𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙨𝙘𝙤 𝙍𝙚𝙮𝙚𝙨.CHILPANCINGO, GRO a 18 de julio de 2022.—Como resultado de las amenazas y de los embates «misóginos y violatorios de la dignidad de todas las mujeres» de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ahora es denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, por mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres por el Partido Revolucionario Institucional, Aline Mata Eguía Liz, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero; respaldada por la Secretaria General del PRI, Pilar Vadillo Ruiz; las diputadas locales, Gabriela Bernal Reséndiz y Flor Añorve Ocampo; la dirigente del Movimiento Territorial, María Adame Almazán; la secretaria de Gestión Social, Guadalupe Castillo; así regidoras, sindicas y lideresas del PRI en el estado.
Las ahora denunciantes, afirmaron que ante la agresión y amenaza que sufrieron las diputadas federales del PRI por parte de Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, ahora están presentando la denuncia ante los derechos humanos.
Explicaron, que lo anterior como resultado de los embates de la gobernadora de Campeche, quien condujo un programa el pasado 5 de julio del presente año, en el que afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, por lo que las denunciantes calificaron los dichos de la gobernante morenista como «misóginos y violatorios de la dignidad de todas las mujeres»
La misiva de denuncia está dirigida a la también mujer, Cecilia Narciso Gaytán, titular de la institución en la que afirman que «Este hecho, no sólo constituye un delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales»
Ante este escenario, las quejosas, demandaron que se haga una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.
Para ello, presentaron como prueba el programo citado, señalando que con ello se acreditan las manifestaciones, acciones y omisiones constitutivas en violencia en contra de la mujer, en particular de las denunciantes por difamar, menoscabar y disminuir sus derechos y libertades, por el simple hecho de ser mujeres y políticas.
Igualmente en la denuncia se exige la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.
También demandaron limitar el asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendida, así como las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.
Al concluir, señalaron que requirieron al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, «pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas».
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