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𝘿𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙇𝙖𝙨𝙩𝙞𝙧𝙞 𝙮 𝙂𝙚𝙧𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙁𝙖𝙧𝙚𝙡𝙡.CIUDAD DE MÉXICO.--Por mayoría de nueve votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la segunda parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pleno de la Corte señaló que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar en menos de 24 horas el dictamen de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además de que los legisladores publicaron un dictamen modificado una vez que ya había iniciado la discusión que contenían reformas sobre las transferencias de voto por convenio y la inclusión de la cláusula de “vida eterna” de los partidos políticos.

“Los legisladores no sólo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa sino que la que conocían originalmente no era la que estaban discutiendo”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.

Destacó que el proceso legislativo, que implicaba cambios importantes en la infraestructura del máximo órgano electoral -el Instituto Nacional Electoral- duró cuatro horas, lo cual no garantizó que todos los legisladores conocieran a fondo la iniciativa que votaron.

“Resulta claro y evidente que sí se violenta el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el dictamen que estaban votando”, comentó.

En consecuencia, con esta resolución, la Corte invalidó en su totalidad el Plan B de la reforma electoral y, en esta ocasión, los ministros prohibieron al Congreso legislar nuevamente en dicha materia para modificar las reglas del proceso electoral que empezará en septiembre próximo.

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Previo a la sesión de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el proyecto de Laynez no revisa el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por un mero requisito de forma, como es el respeto al proceso legislativo.

En consonancia con el mandatario, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se pronunciaron contra la propuesta de Laynez de invalidar por vicios en el procedimiento legislativo y llamaron a analizar el fondo de la reforma.

“Como tribunal constitucional que nos preciamos de ser, nuestra responsabilidad no debe limitarse necesariamente a vigilar si las y los legisladores cumplieron con los tiempos que establece la ley”, dijo Esquivel. 

“Hoy vamos a emitir una resolución sin siquiera analizar el fondo del problema, quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales por cierto cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral”.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán respondieron a sus compañeras que los vicios al proceso legislativo también son importantes para resolver este tipo de asuntos.

“Es de vital importancia que los representantes populares se ciñen al mandato del pueblo, osea a la constitución y a los reglamentos en el proceso legislativo”, indicó Aguilar Morales.

Pérez Dayán incluso señaló que el trabajo de la Corte no debe subordinarse a los acuerdos políticos que hagan los legisladores, como refirió Esquivel Mossa.

“No son simples formas son las reglas que la democracia constitucional estableció en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional”, apuntó. 

“No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, misma que juramos guardar y hacer guardar”.

La ministra presidenta, Norma Piña recordó a sus compañeros que la Corte debe tener congruencia con sus decisiones y apuntó que en agosto del año pasado, el pleno invalidó por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017, precisamente por vicios en el proceso legislativo.

“Los vicios que por unanimidad se consideraron invalidantes son semejantes a los que el ministro Laynez está proponiendo en esta ocasión y fue una decisión por unanimidad”, señaló. 

“Desde hace seis años he votado en el sentido de que la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es especialmente importante para que conozcan lo que van a legislar, lo que va a regir al pueblo de México. Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la constitución que nos rige, en ella está contenida como forma de gobierno la democracia que está inspirada no solo en la regla de la mayoría sino también el respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho”. (𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘰.𝘤𝘰𝘮.𝘮𝘹)

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