𝗘𝗣𝗥:𝗜𝗺𝗽𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝘀𝗶𝗻 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗮𝗰𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘼𝙜𝙪𝙖𝙨 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘𝙖𝙨

 

--𝘙𝘦𝘢𝘣𝘳𝘪𝘳 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰, 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘰𝘯

--𝘎𝘰𝘣𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘰𝘮𝘪𝘴𝘰𝘴

𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙨𝙘𝙤 𝙍𝙚𝙮𝙚𝙨.CHILPANCINGO, GRO., 28 de Junio de 2023.--Al callar y actuar por omisión, al no reabrir el caso, convalidan el crimen y se convierten en cómplices por extensión, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora del estado, Evelyn Cecia Salgado Pineda, ambos del  Partido Movimiento de Regeneración  Nacional (Morena), al cumplirse hoy 28 años de la masacre de 17 campesinos y 21 heridos más.

El anterior reclamo lo hizo el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (CG-EPR), al conmemorarse hoy miércoles el 28 aniversario de la masacre que cometieron la Policía Motorizada del Estado y otros agentes federales.

Rememoran que a 28 años del crimen de Estado perpetrado contra campesinos militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la impunidad continua.

Recordaron que ese 28 de junio de 1995 fueron masacrados por elementos de la Policía Motorizada del Estado y otros agentes federales, en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 17 campesinos y 21 más resultaron heridos. 

Afirmaron a través de su comunicado que se trató de un operativo planificado con premeditación desde las altas esferas gubernamentales y la cúpula castrense, hoy, a pesar de existir tres ordenamientos de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y judicial, el caso se mantiene en la impunidad.

Asimismo el EPR, reclamó que “Nada de esto ha importado a las administraciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que actualmente gobierna tanto a nivel federal  (Andrés Manuel López Obrador) como estatal; ni para el presidente de la república, tampoco para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, ha sido prioridad de su gobierno hacer justicia y garantizar juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este y otros crímenes de Estado. Al contrario, al callar y actuar por omisión, al no reabrir el caso, convalidan el crimen y se convierten en cómplices por extensión.

Destacó el movimiento guerrillero “Hoy las víctimas de Aguas Blancas se suman a una larga lista de crímenes de igual naturaleza que se cuentan por miles en todo el país, todos con un mismo patrón que se repite, protección e impunidad desde el Estado para los victimarios; mientras que, para el pueblo, que clama y exige justicia, omisión, dilación, burocratismo y perversidad”.

Indicaron que “No importa que partido político gobierne al país, la respuesta y el trato del Estado mexicano a las víctimas es el mismo, se trata de una política transexenal que en el caso de crímenes de Estado y de lesa humanidad existe consigna de Estado, mantenerlos en la impunidad”.

En 28 años que han pasado de 1995 a la fecha, se ha constituido una larga cadena de complicidad y responsabilidad criminal de Estado, por comisión y omisión, en la que están involucrados todos los principales partidos políticos del régimen, PRI, PRD, PAN y ahora Morena, que en diferente momento han contribuido con su cuota a la consigna de Estado para negar justicia a las víctimas, apostándole al olvido y a la impunidad.

Igualmente cuestionaron que en este mismo orden, destacan los nombres de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, como jefes de Estado, en los diferentes sexenios a su cargo, por tal motivo encabezan el muro de la impunidad al no garantizar justicia para las víctimas de este crimen de Estado.

Por cada sexenio y jefe de Estado transcurrido, sin que se haga justicia, se extiende el manto de la impunidad y con ello se allana el camino para el cometido de nuevos crímenes contra el pueblo, con lo que se es parte de la criminalidad de Estado por extensión; con tal proceder se contribuye a que se fortalezca la cadena de complicidad, que hermana a todos los personeros y representantes del Estado mexicano como signo distintivo de la embestidura presidencial.

Reclamaron que no basta con el reconocimiento público del crimen y los actos de disculpas y perdón, estos pertenecen al ámbito personal y no al de la justicia que es lo que reclaman las víctimas, sobre todo cuando desde el Estado se ha hecho todo lo posible por encubrir y diluir el crimen, mantenerlo en la impunidad y el olvido; primero con la negación y después con la maniobra evasiva, dilación y omisión.

En su comunicado  el EPR, sostiene que un patrón que se repite en todos los casos de cometido de crímenes de Estado contra el pueblo, como el perpetrado en el Vado de Aguas Blancas, lo que revela autoría, responsabilidad y continuidad. Un proceder del que no escapa el gobierno federal encabezado por Morena, ni su representante presidencial.

Reiteraron al igual que en Aguas Blancas, lo vimos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016; en Ayotzinapa, Guerrero el 26 de septiembre en 2014; en El Bosque, Chiapas el 10 de junio de 1998; El Charco, Guerrero el 07 de junio de 1998; en Acteal, Chiapas el 22 de diciembre de 1997; todas masacres cometidas por el Estado, con una misma lógica y proceder, en todas persiste la impunidad.

Destacaron que en la masacre de Aguas Blancas, la responsabilidad del Estado en su cometido está acreditada por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido el 18 de febrero de 1998; y, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 1996, que señala responsables con nombre y apellido; todas mandatan y obligan al Estado mexicano a garantizar justicia a las víctimas.

