POLICRÓNICA

Perversovocero…Pese a que hay denuncias y hasta sentencias judiciales, hasta hoy el presidente de la república el morenista Andrés Manuel López Obrador, no ha destituido a “su” “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, por haber violado la veda electoral, además no comunica nada a los medios.

Hasta este día goza de impunidad en el nuevo régimen de la Cuarta Transformación el cuestionado periodista y represor de sus mismos colegas en el país, llegando al extremo de demandarlos hasta por daño moral. Ese es el perfil general y en síntesis de Jesús Ramírez Cuevas, quien por cierto, no es eficiente, ni eficaz en su responsabilidad para socializar la información, mucho menos de vincularse con los representantes de los medios. Es vocero de todo el Gobierno federal,  pero no se ocupa de ello, apenas ayer en nuestra edición de La Crónica,Vespertino de Chilpancingo, publicamos gratuitamente un “choriboletin” enviado expresamente a nuestra redacción de la Secretaría de Gobernación que preside Olga Sánchez Cordero, cuando se supone que vendría  de Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la República. Pero sucede todo lo contrario, su relación con los periodistas del centro y de todo el país, ha sido de discrepancia, no ha tenido la capacidad de interactuar en medio de la austeridad republicada que se impuso desde hace un año en el nuevo régimen de la Cuarta Transformación. Desde un principio el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador, habló de que bajaría el gasto de publicidad oficial hasta en un 50 por ciento, además ese dinero ya no se quedaría para los medios de la Ciudad de México, sino que se distribuiría en todo el país de manera equitativa. En Guerrero no se ha reflejado, más que un periódico que se edita en Acapulco, y de ahí para allá, nadie más, entonces no se está cumpliendo la palabra y el ofrecimiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El nuevo régimen de la 4T, le está quedando a deber a los medios mal llamados nacionales, ahora incluidos a los regionales y locales, quienes supuestamente tendrían publicidad oficial ahora con el nuevo régimen. Por falta de esos ingresos, muchos medios impresos tradicionales y noticieros en electrónicos y digitales están cerrando por falta de ingresos económicos. Hasta este día el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, lo están impugnando y exigiendo de que debe ser destituido, inhabilitado y hasta multado por haber violado la veda electoral en las pasadas elecciones del 2 de junio del 2019. Esa tiene que ser la sanción que le imponga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien está obligado a dar cumplimiento a la sentencia SUP-REP-109/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo anterior es la conclusión del representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón. Considera que debe prevalecer la congruencia en el Gobierno de López Obrador, pues si convirtió en graves los delitos electorales, tiene que aplicar a su vocero una sanción acorde, porque incumplió la norma electoral. “El tipo de sanción puede ir desde la propia inhabilitación para ocupar el cargo, hasta una posible sanción económica”, dice enfático Sondón, sobre el fallo del TEPJF, emitido el pasado 25 de septiembre, y del cual, resalta, hasta el momento el presidente se encuentra en desacato. Esa es la visión del promovente de la queja que alcanzó la sentencia referida. Hasta esta fecha la resolución de la autoridad jurisdiccional, no lo amonesta. Hay sanciones muy claras y específicas, y más tratándose de delitos electorales. Porque se está hablando de un delito electoral: promocionar acciones de gobierno en un día de jornada electoral. Habría que recordar que ahora con la nueva Ley se configuran delitos electorales como graves. El propio fraude electoral: les impusieron penas altas, que no tienen derecho a fianza. O sea ponen al nivel de cualquier delincuente penal, a un delincuente electoral. El pasado 12 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, con lo cual se elevaron los delitos electorales a categoría de graves. Es decir, que el Ministerio Público puede solicitar (y en su caso el juez conceder) la prisión preventiva a quienes incumplieron la normatividad electoral. El servidor público federal se le deben aplicar los términos generales a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es aplicable a todos los servidores públicos. En el artículo 75 se establecen las sanciones que pueden aplicar los Órganos Internos de control, en este caso, el de la Presidencia de la República que depende de la Secretaría de la Función Pública. El referido artículo 75 prevé las sanciones administrativas no graves. Son cuatro: Amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En los siguientes párrafos se especifica: “Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. “La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. “En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año”, indica el artículo 75.En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019, del cual se tiene copia, consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.Refieren un tuit  y un video en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla. Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”. El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo). El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral. Como no se ha cumplido, ahora el promovente insistirá ante el TEPJF que el presidente López  Obrador acate y cumpla la sentencia, y la sanción a Ramírez Cuevas no sea menor a su destitución. Inclusive, en el recurso de revisión que presentó contra la sentencia de primera instancia del proceso especial sancionador, el vocero presidencial Jesús Ramírez, Cuevas ofreció alegatos que por unanimidad rechazaron los magistrados del TEPJF por considerarlos improcedentes; esos que en la jerga de la abogacía les llaman legaloides o leguleyos. Si López Obrador no acata la resolución federal, entonces estaría desacatando y podría ser sancionado. Por el momento podemos afirmar que Andrés Manuel es un demagogo, y hasta absurdo que siga protegiendo a su vocero, debe poner el ejemplo de que en su gobierno no hay impunidad, caiga quien caiga. Con esa actitud, recordamos aquella frase de López Obrador “al diablo con las instituciones”. Es decir está fomentando la impunidad y la corrupción, en el discurso lo combate, pero en la práctica, es un falsario. Lo que deja claro, que están haciendo ¡todo!, ¡todo!, ¡todo!, para darnos cuenta de que el nuevo régimen de la 4T es pura demagogia.…Pinta4T…Para darle sello institucional al nuevo régimen de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, ya se trabaja para pintar todas las oficinas federales en dos colores, según para su mejor identificación. El Ejecutivo federal publicó este lunes los “Criterios y especificaciones técnicas relativos a la imagen institucional y la señalización de inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas”. Este manual, de uso obligatorio y generalizado, define los colores, materiales y texturas que los inmuebles federales deberán adecuar en función de sus necesidades específicas. Predomina el “Pantone 7420 C”, color que utiliza el Gobierno federal para su imagen institucional, y que es similar al que usa Morena, que es el “Pantone 1805 C”. Según el Manual, la finalidad es que los inmuebles federales de atención al público y prestación de servicios cuenten con una imagen homologada y reconocible a lo largo de todo el país. “Con el propósito de facilitar a la ciudadanía la ubicación de las dependencias para la realización de trámites”, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. En realidad desde que comenzó el nuevo gobierno federal y hasta la fecha, desde nuestra percepción el color institucional que se ha manejado  es guinda, exactamente el que ocupa el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Lo extraño de todo esto, es que ningún dirigente de todos los partidos políticos han cuestionado esa permanente campaña en los escenarios que utiliza López Obrador y sus funcionarios. Para que no haya duda, ahora aparecerá en todos los edificios del gobierno federal el color purpura, aunque técnicamente le llaman pantone 7420 y 1805, pero popularmente es guinda, es el mismo que identifica al partido Morena. Lo raro de todo esto es que ni los mismos detractores de López Obrador, comenzando por los dos ex presidentes panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, mucho menos sus dirigentes del Partido Acción Nacional, no lo han encarado de que el color guinda es elmismo de Morena, por ende  desde  el 1 de diciembre lo ha estado ocupando en los diversos escenarios. También los dirigentes del Partido  de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, tampoco han manifestado su rechazo a ocupar como color oficial el pantone o más conocido como guinda o purpuro. Para que más les guste, ahora  el Gobierno de México, comenzando por este logotio con color pantone, ahora todos los edificios públicos lucirán con ese color. ¿Habrá inconformes que cuestionen a López Obrador?,  ¿le van a permitir que le ponga color guinda a todos los edificios para que nadie dude que es Morena el Gobierno? Desde nuestra percepción desde el Gobierno López Obrador está en permanente campaña para las elecciones venideras. Es un mensaje subliminal desde el 1 de diciembre del 2018 y hasta hoy nadie le ha echado en cara al mandatario de que está explotando el color de su partido Morena, inicialmente en la papelería oficial, ahora serán los edificios públicos que se supone son de todo el pueblo de México, no  del partido gobernante. Por casi ocho décadas que estuvo gobernando el PRI, nunca pintó los edificios, ni utilizó hojas membretadas de tricolor.