NOTA

Investigación congelada de
38 constructoras incumplidas

Ezequiel Flores Contreras.-Al menos 38 empresas que incumplieron contratos de construcción de viviendas bajo el Plan Nuevo Guerrero, implementado tras el paso del huracán Ingrid de 2013, tienen procesos penales abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), inter

puso 51 denuncias y es la fecha en que éstas se mantienen en “etapa de investigación”, informó la dependencia federal a través de una solicitud de información de Apro.
Una empresa enfrenta más de dos procesos penales porque recibió varios contratos, lo que explica que el número de denuncias es mayor a los acusados, indica el documento oficial de la Sedatu.
Al respecto, la subdirectora de la Unidad de Enlace de la Sedatu, Mayra Pérez Pablo, informó que la anterior administración federal destinó mil 431 millones 780 mil 440 pesos para un proyecto de construcción de 10 mil 413 viviendas en diferentes regiones de la entidad.
Para ejecutar las obras de vivienda, la Sedatu otorgó “por adjudicación directa” 177 contratos a más de un centenar de empresas y personas físicas. A casi seis años de la tragedia, el proyecto inmobiliario sigue inconcluso, indica la respuesta oficial de la Sedatu.
LAS EMPRESAS INVESTIGADAS
La dependencia federal reveló que existen 51 carpetas de investigación radicadas desde 2014 en la FGR contra 38 empresas por incumplimiento de contrato; dichas carpetas aún no se han consignado ante una autoridad judicial porque se encuentran en “etapa de investigación”.
Entre las empresas denunciadas destaca el caso de Casaflex, propiedad de Carlos García Vélez y Cortázar Hidalgo, con registro público en la Ciudad de México y domicilio en Polanco, que enfrenta cuatro procesos ministeriales, refiere el informe oficial.
El otro constructor señalado es Evodio Santiago García, quien tiene en su contra tres carpetas de investigación abiertas en la FGR por incumplir con la construcción del fraccionamiento El Balsamar, donde se pretendía reubicar a la población de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo.
Para ese proyecto inconcluso, el gobierno federal destinó 39 millones 830 mil pesos para edificar 210 viviendas mediante dos contratos otorgados directamente a Evodio Santiago García y la Constructora Armec, indica el documento oficial.
La Constructora Quince, registrada en Tijuana y con domicilio en Rosarito, Baja California, tiene dos expedientes abiertos, uno de ellos por el caso de la reubicación del poblado de Azinyahualco, ubicado en la sierra de Chilpancingo y que tuvo un costo de 17 millones 760 mil pesos, indica el contrato SEDATU-CO-220-2014.
Los trabajos consistieron en la construcción de 93 casas, que fueron entregadas sin servicios básicos ni infraestructura urbana, indican documentos oficiales.
La misma empresa dejó inconclusas 66 viviendas que tuvieron un costo de 12 millones 540 mil pesos en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, donde también fue beneficiada la empresa Gamacons, propiedad del exdiputado local priista David Gama Pérez.
LA HISTORIA DE IMPUNIDAD
En septiembre de 2017, la revista Proceso informó que la lluvia de dinero del proyecto estrella del gobierno anterior sólo había beneficiado a una red de funcionarios, políticos y empresarios de la construcción que se repartieron discrecionalmente los fondos y dejaron obras de mala calidad, inconclusas e incluso inexistentes.
Datos oficiales indican asimismo que de los 43 fraccionamientos que contempló el plan federal de construcción en el estado –principalmente en las regiones Centro, Montaña, Acapulco, Tierra Caliente y ambas costas–, 20 fueron abandonados y las viviendas quedaron inconclusas.
Esto significa que más de 3 mil familias damnificadas por Manuel siguen esperando que el gobierno federal cumpla su compromiso de otorgarles una casa.
Los otros 23 asentamientos urbanos de reubicación total fueron entregados con serias deficiencias, como el caso del denominado El Mirador, en Chilpancingo. Se preveía en ese fraccionamiento la construcción de mil 100 casas en una superficie de 13 hectáreas, con un costo de 30 millones de pesos.
No obstante, los propios informes oficiales de ese momento señalaron que se habían construido 598 viviendas en seis hectáreas, sin servicios básicos como agua potable y electricidad, y 60 deben ser demolidas, ya que al estar sobre terreno inestable ya presentan fracturas.
Los contratos del proyecto federal Plan Nuevo Guerrero fueron firmados y otorgados en 2014 por la entonces directora general de Coordinación de Delegaciones de la Sedatu, Sheila Ortega Muciño, y el exdelegado de la dependencia federal en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón.
En agosto de 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un dictamen en el que informó que ambos exfuncionarios federales habrían sido inhabilitados para ocupar un cargo en la administración pública durante 10 años, luego de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades administrativas en el proceso de adquisición de predios para edificar las viviendas del programa Plan Nuevo Guerrero. (proceso.com.mx).