𝗜𝗺𝗽𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗹𝗮𝗰𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗮 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗻 é𝗽𝗼𝗰𝗮 𝟰𝗧

Fernando Hinterholzer Diestel

Los muy altos niveles de impunidad en nuestro país, que rondan el 90%, pueden ser perfectamente explicados por “una muy severa falta de capacidades de las instituciones del Estado Mexicano para investigar y procesar de manera diligente y castigar a los perpetradores de acuerdo con lo establecido por la ley”. En México no existen una cantidad suficiente de policías investigadores, fiscales y peritos forenses, y los que hay no cuentan con los conocimientos o habilidades técnicas o científicas requeridas y ni con las herramientas tecnológicas y en general los recursos necesarios para resolver los delitos de manera eficiente. Actualmente, estoy en lo personal batallando con la Fiscalía del Estado de Guerrero, para que investiguen, aclaren y persigan a los autores materiales del asesinato de mi hijo Enrique, perpetrado hace ya tres meses. Y ni siquiera he podido obtener una copia completa de la carpeta de investigación, y así están todos los deudos de miles de crímenes que suceden en todo el país.

No me cabe la menor duda, que la falta de capacidad de los servidores públicos de las Fiscalías del país, es parte de la explicación. Sin embargo, un análisis sobre las causas de la impunidad basado solamente en la falta de capacidades es claramente incompleto, pues ocultaría el papel que juegan los intereses y de las preferencias y las intenciones de las Fiscalías Estatales; tanto de la clase política como de las personas operadoras del sistema de administración e impartición de justicia. Existe algo que los expertos en criminalística, denominan “la impunidad activa”, esto es, “la que resulta de las acciones u omisiones deliberadas por parte de las propias autoridades del sistema de justicia, con la intención de generar investigaciones fallidas y garantizar así la falta de rendición de cuentas para los perpetradores”. El concepto de “impunidad activa” busca establecer que la impunidad no es simplemente “el resultado de la falta de capacidades, el azar o la habilidad de los perpetradores para encubrir sus huellas y evitar a la justicia; a menudo, la impunidad es deliberadamente producida por las propias autoridades.

Un análisis de varios casos en nuestro país “de justicia corrompida”, da cuenta de siete formas de como aplican la impunidad activa en los procesos judiciales: una de ellas, los cambios a la escena del crimen y siembra de evidencias; otra corresponde a la oposición de recibir denuncias; amenazas directas a víctimas, familiares y testigos; acusaciones contra de las víctimas; negligencia de las Fiscalías a investigar a elementos del Ejército y la Marina, y evasiva de las autoridades a investigar asuntos donde hay presunción de colusión entre el crimen organizado e instituciones gubernamentales. La prevalencia de la impunidad activa en el gobierno de la 4T es notable, dado el capital político que el mismo presidente ha puesto sobre la mesa. Esto señala la magnitud del “poder de veto” de las Fuerzas Armadas y de las estructuras de “gobernanza criminal”, o la profundidad de la “captura del estado” por parte del crimen organizado en el país. Sin duda, esta constatación es una especie de verificación de la realidad en extremo preocupante y desalentadora.

Hace unos días, SEGOB dio a conocer que, de 110,964 registros de personas desaparecidas, “solo hay 12,377 confirmadas”. O sea que, de un día para otro, el gobierno federal desapareció en un 88% la cifra de desapariciones. “Supuestamente esto se hizo bajo metodologías rigurosas, “búsquedas” de trámites en instituciones”. Esta reducción no significa que haya carpetas de investigación concluidas. La segunda parte de la estrategia gubernamental, es Impunidad Activa, criminalizando a los acompañantes de las familias de desaparecidos, con ello, se presume que se logrará desarticular a quienes exigen seguir buscando. Desde hace 20 años, el país ha enfrentado una crisis desgarradora: la desaparición forzada de miles de personas: 2,095 desapariciones ocurridas en los primeros 90 días del 2023. Detrás de las cifras frías y las estadísticas se ocultan historias de profundo sufrimiento humano y de insoportable angustia, donde madres, padres, hijos y hermanos claman por respuestas, por justicia. Y, en medio de esta tragedia, se alza un muro de indiferencia, un manto de desprecio que parece emerger desde la cima hasta las fosas.

El silencio y el desprecio también envían un mensaje desolador a la sociedad en general: que el sufrimiento de ciertos sectores de la población no es importante, que se puede ignorar y minimizar. Esto no sólo es un golpe a la dignidad de las familias afectadas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de un México más justo y solidario. Es hora de que seamos testigos de un cambio real en la forma en que abordamos esta crisis de desaparecidos. No se trata sólo de buscar culpables y castigar a los responsables, sino también de brindar apoyo y respeto a quienes han sido víctimas de esta tragedia. Las madres buscadoras merecen más que un desdén presidencial; merecen justicia, verdad y el apoyo incondicional de un país que no debe darle la espalda a su dolor.

De acuerdo a cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, México cuenta con “un registro de más de 30,000 asesinatos al año y sólo en este sexenio han desaparecido más de 44,000 personas para sumar más de 113,000 desapariciones. Cada día son asesinadas en el país entre 80 y 90 personas. Nuestra tasa de homicidios dolosos es de 26 por cada 100,000 habitantes. En los países de la Unión Europea esa tasa es de uno por cada 100,000 habitantes y el 90% de los homicidios se castiga”. Ese debiera ser el desafío del gobierno obradorista, el cual no ha cumplido, su importante deber para con la ciudadanía de brindar un grado razonable de seguridad pública La preocupación no es para menos. La seguridad de los jóvenes se erige como una prioridad y como un tema de seguridad nacional, ya que está en juego el futuro de México. Para el gobierno que gane los comicios de junio del 2024.

Desde el inicio de la actual administración, hasta diciembre de este año, más de 150 mil jóvenes han sido asesinados o desaparecidos. Como sociedad civil exigimos acciones efectivas y directas para enfrentar y derrotar a la creciente crisis de seguridad en todo el país. La violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada. La seguridad de los ciudadanos, especialmente la de los jóvenes, es una prioridad innegociable para el gobierno, y el tiempo se acaba para el gobierno de López Obrador.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝙀𝙉𝘿𝘿𝙐𝙈:durante la inauguración del FFCC Transítsmico, integrantes de la Asamblea Comunitaria zapoteca de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, protestaron sobre el mismísimo por presidente López Obrador. Los campesinos que se resistieron a ser desalojados de sus viviendas ubicadas cerca de las vías del tren, colocaron una manta sobre el paso ferroviaria que decía: “Qué vas a inaugurar Mentiras, despojo y violencia disfrazado de desarrollo”, “sopas perico que te traigo a dieta, el pueblo bueno alzando la voz, y falta Acapulco. Feliz Navidad a mis cuatro lectores.

#𝗤𝘂é𝗱𝗮𝘁𝗲𝗘𝗻𝗖𝗮𝘀𝗮. 🏡 💙