POLICRÓNICA

Baleada…Nuevamente en el municipio de Chilpancingo,  región centro del estado de Guerrero, los mal llamados “policías comunitarios” fuera de la ley, abusan y balean con toda impunidad a una mujer, ya va siendo hora que el Gobernador y el alcalde capitalino aprovechen su luna de miel y juntos pugnen por su retiro de retenes y desarme.

El fin de semana se registró una vez más en el municipio de Chilpancingo, región centro del estado de Guerrero, un evento violento en contra de una usuaria de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, cuando retornaba a la capital del estado. El domingo por la tarde  del 4 de noviembre, una trabajadora de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) resultó herida tras ser atacada a balazos, presuntamente por no detenerse, en el “retén” que mantienen ilegalmente presuntos integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en el poblado Rincón de la Vía, municipio de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. De acuerdo con un reporte oficial, la trabajadora de la SEG circulaba por la carretera federal que conecta a Acapulco con Chilpancingo como a las 2 de la tarde cuando los autodenominados policías ciudadanos le ordenaron que se detuviera. Sin embargo, al no detenerse fue atacada metros más adelante desde un cerro, indicaron los primeros reportes. La mujer de 46 años identificada como Miriam Rivera Estrada, resultó con dos rozones de proyectil de arma larga en el rostro y en la camioneta blanca con placas de circulación HCT6662 Mazda tipo CX-7, con placas del estado de Guerrero, en la que viajaba se contabilizaron al menos cinco impactos, además de los vidrios rotos. A más de 48 horas del ataque a balazos, no hay ninguna investigación, mucho menos la detención de los responsables, en tanto la mujer agraviada no acusa directamente a nadie, lo más que declaró que  habría recibido balazos desde el cerro. Sin que seamos peritos de balística, las evidencias son claras, el ataque fue frontal y horizontal, no vertical, porque se observa en la gráfica la destrucción del medallón trasero, no hay balazos a los lados o en la parte superior de la camioneta. Es obvio que  la trabajadora de educación no señalará, ni presentará demanda  penal contra sus agresores aunque los haya identificado como integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, porque volverá a transitar por esa vía federal, en donde se encuentran estacionados en los últimos  años en el Valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, en donde supuestamente los habitantes de la zona les habían solicitado su presencia, tras venir de la región de la Costa Chica, encabezados por Bruno Plácido Valerio. Lamentablemente  el corredor desde Chilpancingo por la carretera federal, pasando por El Ocotito, Tierra Colorada y hasta Xaltianguis, municipio de Acapulco, se han instalado estos grupos civiles armados que están a todas luces fuera de toda legalidad y marco jurídico y lo más que han hecho es agredir a los ciudadanos, no garantizan la seguridad pública, en la que se supone que esa es originalmente su función. Sin embargo se han visto involucrados en muchos eventos violentos entre grupos delincuenciales que los han atacado a balazos en sus instalaciones, con algunas bajas inclusive entre ellos mismos se han matado y el Gobierno en sus tres órdenes cruzados de brazo. Pero lo más reprobable que por no pararse y dar una cooperación  al grupo armado realice disparos de arma de fuego con intenciones de matarlos. Hasta hoy los ciudadanos tienen que sufrir ataques a balazos, como le sucedió el domingo por la tarde a la señora Miriam que manejaba su vehículo particular, y afortunadamente no la mataron, está para contar su horrible odisea y únicamente resultó lesionada sin que pasara a mayores consecuencias, pero el susto y los daños, nadie se hace responsable, solo queda en el registro de los hechos en los medios de comunicación, pero todo en la impunidad. Nos parece absurdo que en ese trayecto estén ese tipo de retenes fuera de la ley  y de esas mismas corporaciones armadas y no estén haciendo nada las autoridades de los tres niveles de gobierno. Primero  son civiles armados de dudosa procedencia e intereses, porque no están protegiendo a los ciudadanos, sino perjudicandolos, en la carretera federal Chilpancingo-Xaltianguis, se han registrado muchos abusos de estos ilegales armados. Segundo, el  Gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional, había anunciado su desarme y retiro desde hace tiempo, luego de muchas denuncias de los ciudadanos de que eran víctimas de los supuestos “policías comunitarios”. Solo quedó en anuncio y hasta amenazas de que se procedería y que ya no se permitiría la impunidad, únicamente para salir del paso de los cuestionamientos ciudadanos de que su gobierno no está haciendo nada en contra de estos abusivos personajes, que no están sirviendo a la comunidad, sino a intereses obscuros y lo peor ninguna ley los protege, sino que están fuera de toda legalidad jurídica. Tercero, ahora el nuevo presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debe demandar al gobierno federal y