COLUMNA

Centro…!
Arturo Ríos Ruiz

Ley inmobiliaria, contra quien renta
Atenta a la inversión y facilita a invasores
Da trabajo concebir que exista un gobierno que atente contra la propiedad privada, se trata de que el ejercicio de las autoridades del mismo tiene como directriz fundamental, ejercerlo para todas las clases sociales.
El 8 de febrero se publicó en la Gaceta de la CDMX la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; anula los desalojos para quienes no pagan renta en una cas

a habitación, terreno o departamento. Invita conello a que los inquilinos nomás no paguen.
Se reconoce que México tiene una población en pobreza de 53 millones 418,151, personas, de acuerdo al INEGI, evidentemente carecen de vivienda y rentan; es fácil deducir que hay muchos que no pueden pagar y con una ley semejante, ya no lo harán y sobrará quienes renten para exigir indemnización. Golpe mayúsculo para ricos y clase media.
El desaliento para la inversión en este ramo, el inmobiliario, es inmenso; estamos ante un gobierno que se declara su enemigo, que disfraza de Derechos Humanos una ley con permiso para el despojo, que es un delito ¿Cómo entenderlo? Menos aceptarlo.
Es bueno ayudar a la clase débil económicamente escribiendo; pero es fatal, darles facilidades para el abuso y atacar a la clase productiva de la nación, es una medida que le da una cachetada a la equidad; los que viven de este negocio, la renta, no tienen la culpa del estado de pobreza de nadie.
El ex procurador del entonces Distrito Federal y de la República, Ignacio Morales Lechuga, además de ser un excelente notario que avala su opinión, dio la voz de alerta de este terrible asunto que careció, mañosamente de ser publicitado; a la calladita se dejó caer el guadañazo a una clase social de México, en la que hay un buen de personas que dieron su voto a Andrés Manuel y Claudia Scheinbaum, responsables de la medida de marras.
No hay explicación que convenza, se trata de un mandato lesivo, totalitario, como el de una dictadura, que va contra los intereses de un sector de particulares del país que también deberían tener derechos y garantías para invertir. ¿Así cómo?
Quiénes no votamos por Morena, hemos estado en espera de ver acciones que nos convenzan para colaborar con este gobierno, pero éste asunto contra los inmobiliarios, decepciona y alarga el distanciamiento entre los mexicanos.
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