Y a pesar de ello, la impunidad persiste como parte de una práctica sistemática transexenal que pretende hacer de la farsa un acto de justicia, con la creación de una “Comisión de Verdad y Justicia” para “esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos” cometidas de 1965 a 1990, como si de 1991 a la fecha ya no se hubieran cometido estos crímenes.

Que se escuche claro, en el cometido de la masacre de Aguas Blancas no hay nada que esclarecer, los responsables están plenamente identificados, tienen nombre y apellido, entonces ¿Por qué no se ha hecho justicia?

Es el mismo modus operandi, el que vimos en la masacre de Aguas Blancas, y en todos los subsecuentes crímenes en los que se ha logrado acreditar la participación de agentes del Estado o la aquiescencia de éste, designación de fiscales, creación de comisiones especiales, de figuras y organismos para el caso, ordenamientos y de más, pero al final, la impunidad prevalece.

No existe un solo caso en el que la justicia haya alcanzado no solo a los perpetradores materiales del crimen, policías y mandos medios, sino también a quienes los planifican y dan las ordenes desde las estructuras policiaco militares, así como por cadena de mando y responsabilidad ejecutiva a titulares de dependencias, incluidos presidentes y gobernadores.

La explicación es simple y tiene nombre: pacto de impunidad; con ello se protege, desde las más altas esferas gubernamentales, a criminales de Estado y estructuras encargadas de planificar y ejecutar la violencia y terror contra el pueblo, mismas que a la fecha se mantienen activas.

Son las mismas estructuras criminales que en Guerrero se han ensañado contra el pueblo perpetrando los más deleznables crímenes, tienen su centro de mando en las comandancias militares, en este caso de la 35/a Zona Militar de Chilpancingo y el 27 batallón de infantería en Iguala, que antes tenía su sede en Atoyac de Álvarez, Guerrero, ambas con larga trayectoria contrainsurgente, que actúan bajo las directrices y ordenes emitidas desde las más altas cúpulas castrenses y el poder político burgués.

Que no se olvide que el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, no se asesinó a campesinos al azar, se masacró a campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se movilizaban para exigir la presentación de uno de sus compañeros desaparecido, se trató de un crimen con claras motivaciones políticas, fue un operativo planificado con premeditación, antecedido de otros crímenes como el asesinato político y la desaparición forzada de varios de sus militantes.

La decisión final se tomó el 26 de junio, por el entonces Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, los principales jefes policiacos, magistrados, algunos empresarios y el general Arturo Acosta Chaparro, quienes se reunieron en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Se trató de una ofensiva y operativo contrainsurgente diseñada contra la OCSS, que para entonces ya era víctima de criminalización y persecución política.

A la fecha el Estado se sigue ensañando con las víctimas de ese atroz crimen, sigue ejecutando la violencia criminal contra los integrantes de la OCSS, se ha cebado sobre la humanidad de los sobrevivientes de la masacre, a quienes persigue, ha encarcelado, asesinado o desaparecido.

Al Estado no le bastó con el asesinato de los 17 campesinos y toda la violencia desatada en Guerrero, también se ensaña con los familiares de las victimas que exigen justicia, es el caso de la familia Mesino, cuyos miembros Miguel Ángel Mesino Mesino y Rocío Mesino Mesino fueron asesinados en el año 2005 y 2013, como represalia y venganza política del Estado por ser parte de una familia que ha luchado por la defensa de los intereses del pueblo.

¡𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗔𝗦, 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗢𝗦, 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦!

Mientras la justicia no llegue para las víctimas, no se enjuicie y castigue a los encargados de planificar y ejecutar la violencia criminal de Estado, en tanto no se desarticulen las estructuras criminales que planifican y ejecutan los crímenes, la impunidad prevalecerá, seguirá perpetuándose en tiempo y personeros; línea que se extiende de 1995 a la fecha, desde el entonces presidente Ernesto Zedillo, priista; dos sexenios panistas, otro priista con Enrique Peña Nieto y continua con el del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, máximos representantes del Estado burgués mexicano.

No olvidemos que los responsables de este crimen tienen nombre y apellido, algunos de ellos y de mayor jerarquía son Ernesto Zedillo Ponce de León, Rubén Figueroa Alcocer, Esteban Moctezuma Barragán, Emilio Chuayffet Chemor, general Enrique Cervantes Aguirre, general Francisco Quiroz Hermosillo y general Arturo Acosta Chaparro, los últimos dos consumados criminales de Estado a quienes se les garantizó impunidad hasta su muerte.

A 28 años de la masacre, está claro que la justicia no vendrá de las instituciones del Estado, éste por su carácter criminal y de clase, en todo momento garantizará impunidad a los perpetradores. La única garantía de justicia será la que emane del poder popular y de la capacidad organizativa del pueblo fuera de los marcos de la institucionalidad burguesa.

Ante la impunidad y complicidad transexenal, ante un Estado omiso que protege y da garantías a los criminales de Estado, toda acción y forma de lucha es válida y legitima, incluida la vía armada revolucionaria.

#𝗤𝘂é𝗱𝗮𝘁𝗲𝗘𝗻𝗖𝗮𝘀𝗮. 🏡 💙