viernes, 15 de marzo de 2019

NOTA

Historia del normalista-soldado
infiltrado en Raúl Isidro Burgos
Ezequiel Flores Contreras.--En junio de 2015, se supo que el normalista desaparecido de Ayotzinapa, Julio César López Patolzin, era un elemento del Ejército en activo, infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Proceso reveló en aquel entonces que en dicho plantel había dos soldados que desempeñaban tareas de inteligencia para las fuerzas armadas y que fueron desaparecidos en la trágica noche de Igua
la de septiembre de 2014.
El dato se dio a conocer en una reunión del gabinete de Seguridad denominado Grupo de Coordinación Guerrero, ahora llamado Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz confirmado por autoridades civiles y militares.
Cuatro meses después, en junio de 2015, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, confirmó la existencia de soldados infiltrado en la normal, aunque sólo reconoció la existencia de un efectivo.
Toda esa información se encuentra documentada en el reportaje “El enigma del soldado-normalista desaparecido”, publicado por el semanario Proceso hace casi cuatro años y el cual está basado en entrevistas a familiares de López Patolzin, fuentes oficiales y una solicitud de información que respondió la Sedena en ese entonces y que a continuación se reproduce íntegro:
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Tras meses de negarlo, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió su intromisión en la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa al comunicar oficialmente que uno de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre último era un soldado en activo.
Y aunque se reservó el nombre del militar y clasificó la información como “confidencial”, en reuniones con autoridades civiles y policiacas guerrerenses la institución admitió que en realidad eran dos los militares desparecidos que estaban matriculados en la normal.
Hasta entonces sólo se conocían los movimientos que efectivos del 27 Batallón de Infantería efectuaron esa noche en las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal de Iguala y en una clínica médica privada local para identificar a los normalistas. El interés de los militares, que estaban al mando del capitán José Martínez Crespo, era conocer el “nombre verdadero” de los estudiantes y asegurarles sus celulares.
El 13 de abril pasado, Proceso envió a la Sedena una solicitud de información para saber si entre los normalistas desaparecidos había algún soldado en activo. El miércoles 10, la secretaría respondió por escrito:
“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, decía el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Sedena, general David Córdova Campos.
Para justificar su decisión, añade: “La información podría ser utilizada por grupos desafectos a las Fuerzas Armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”.
EL CASO LÓPEZ PATOLZIN
El miércoles 17, la agencia Apro informó sobre este asunto que hasta el viernes 19 no había sido mencionado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que desde octubre funcionarios federales y estatales tenían conocimiento de que al menos dos soldados en activo formaban parte del grupo de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Una fuente oficial consultada por el corresponsal refiere que en una reunión privada en Acapulco un alto mando del Ejército soltó: “dos de los 43 desaparecidos son nuestros”.
En enero, durante una protesta realizada por padres de algunos de los normalistas frente a la sede del 27 Batallón de Infantería en Iguala, esa versión cobró fuerza cuando el señor Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los desaparecidos, declaró que el sistema de localización satelital (GPS) del celular de su hijo detectó que había estado en esas instalaciones castrenses.
López Catarino, oriundo de Tixtla, insistió en que se abrieran las puertas del cuartel porque el celular de su hijo estuvo activo días después del 26 de septiembre. Ninguna autoridad atendió su reclamo. López Catarino terminó por alejarse del movimiento.
El jueves 18, familiares de los normalistas desaparecidos declararon a Apro que el joven Julio César López Patolzin perteneció al Ejército antes de ingresar a la normal. Asimismo, en un foro de discusión en Facebook, Afernis Bathory, quien se asume como tía de Jesús Jeovany Rodríguez Tlatempa, uno de los 43 desaparecidos, expresó: “Se trata de Julio César Patolzin, es vecino mío. Su madre, la señora Joaquina, puede desmentir”.
