POLICRÓNICA

Extorsionadores…De los 15 ediles que conforman el Cabildo Plural del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, capital de Guerrero, ocho asumen el papel descarado de extorsionadores contra siete encabezados por el perredista Antonio Gaspar Beltrán, por ello hicieron vacío en el Primer Informe de labores del 14 de septiembre.

Cuando el pueblo decide votar  por los políticos a un cargo de elección popular, estos confunden  que al ganar, les están dando un cheque en blanco para hacer negocios personales o grupales. Esa es una aberración condenable, porque los que tienen un cargo de elección popular, es para servir a las mayorías, no para servirse con el voto de las mayorías, como está ocurriendo con el actual Cabildo Plural del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero que desde que comenzó el 1 de octubre pasado, han estado presionando al presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que les suelte dinero a manos llenas como si el erario público fuera un botín. Los actuales ediles de los 15  que conforman el Cabildo Plural, un presidente municipal; dos síndicos procuradores de diversos partidos políticos y 12 regidores de diversos partidos políticos, todos ellos sin importar al partido que pertenezcan el objetivo es:Servir al Pueblo. El jueves 12 de septiembre por la tarde repentinamente ocho ediles convocaron a una conferencia de prensa en las oficinas de la delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en la que descarada y públicamente exigieron dinero al presidente municipal de Chilpancingo, el perredista Antonio Gaspar Beltrán, para satisfacer sus ambiciones personales y condicionaron su presencia para la sesión solemne de la mañana del sábado 14 de septiembre. Nadie más que ellos están enterados de cómo están las finanzas del Ayuntamiento y como lo recibieron del anterior alcalde Marco Antonio Leyva Mena, del Partido Revolucionario Institucional, por ende debieran ser solidarios para sacar adelante de manera conjunta una administración, luego de que lograron sacar del Palacio Municipal al Partido Revolucionario Institucional que había estado durante 90 años. De inicio van a pasar a la historia de que derrumbaron al gigante del PRI, pero ahora también van a pasar a la historia por dinereros, mercenarios, tomando como botín el erario y rehén del alcalde perredista, Antonio Gaspar Beltrán, para obligarlo que les suelte fajos de billetes, y si cae a la extorsión, también pasará como parte de la pestilente corrupción, esa será su decisión, y al rato cuando vaya a la calle le griten también que es un corrupto, como los ocho ediles, que no asistieron a la sesión solemne, se convirtieron en un fraude para los que votaron por ellos en las elecciones del 1 de julio del 2018. En lugar de ello, los ocho de los 15 ediles, están exigiendo a Gaspar Beltrán les paguen de manera retroactiva 30 mil pesos mensuales de compensación sobre su salario del cual de manera deshonesta no revelaron en la conferencia para que el pueblo  sepa cuánto es el ingreso quincenal y mensual, además, les asignen otros 50 mil pesos al mes para contratar cinco asistentes cada uno. Es decir 80 mil pesos mensuales, pero nunca revelaron exactamente cuánto reciben de salario y otras prestaciones, para que los ciudadanos que votaron por ellos, sepan si es justa la demanda o realmente es una extorsión descarada a las autoridades municipales que están haciendo los regidores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Vargas Barrientos, Itanduvi Villalba Nájera, Guadalupe Almazán Morales, Lino Castillo Candia y Samir Daniel Ávila Bonilla, además de las regidoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Blanca Alicia Camacho de la Cruz, Brenda Janet Ramírez Santos y segundo síndico procurador del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Víctor Manuel Ortega Corona. Estos ocho haraganes con su extorsión buscan hacerse de dinero de manera fácil, sin trabajar y creen que los ciudadanos les dieron cheque en blanco para asaltar las arcas del erario público. Podrán decir que no es una extorsión, sino un derecho, pues desde aquí afuera no lo vemos así, sino de una descarada extorsión que no es otra cosa que es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico.  Esta claro que esos ocho ediles capitalinos están incurriendo en un delito, aparte de que lo podemos clasificar como un acto de corrupción, al que no se está  prestando el perredista Antonio Gaspar Beltrán y no va a ceder, porque no hay presupuesto de más, cada quincena tiene  que andarse quebrando los dedos para cubrir no solo sus salarios elevados de los ediles, sino de todos los trabajadores. Para que no hubiera duda de su hambruna de dinero el regidor de Morena, Samir Daniel Ávila Bonilla, dio lectura un documento en el que acusaron al alcalde Antonio Gaspar Beltrán de manejar los recursos públicos con opacidad y discrecionalidad. Se refirió que en varias ocasiones solicitaron por escrito un informe pormenorizado de las finanzas municipales. Entre la información que solicitaron está el número de trabajadores que había en las diversas nóminas en la última quincena de agosto de 2018, el monto total que se pagaba y cuántos trabajadores hay por adscripción en las diversas nóminas en la primera quincena de septiembre de 2019. Sin embargo, reprocharon que el alcalde no ha respondido a sus solicitudes de información. En apariencia es una exigencia “legítima”, pero lamentablemente  está cargada de ambición personal, no institucional, porque hicieron público de cuanto supuestamente les debe dar de manera retroactiva el alcalde Gaspar Beltrán. Es por ello que los reporteros asistentes a la