estatal, procedan a desarmar a este grupo irregular y retirar sus ilegales “retenes” en la vía federal, a fin de que siga siendo libre, porque prácticamente se ha convertido en pago de peaje “obligado” con armas en mano a lo largo de la carretera federal, sin que ofrezcan a los usuarios documentos fiscales, mucho menos seguridad. Además el mucho o poco dinero que recauden, no les estaría alcanzando para pagarles sus salarios a cada uno de esos de la UPOEG, entonces se presume que están sirviendo a intereses bastardos y el Gobierno se vuelve cómplice. Ahora que andan de “luna de miel” entre el priista Astudillo Flores y el perredista  Gaspar Beltrán también deben sumar fuerza política y gubernamental para que de manera coordinada con el gobierno federal se proceda a limpiar la carretera federal  de los mal llamados “policías comunitarios” o también “policías ciudadanos”, porque desde que llegaron a la zona, más que verlos como parte del pueblo y encontrar respaldo para garantizar la seguridad y paz de los pueblos, se han convertido en una verdadera amenaza en la seguridad y la integridad física de los ciudadanos. Antes de que se rompa el “jarrito” entre Astudillo Flores y  Gaspar Beltrán, hagan algo que el pueblo se los agradezca, coordinarse con el gobierno federal para que de una vez por todas se proceda a retirar a la UPOEG del corredor Chilpancingo-Acapulco, antes de que sigan perjudicando a los pacíficos ciudadanos. Esa luna miel que hay entre mandatarios estatal y municipal, debe servir a la sociedad, no solo para tomarse la foto, halagarse mutuamente y disque trabajar conjuntamente. Es un caso muy delicado, que  en la medida del tiempo que pasa está creciendo más el problema de la inseguridad con estos grupos civiles armados, simula traer armas no reglamentarias, pero tienen un arsenal alterno que van desde los rifles de asalto R-15 y AK-47 “cuernos de chivo” y antes de que les genere un verdadero dolor de cabeza, Astudillo Flores y Gaspar Beltrán, deben unir esfuerzos para quitar desde Petaquillas hasta el Valle de El Ocotito a estos grupos civiles armados, ya que han cometido muchos abusos, han asesinado a personas, baleado a infinidad de usuarios de la vía federal, igualmente han detenido arbitrariamente a personas solo por no pagar la “cuota”. Ya va siendo hora que el mandatario cumpla su palabra de que con el Gobierno federal procedería a desarmar y a retirar a los integrantes de los grupos armados que operan en esa carretera federal, nada más quedó en amenaza, y el pueblo sigue esperando. Al llegar nuevas autoridades presuntamente de oposición en el Ayuntamiento de Chilpancingo, deben coordinarse para cumplir esa vieja demanda de la población  en que se debe limpiar la carretera y siga siendo libre, porque hasta el día de hoy es un peligro transitarla en la que impera la impunidad total, como si no viviéramos en un estado de derecho. Entonces Astudillo Flores y Gaspar Beltrán pase de la luna de miel sobre hojuelas, a cumplir con su responsabilidad de mandatarios y le cumplan al pueblo que los ha elegido mediante el voto y ya no permitir  grupos civiles armados en el municipio de Chilpancingo.…Apaxtlenses…Por cierto, hablando de “policías ciudadanos”, el sábado anterior 3 de noviembre ciudadanos de la cabecera de Apaxtla de Castrejón marcharon para conmemorar el quinto aniversario de la creación del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, Policía Ciudadana, que se ha hecho cargo de la seguridad en este municipio de la zona Norte de Guerrero. En la movilización participaron más de 800 policías comunitarios de Heliodoro Castillo, Cuetzala del Progreso, Cocula y Teloloapan. Posteriormente se realizó un mitin, en el que el profesor Heliodoro Campos recordó que “a finales de octubre del 2013, luego del repliegue forzado de la Familia Michoacana, debido a la emboscada de la Armada de México, el entonces alcalde Efraín Vega Damasio lanzó un manifiesto libertario, en donde se invitaba a la población a una reunión en el atrio de la iglesia para organizarnos y armarnos, y sacar a todos los miembros del crimen organizado, y propuso el nombre del MACC”. Al acto también acudió el alcalde de Apaxtla, David Manjarrez Miranda, quien agradeció al movimiento “que a cinco años, el trabajo por seguridad de Apaxtla es por un bien común del pueblo, la gente tiene que apostar por la seguridad del pueblo”. En cinco años que surgió el movimiento, hasta la fecha no se han conocido abusos en contra de los pacíficos ciudadanos, sin embargo si ha trascendido de cruentes enfrentamientos contra la delincuencia organizada. Por lo que se entiende, estos hombres civiles armados si están dando seguridad a los ciudadanos, por lo tanto han disminuido los índices delictivos. Pese a su presencia sigue habiendo hechos lamentables, cometidos por el crimen organizado. La respuesta ciudadana a favor de los guardias civiles, se observó el sábado pasado al participar en la festividad del quinto aniversario de la fundación. Se espera que no haya denuncias de arbitrariedades y al rato sean también cuestionados por su mal proceder en agravio de la ciudadanía.