–¿Él es quien está dado de alta en la Sedena? –preguntó el usuario Nat Terrazas.
–Eso es mentira. Cuando ingresó a la normal él ya estaba dado de baja. Es lo que yo sé –respondió Afernis Bathory.
Activistas y reporteros difundieron un breve perfil de López Patolzin acompañado de una foto: “(Julio) no tiene apodo –dice uno de los normalistas–; simplemente es El Julio. Ya es más grande (tiene 25 años) y viene de Tixtla; es buena onda el bato, pero calladito, no echa mucho relajo así con todos, nomás con unos pocos con los que se lleva, pero es agradable siempre”.
Omar García Velázquez, uno de los normalistas que sobrevivió a la agresión de septiembre, escribió en su cuenta personal de Facebook: “A ver: en primera ningún alfilerazo del Estado minará la unidad en las familias de nuestros 43; en segunda, el camino mediático no se llega nunca a la verdad, sino a los chismes.
“(…) Pues resulta que a casi nueve meses del 26/09/14, la Secretaría de la Defensa Nacional ‘revela’ ¡que ‘hay un militar en activo entre los #43 desaparecidos’ de nuestra normal rural de Ayotzinapa!”
Y le reprocha a la Sedena: “Esto significa, ni más ni menos, que estábamos infiltrados por un agente de inteligencia militar del Estado, cosa que todas las organizaciones de oposición al régimen nos esperamos siempre y lo tomamos como algo obvio.
“Aquí, lo que hay que destacar son unas cuantas cosas, para ello preguntamos: ¿por qué hasta ahora lo dicen? Se supone que siendo un agente suyo lo habrían reivindicado como tal desde el principio. Además de que cualquiera sabe que dichos agentes operan en coordinación con los organismos de inteligencia del Estado y que por lo tanto, estaba en comunicación constante con sus superiores.
“Al estar en coordinación sabían de cada movimiento y actividad nuestra… Recuerdo que del movimiento de 2011 diversas personas se acercaban a nuestros compañeros y les ofrecían trabajo, este trabajo consistiría en proporcionar información acerca de las actividades a realizar por el movimiento y el pago serían mil (pesos).”
El viernes 19, un grupo de padres de los desaparecidos negó que entre las víctimas se encuentre algún militar activo, como reveló la Sedena en respuesta a la solicitud de información promovida por el corresponsal de Proceso.
Al término de una reunión en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega, Emiliano Navarrete y Carlos Martínez –vocero de los estudiantes– expusieron a los medios que la revelación de la Sedena sólo confirma que el Ejército desapareció a sus hijos, porque sabía dónde estaban.
Comentaron que la reunión tuvo como propósito analizar cada caso y confirmaron que “ninguno de los desaparecidos pudo ser militar o estar relacionado con el Ejército”. No obstante, admitieron que la Sedena, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional han infiltrado el alumnado o enviado a supuestos activistas bajo el argumento de que se solidarizan con el movimiento, pero se retiraban cuando eran descubiertos.
La revelación de la Sedena, dijeron, confirma que el Ejército desapareció a sus hijos porque admite la infiltración y que conocía las movilizaciones de los normalistas. También pidieron a la Procuraduría General de la República abrir una línea de investigación que vaya dirigida al Ejército.
Sobre el capitán Crespo, del 27 Batallón de Infantería, quien, según testimonios y reportes oficiales, estuvo al mando de 12 soldados durante los hechos del 26 y 27 de septiembre, la dependencia no ha informado nada. Crespo es el mismo oficial que participaba en los actos públicos del alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Asimismo, Crespo fue quien presuntamente interrogó y despojó de sus celulares a los normalistas que se refugiaron en la clínica privada Cristina y pidieron que se atendiera a dos de sus compañeros heridos de bala.
El 14 de diciembre último este semanario informó que un integrante del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) tuvo información del desplazamiento de los normalistas desde que salieron de la normal (Proceso 1989).
Asimismo, ha documentado el involucramiento de los militares en la desaparición de los normalistas, según informó este semanario en su edición 1992.(proceso.com.mx).

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