conferencia de la tarde del jueves 12 de septiembre, los cuestionaron sobre el incremento salarial de 30 mil pesos mensuales que presuntamente solicitaron, y en respuesta la regidora Blanca Alicia Camacho de la Cruz aclaró que no se trata de un aumento salarial, sino de una compensación que los ediles tienen autorizada y que utilizan para “dar apoyos” a la ciudadanía. Con cinismo explico y sin sustento legal que ese recurso asciende a 30 mil pesos mensuales por regidor, pero el alcalde lo retiene bajo el argumento de que corresponde al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y manifestaron que los ediles investigaron el destino del recurso y constataron que no se está entregando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entonces queda claro que ellos como regidores y síndico son cómplices de esta omisión y corrupción, porque si Gaspar Beltrán no está reportando ese dinero, ya debieron haberlo demandado ante varias instancias entre ellas la Auditoria Superior del estado y de la federación, porque solo hacer declaraciones irresponsables se evidencian de que lo están chantajeando. Según ellos, por ello  están reclamando el pago del bono de compensación con retroactivo a los meses que ya han transcurrido de la administración, está más que claro que es una extorsión, es decir, cada regidor recibiría mensualmente 60 mil pesos, que corresponden a 30 mil de salario y 30 mil de compensación. Aunado a eso, demandaron un recurso adicional de 50 mil pesos al mes, que pretenden utilizar para contratar cinco asistentes cada uno, con un salario de 10 mil pesos mensuales, es mucho personal y elevado el salario, porque no hacen nada, ni cumplen con sus ofrecimientos cada uno de los regidores, ejemplos sobran. Entonces con cinismo buscan que los siete ediles restantes encabezados por Antonio Gaspar Beltrán, les autoricen para recibir cada mes 80 mil pesos adicionales por regidor para cumplir con la demanda de los ediles y todavía exigen sea desde hace 11 meses.También se les cuestionó si la exigencia de reintegro del ISR la harían en beneficio de los 3 mil 200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento. En respuesta, dijeron que su gestión es únicamente de alcance personal. En esta parte fueron honestos los ocho extorsionadores, que su exigencia es personal, no es grupal, muchos menos para beneficiar a la base trabajadora que tiene menos ingresos salariales a los que el alcalde en sus diversos discursos que está en desacuerdo que haya salarios bajos para los realmente trabajan y muy elevados para quienes no desquitan su salario. Cuando se les preguntó el por qué no llevaron la propuesta a Cabildo para que todos los empleados recibieran ese beneficio, cambiaron de tema, para criticar al presidente Antonio Gaspar Beltrán porque presentaría su primer informe de gobierno en el auditorio “Sentimientos de la Nación”. Según ellos, en la más reciente sesión de Cabildo los ocho de los 15 ediles habrían propuesta que se realizara en la explanada del zócalo capitalino, bajo el argumento de que el evento en el auditorio resultaría muy costoso. Pero la respuesta del cuestionado alcalde  les manifestó que el gobierno del estado prestó las instalaciones del auditorio, por lo que no generaría costo alguno. Pese a esa explicación, los ediles extorsionadores insistieron en que el informe se presentara en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, a lo que el alcalde respondió que mantendría el evento en el auditorio. Por lo que desde el 12 de septiembre los ocho  extorsionadores (regidores) anunciaron que no asistirían a la sesión solemne, la cual calificaron como un “acto faraónico que busca enaltecer el ego y hacer gala de un derroche innecesario y moralmente cuestionable, con miras políticas”. Cumplieron su sentencia los ocho extorsionadores con su ausencia, por lo que el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán emitió  sólo un mensaje, en lugar de un informe, al cumplir un año de gobierno. Gaspar Beltrán no logró quórum para instalar sesión solemne como lo marca el artículo 55 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, luego que los ocho ediles de 15 no acudieron en protesta por las irregularidades y malos manejos en la administración del perredista. El evento se realizó el sábado 14 en el auditorio Sentimientos de la Nación con la presencia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Bastida, diputados locales y funcionarios. Los lugares destinados para los ocho ediles en el presídium de este sábado fueron ocupados por funcionarios municipales. Ahora ya saben los ciudadanos de Chilpancingo, que hay ocho extorsionadores que se oponen al progreso de la capital del estado, porque no les sueltan migajas para vivir como ricos. Quienes se suponen que están por el progreso, por combatir la corrupción, y ayudar con el gobierno del nuevo régimen de la Cuarta Transformación, los morenistas Manuel Vargas Barrientos, Itanduvi Villalba Nájera, Guadalupe Almazán Morales, Lino Castillo Candia y Samir Daniel Ávila Bonilla, principales opositores al actual gobierno municipal, pero lo peor es que se exhiben como mercenarios de la política, contrario a lo que está haciendo el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Otra contradicción de los mismos regidores perredistas que están en contra de su propio compañero el alcalde del PRD, Blanca Alicia Camacho de la Cruz, Brenda Janet Ramírez Santos, en tanto el parche mal pegado que llegó con las siglas del MC, que no huele ni hiede en la actual administración municipal, es el segundo síndico procurador Víctor Manuel Ortega Corona. Cuidado con estos atracadores del erario público municipal de Chilpancingo.