ARTÍCULO

Retención de funcionarios municipales

Edilberto Nava García
Hace poco, luego de nuestra lectura de viernes, ya de salida, comentamos lo acontecido en Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis Acatlán, donde retuvieron al presidente municipal Agustín Ricardo Morales y a 13 funcionarios de la administración municipal a efecto de que los ediles les entreguen los recursos del Ramo 33 para que una comisión del pueblo los administre y ejecute las obras.
¿Hay acaso mayor orientación y capacidad ciudadana en ese municipio de la Costa Chica que en Apango? No lo sabemos pero sí nos podemos explicar las causas y las determinaciones ciudadanas. Las explicaciones parecen muy claras. Se intuye y se sabe que detrás de estos hechos encontramos enojo e inconformidad por vacíos de poder y abandono gubernamentales reflejados en la carencia o insuficiencia de obras y servicios básicos. Así como Pueblo Hidalgo argumenta, en Mártir de Cuilapan se blanden similares argumentos. De un tiempo acá, han sido retenidos tres alcaldes en su momento, debido a la desconfianza en los integrantes del Ayuntamiento por las irregularidades detectadas en la ejecución de obras en sus respectivas administraciones. Evidentemente, se encuentran componentes o razones de desconfianza, porque la gente percibe que no hay transparencia en el ejercicio de los recursos ni tampoco rendición de cuentas, y esto se traduce en obras de muy mala calidad y sobrecostos, como es el caso del comedor del Cobach, construido por el familiar de la alcaldesa, su amante, pareja o lo que sea, sin que se haya mostrado el expediente técnico a los padres de familia para que sepan a ciencia cierta el costo. No hay transparencia ni voluntad para ello, pues la ambición les tapa los ojos a todos los corruptos. La corrupción o apropiación del dinero municipal destaca; se siente, se evidencia.
Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33 está constantemente en el centro del debate por ser el más cuantioso que envía la Federación a los municipios con reglas más o menos claras establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, para que el gobierno federal distribuya estos recursos entre los municipios del país; pero al llegar a los ayuntamientos se da la gran discrecionalidad de los alcaldes y los cabildos para destinarlos a las comunidades y colonias populares, pues en los ayuntamientos no hay normas, criterios ni objetivos para una distribución equitativa y justa. Lo presupuestan mal y luego se traduce en inconformidad en las localidades, pues no es extraño que las autoridades municipales construyan obras sólo en sus pueblos de origen, o donde obtuvieron más votos, o en las localidades que tienen más capacidad de gestión o hay presencia de organizaciones que presionan, todo esto en detrimento y agravio de miles de habitantes del municipio a los que no se les construye obra, que luego contentan con algún baile en sus fiestas patronales, jaripeos o dándoles una migaja.
A la discrecionalidad y a la carencia de obras o a su construcción deficiente le sigue la opacidad y falta de rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal proveniente del FISM, pues la mayoría de los ayuntamientos no dan a conocer entre los habitantes los datos básicos del fondo, como su presupuesto anual, la propuesta de inversión de obras o los avances físicos y financieros. Ni los órganos fiscalizadores federal y estatal atienden debidamente este rubro que continúa siendo uno de los focos principales de observaciones al ejercicio del gasto, quizá debido a que anticipadamente les han untado la mano. Y es que cuando el río suena, agua lleva.
¿Qué hacer ante este caos que beneficia a una camarilla que supo distribuir dinero y bienes de uso doméstico para ganar una elección? Recurrir a la autodefensa municipal, a la organización ciudadana y a propiciar el surgimiento de nuevos liderazgos que luego se venden traicionando los principios y las aspiraciones populares? Son los riesgos, pero resulta peor que unos vivales continúen despojando al municipio de su dinero. Mártir de Cuilapan es de los municipios más empobrecidos del país, donde buscar a personas honradas es difícil, es cierto, pero pese a todo las hay. Cuestión de infundir valor y elevar el nivel de conciencia ciudadana.