinos caían cerca de mí, dos mujeres que llevaban cuchillo, valientemente se arrojaron sobre los M-1 y mataron a cuatro judiciales. Nadie más pudo responder a la artera agresión pues los campesinos no tenían siquiera piedras al alcance de sus manos.
Desde ese día sigo siendo perseguido por el ejército y por grupos de pistoleros de los ricos. A mí no se me persigue pera apresarme; contra mí hay orden de muerte: así lo han dicho los oficiales del Ejército; los caciques acaudalados pagan 150 mil pesos por mi cabeza. Otros compañeros igualmente amenazados de muerte están conmigo, ocultos en la Sierra.
¿Por qué suceden estas cosas en Guerrero? ¿Por qué centenares, e incluso miles de hogares están enlutados por la «obra constructiva» del gobernador Abarca Alarcón?
Se dice que los guerrerenses somos un pueblo de pistoleros. No es verdad; los pistoleros están de un lado -del de los terratenientes, caciques, gobernantes ladrones y sus instrumentos-; las víctimas están del otro lado, amenazados siempre, y seguras de que serán atacadas si levantan la voz. El pistolerismo no es una afición del pueblo guerrerense, es el apoyo de los gobiernos locales que representan a los poderosos reaccionarlos de aquí y del centro.
En el Estado de Guerrero reina el atraso, se dice. Es cierto, y el hecho de que tengamos uno de los centros turísticos más lujosos y prostituidos, hace más visible ese atraso. Y ¿qué han hecho los gobiernos estatales para resolver ese atraso? Ellos se han apoyado -como se apoya Abarca Alarcón- en el terror y la violencia armada para mantener ese atraso, para que nadie se atreva a protestar y a alzar la cabeza en demanda de un poco de justicia y un poco de democracia. Del centro del país no hemos recibido la ayuda que necesitamos; al contrario, a un gobernador arbitrario e impuesto sucede otro peor, también impuesto; a una camarilla asesina, le sigue otra que comete más crímenes. Y todos son avalados por la imposición federal, y cuando los grupos de asesinos no se bastan para atacar al pueblo, son reforzados por el ejército nacional...
El país no sabe lo que sucede en Guerrero porque los periódicos se niegan a decir la verdad. Nosotros no nos conformamos con la situación y queremos hacer oír nuestra voz; por eso dirigimos esta carta.
Somos un grupo de perseguidos, que nunca hemos obrado fuera de la ley ni hemos cometido delito alguno. Yo nunca he robado ni matado. Los delincuentes son los que nos persiguen para asesinarnos. Yo le he asegurado a mi pueblo y a mi madre que no me dejaré matar, ni siquiera apresar porque no soy un delincuente, soy un profesor que ha querido servir a su pueblo y que por eso es perseguido....
En tanto que las condiciones cambian nos mantendremos en nuestro refugio de la Sierra de Atoyac de Álvarez que fuera también refugio sagrado de Vicente Guerrero, donde vienen a parar y a salvarse grupos de hombres y mujeres que anhelan justicia y libertad”.
Carta de Lucio Cabañas Barrientos al presidente Gustavo Díaz Ordaz, mayo de 1968.

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