SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Jueces y magistrados por el
camino fácil, caso Iguala:IBC

Marcos Muedano.--El exprocurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, consideró que en el caso Iguala jueces y magistrados tomaron el camino fácil, y en vez de analizar los 800 tomos de la indagatoria prefirieron decir que hubo irregularidades, pero no optar por la reposición del proceso
A casi cinco años de la desaparición de los alumnos dijo que la fiscalía a su cargo inició las investigaciones por el delito de homicidio y lesiones, y dejó abierto el expediente para que se integrara el delito de desaparición forzada.
“Nosotros consignamos por homicidio calificado a distintas personas, entre ellas a Abarca y Felipe Flores, un total de 33 personas, también hubo consignaciones por daños y lesio

nes y se dejó abierto el expediente para continuar con la investigación por desaparición forzada”.
Sin embargo, a la fecha aseguró que desconoce los términos en los que se consignaron las investigaciones y bajo qué errores, ya que es evidente que el Ministerio Público de la Federación no ha logrado acreditar los delitos.
“Desconozco en qué términos se formuló la consignación, pudo existir un problema en la parte de disección o datos de prueba del Ministerio Público, lo importante es que cuando se genera una consignación de esa naturaleza es que el Ministerio Público debe de allegarse de datos de prueba, entre ellos sentencia de integrantes de grupos criminales, en este caso: Guerreros Unidos.
No debemos de olvidar que hay antecedentes de Guerreros Unidos. Un ejemplo es la detención de la PGR de Gerardo Toribio Rentería, alías El Tilde; otro más es El Sapo Guapo, incluso los hermanos de la esposa de Abarca, en su oportunidad fueron detenidos y relacionados con este grupo, pero lo más importante es la investigación de la DEA. Para mí, esos elementos eran suficientes para dar la existencia de este grupo criminal.
No se está analizando los casi 800 tomos de la indagatoria. Los jueces y magistrados se están yendo por el camino sencillo, esto es aludir que hubo una serie de irregularidades y no optar por la reposición del proceso”.
Iñaki Blanco agregó que a pesar de esos errores no hay una sentencia en contra de los supuestos funciones que, según los jueces y tribunales, incurrieron en algún delito al momento de realizar detenciones y las investigaciones.
“Es probable que hayan existido errores, de ello da cuenta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los dos informes del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana, pero a pesar de los señalamientos de tortura y abuso de autoridad, no existe una sentencia firme en contra de autoridades o ministerios públicos”.
El ex procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco aseguró que, al realizar las primeras investigaciones sobre el caso, las personas a su cargo detuvieron a 33 personas, entre las cuales se encuentran 12 policías del grupo conocido como “Los Bélicos”, al servicio de Guerreros Unidos, los cuales siguen presos.
Blanco dijo estar seguro que el equipo que él dirigió no cometió errores en las investigaciones, ya que las liberaciones de personas consignadas por el caso, fueron detenidas por la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR).
“De las personas que fueron identificados como Los Bélicos al interior de la policía municipal de Iguala, nosotros detuvimos a 12, y el resto aportamos información que permitió su identificación y las detenciones, en la mayoría de los casos fueron hechas por la PGR. Algunas de las personas absueltas son de grupo de la PGR. Nosotros lo que hicimos fue identificarlos, pero no tuvimos mayor participación, salvo en el grupo de los primeros, quienes siguen en la cárcel. La fiscalía a mi cargo sentó las bases de la misma que le dio continuidad la Procuraduría General de la República y que hoy lo que está plenamente probado, es que los que participaron en los hechos fueron elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula y que la parte que tiene que ver la autoría intelectual reside en los Guerreros Unidos con quienes actuaron y colaboraron estas policías”.
También dijo que hay una postura “ambivalente” de algunos de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotiznapa sobre las investigaciones del caso, lo que puede derivar en el delito de “prevaricato”.
Blanco comentó que hace poco más de un año los abogados e incluso los padres de familia de los alumnos aplaudieron una sentencia de un Tribunal Colegiado que señalaba las irregularidades cometidas en las investigaciones, irregularidades que hoy están dejando libertad a algunos de los detenidos y procesados por el caso.
“Es importante recordar que hace poco más de un año se emitió una sentencia por parte de un Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas que sentó las bases del juez Ventura Ramos, que hoy tanto molesta a muchos de los que conocimos o intervenimos en el caso, incluidos los representantes legales de los padres de familia y los propios padres de familia. Me gustaría destacar que en lo que respecta a los padres de familia hay una postura ambivalente, contradictoria, porque hace poco más de un año aplaudieron esa resolución del tribunal  Colegiado, incluso, Vidulfo Rosales Sierra se dio a la tarea de decir que quedaba rebasada, cerrada la línea de investigación que conducía a los Guerreros Unidos, y hoy, se dice ofendido, ofuscado por la liberación de todas estas personas , cuando lo cierto es que con su postura de hace poco más de año, consciente o inconscientemente colaboraron a la liberación de estos”.
En entrevista telefónica comentó que la resolución del Tribunal Colegiado quitó atribuciones al Ministerio Público, dando paso a la creación de la Comisión de la Verdad.
“Esta resolución, en la que en su momento llamé una aberración historia, es una resolución que descalifica la actuación del Ministerio Público de la Federación de la PGR en el caso Iguala, así como a la institución en sí. Es un hecho irresponsable, poco profesional y burlón al hacer mención a lo que se conoció como el pasaje del ´fiscal carnal´, pero lo más destacable es que restó atribuciones al Ministerio Público, desconoció lo que le corresponde constitucional y legalmente, y lo sometió a una Comisión de la Verdad, la cual debería de quedarse en lo que establece el protocolo de Minnesota, porque la Comisión de la Verdad que hoy existe no está conformada en esos términos.
Para Iñaki Blanco, el fallo emitido por el Tribunal representó la existencia de errores de las autoridades, los cuales se pudieron corregir en caso de que el Juez Primero de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, hubiera ordenado la reposición de las investigaciones.
“Esa resolución, también señalaba que muchos de los casos, sin haber tenido acceso a la totalidad de la investigación, se advertía que había testimonios obtenidos a través de actos de tortura. Hablaba también de detenciones ilegales y arbitrarias, lo que originó que se descalificara parte del cumulo probatorio. Sin embargo, a la fecha existe una jurisprudencia emitida por tribunales colegiados que señalan que cuando haya una confesión o una declaración obtenida por tortura señala que el juez debe de descalificarla y valorar el resto de las pruebas o en su defecto ordenar la reposición del procedimiento. El juez Ventura Ramos no le hizo el mínimo caso a esta jurisprudencia que me parece que hubiera sido lo más sano”. (lasillarota.com).