Señor director:
Con relación a la postura del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame quien asegura que la entrega de notarías a hijos de notarios y exfuncionarios estatales, fue un procedimiento transparente y no se trata de herencias sino “tradición en el país”, informo lo siguiente:
Al menos tres de los cinco sinodales designados por el gobernador Héctor Astudillo para califi
car el examen de los beneficiados, son servidores públicos que dependen directamente del Ejecutivo, es decir, son juez y parte.
Esta situación violenta el principio de transparencia e independencia para generar certeza jurídica y ética para los aspirantes.
Se trata de Rogelio Parra Silva, quien fungió como presidente del jurado y actualmente se desempeña como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno que dirige Florencio Salazar.
Así como Ignacio López Badillo, vocal del jurado y actual director del Registro público de la propiedad dependiente también de Salazar Adame y Virginia López Valencia, otra vocal y magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del gobierno estatal.
Además, en la convocatoria publicada el 30 de noviembre pasado, se contemplaron 10 notarías vacantes, entre ellas la uno con sede en Coyuca de Catalán que sigue vacante porque ayer se omitió explicar por qué no se entregó esta patente y nunca estuvo considerada en las bases, la notaría uno de Chilpancingo.
No obstante, el gobernador Astudillo entregó la notaría uno de Chilpancingo que no estaba contemplada en la convocatoria a Juan Pablo Leyva y Lasso, hijo del titular de esta patente quien renunció a principios de este mes por incapacidad.
Sobre el caso de la notaría de La Unión que había sido adjudicada a Lázaro Vega Morales, Salazar Adame tampoco explica cuál fue el acto reclamado en el supuesto de que exista un amparo que impidió la entrega de esta patente.
Sobre las amenazas denunciadas por aspirantes, esta es una realidad justificada por las víctimas que declararon públicamente para diferentes medios de comunicación y decidieron omitir sus nombres por temor a represalias ante los niveles de extrema violencia, impunidad y corrupción institucional.
Ezequiel Flores Contreras
Corresponsal
Con relación a la postura del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame quien asegura que la entrega de notarías a hijos de notarios y exfuncionarios estatales, fue un procedimiento transparente y no se trata de herencias sino “tradición en el país”, informo lo siguiente:
Al menos tres de los cinco sinodales designados por el gobernador Héctor Astudillo para califi
car el examen de los beneficiados, son servidores públicos que dependen directamente del Ejecutivo, es decir, son juez y parte.
Esta situación violenta el principio de transparencia e independencia para generar certeza jurídica y ética para los aspirantes.
Se trata de Rogelio Parra Silva, quien fungió como presidente del jurado y actualmente se desempeña como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno que dirige Florencio Salazar.
Así como Ignacio López Badillo, vocal del jurado y actual director del Registro público de la propiedad dependiente también de Salazar Adame y Virginia López Valencia, otra vocal y magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del gobierno estatal.
Además, en la convocatoria publicada el 30 de noviembre pasado, se contemplaron 10 notarías vacantes, entre ellas la uno con sede en Coyuca de Catalán que sigue vacante porque ayer se omitió explicar por qué no se entregó esta patente y nunca estuvo considerada en las bases, la notaría uno de Chilpancingo.
No obstante, el gobernador Astudillo entregó la notaría uno de Chilpancingo que no estaba contemplada en la convocatoria a Juan Pablo Leyva y Lasso, hijo del titular de esta patente quien renunció a principios de este mes por incapacidad.
Sobre el caso de la notaría de La Unión que había sido adjudicada a Lázaro Vega Morales, Salazar Adame tampoco explica cuál fue el acto reclamado en el supuesto de que exista un amparo que impidió la entrega de esta patente.
Sobre las amenazas denunciadas por aspirantes, esta es una realidad justificada por las víctimas que declararon públicamente para diferentes medios de comunicación y decidieron omitir sus nombres por temor a represalias ante los niveles de extrema violencia, impunidad y corrupción institucional.
Ezequiel Flores Contreras
Corresponsal
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