…Notarios…Por segunda ocasión, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales determinó que el gobernador del estado de México, no tiene facultad para designar notarios que incumplan con los requisitos de ley. En ese sentido, calificó de ilegal el nombramiento de los 12 fedatarios que hizo el exmandatario Eruviel Ávila Villegas, antes de concluir su mandato. Sin embargo el juez determinó otorgar la protección de la justicia federal al aspirante a fedatario Carlos Ruiz Domínguez, como resultado de la denuncia 1242/2017. En esta ocasión el juez atacó tanto la Ley del Notariado del Estado de México como las designaciones realizadas por Ávila Villegas, actual senador de la república por la vía plurinominal. “En este amparo ya se entró al fondo; ya se comentó que fueron ilegales las notarías y que el gobernador no puede nombrar notarios a discreción sin que cumplieran los requisitos”. Como se sabe, el 30 de mayo pasado, el mismo Juzgado con sede en Toluca, Estados de México, ya había declarado inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la Ley del Notariado que permiten al mandatario mexiquense ejercer de forma discrecional la impugnación. No obstante, al resolver el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado falló en favor de Alfredo del Mazo Maza, quién recurrió aquella sentencia, pues los jueces determinaron que el amparo fue promovido de forma extemporánea, ya que debió presentarse tan pronto como se promulgó la atribución del gobernador para designar notarios, y no hasta que ejerció esa facultad. En enero pasado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan concedió la suspensión definitiva como notarios públicos a los 12 fedatarios designados por el exgobernador Eruviel Ávila Villegas. Sin embargo, a la fecha siguen operando ocho de ellos, debido a que para entonces ya habían entrado en funciones, y hacer efectiva la suspensión requería cubrir 600 mil pesos por cada notaría, lo que se traduciría en un monto de 5 millones de pesos que el promovente no logró reunir. Se confía que en esta ocasión la sentencia sea más contundente, debido a que ataca tanto la ley como la acción de las designaciones, lo que al ser confirmado por el Tribunal Colegiado prácticamente revocará los nombramientos. Los fedatarios impugnados: son Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del exsecretario general de Gobierno, José Manzur; Erasto Martínez Rojas, exsecretario de Infraestructura cercano a Ávila Villegas; Lorena Gárate Mejía; hija de Francisco Gárate, exrepresentante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE); Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del entonces diputado federal panista Ulises Ramírez, y Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, exsecretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD. También Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador de Guerrero, el priista Héctor Antonio Astudillo Flores; Ricardo Giovanni Arredondo Lino y Beatriz Mercedes Corona Mercado, ambos, familiares de funcionarios federales cercanos al presidente Enrique Peña, y Gustavo Fernández Sauri, exfuncionario del DIF de Veracruz y de la federación. Además, los empresarios Marcelo Rosseto Armida y Francisco Xavier Borrego Hinojosa, y el pevemista Alejandro Agundis Arias. Eso también es abuso de poder de las autoridades que tienen la posibilidad de gobernar, pero lo cuestionable es que los mandatarios que cometen este tipo de abusos en lugar de castigarlos, los premia para seguir gozando de impunidad como es el caso del ex mandatario mexiquense, Eruviel Avila Villegas, quien está cobrando como Senador de la República.…Casorio…Luego de que ha generado  interés de los ciudadanos, tras publicar en este espacio ayer lunes sobre el casamiento de Gloria e Isaac, amor en medio de la caravana migrante. Nos han solitado los lectores del periódico físico y los cibernautas, que abundaramos un poco más de como se realizó la boda en Puebla de los Angeles, estado de Puebla. Ante esa insistencia, nuco equipo de investigaciones especiales, ofrece a nuestros exigentes lectores, un poco de información escrita y hasta una gráfica del nuevo matrimonio, en la que Gloria no hubiera imaginado casarse con su esposo hondureño, rodeada de migrantes centroamericanos, pero el domingo 4 de noviembre se hizo realidad. Como ya lo hemos escrito, la tarde del 4 de noviembre, en Puebla, Gloria Jannet Velasco Martínez y Christofer Isaac Reyes, quien reside en México desde los 9 años, contrajeron matrimonio en el templo de La Asunción, en el norte de la capital del estado. Yo le dije que invitara a todo su pueblo. Pero ahora sí exageró”, contó la novia de 37 años de edad en entrevista para El Sol de Puebla. La ceremonia tuvo lugar al exterior de la iglesia, pues, al interior decenas de personas provenientes de Centroamérica se encuentran descansando. Ya llevamos juntos 12 años y apenas decidimos casarnos. No sabíamos que iba a venir por acá los hondureños. Sí sabía que venían, pero no justo en nuestra boda, que ya estaba programada”, agregó Velasco Martínez. Al finalizar el evento, connacionales de Isaac lanzaron vivas y pidieron “beso” a los novios.