COLUMNA

Café Astoria
Ignacio Hernández Meneses

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PALABRA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece con claridad y precisión que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación  independientemente de las fronteras”. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud de éste artículo 19. En Méxi

co, este derecho está garantizado en el artículo 6º. de nuestra Constitución. En Guerrero, la libertad de palabra ha sido perseguida, golpeada, desaparecida y hasta asesinada. Promotores y defensores de los derechos humanos, líderes campesinos, dirigentes de Organismos No Gubernamentales y periodistas conforman esa larga lista manchada de sangre y permanece en el archivo muerto de la impunidad de las fiscalías. Se estima que al menos 121 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 a la fecha, y la cifra con el nuevo régimen que preside Andrés Manuel López Obrador van 13, y 6 de éstas víctimas eran compañeros que pertenecían a radios comunitarias. Con estas cifras lamentables y preocupantes, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, y el nada grato segundo lugar en el mundo después de Siria. Frente a la adversidad, aquí y ahora, en medio de este ambiente de miedo pero también de firmeza, nuestro  llamado para salir de este foro con mayor firmeza, con propuestas que nos permitan construir mecanismos de defensa y fortalecer la unidad de acción, sin importar siglas. La libertad de prensa es la piedra angular de las sociedades demcráticas, pero en la nuestra hace falta mucho por hacer, frente a un nuevo régimen que se parece mucho al viejo, en las cifras rojas y en los 189 días de impunidad. El escenario no es tan halagador para el ejercicio de la libertad de prensa y expresión en el plano nacional y local, crecen las zonas de silencio por la multiplicación de agresiones y la persistencia de los crímenes contra periodistas y luchadores sociales en el campo y la ciudad. Es también grave y preocupante que hoy nos una el miedo, la zozobra de salir a reportear y no regresar a nuestros hogares. Pero este encuentro es muy valioso, nos fortalece y más aún si marcamos una agenda común. Definitivamente, el Estado está obligado a garantizar la seguridad de las y los periodistas y de todos aquellos que, desde cualquier trinchera, ejercen la libertad de expresión e información. De lo que se trata hoy es de avanzar hacia un verdadero Estado de libertades. En la defensa de la libertad de prensa y de expresión, con responsabilidad, ni un paso atrás. ¡Enhorabuena, y manos a la obra!