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 CIUDAD DE M脡XICO, 8 de febrero de 2024. La prensa de todo el pa铆s vive un momento 谩lgido de violencia en su contra, y esto se agudizar谩 el presente a帽o debido a la disputa territorial entre los diferentes grupos criminales, que cada vez de manera m谩s descarada entran al juego pol铆tico, ha advertido Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para M茅xico y Centroam茅rica de la organizaci贸n no gubernamental Art铆culo 19, que trabaja a favor de la libertad de expresi贸n y de informaci贸n,  y defiende a periodistas.
En entrevista con El Sur, Maldonado profundiza sobre el pron贸stico que hizo sobre 2024 como un a帽o “sumamente violento” contra los periodistas. No es que el contubernio entre criminales y autoridades antes no sucediera, dice, pero ahora es m谩s notorio.
“Hoy, los delincuentes comunican a trav茅s de esta violencia. Es algo que lleva por lo menos dos d茅cadas, que se va incrementando y complejizando. Y precisamente por eso es que en contextos electorales, s铆, tambi茅n hay mucha violencia propiamente pol铆tica o desde los actores pol铆ticos en contra de la prensa”, expone.
En la cobertura electoral federal y local de 2018, resume Maldonado, se registraron 185 agresiones contra la prensa, pero ese mismo a帽o hubo otras 400 agresiones. Fueron casi 600 agresiones. Lo que llama la atenci贸n es que una tercera parte del total ocurri贸 en el contexto electoral. “El 80 por ciento de estas pr谩cticas fueron cometidas por autoridades p煤blicas y por partidos pol铆ticos”, enfatiza.
“Ah铆 hay violencia directa de los actores pol铆ticos, pero adem谩s est谩, repito, el juego de los grupos de crimen organizado, que son los que tratan de mandar mensajes en esta recomposici贸n de poder y en esta renovaci贸n de pactos pol铆ticos criminales que se dan cada cambio de gobierno.
“Vimos claramente c贸mo a partir de las elecciones intermedias de 2021 se detonaron los asesinatos de periodistas, la gran mayor铆a en los estados del Pac铆fico donde hubo cambios de gobierno estatal y municipal. En la segunda mitad de 2021 y todo 2022, se dio esta reconfiguraci贸n territorial, los nuevos pactos criminales con los nuevos gobiernos de extracci贸n morenista. Ah铆 es donde se dio la mayor铆a de los asesinatos, salvo uno en Veracruz, el de Jos茅 Luis Gamboa Arenas, en 2022”.
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De acuerdo con el conteo de Art铆culo 19, de 2000 a la fecha han sido asesinadas 163 personas por su labor period铆stica. En 2022 registr贸 13 asesinatos y en 2023, cinco.
“Nosotros seguimos la documentaci贸n de todos los casos, pero donde hay indicios de relaci贸n con el trabajo period铆stico de las v铆ctimas, es en esos, por lo menos presuntiva o preliminarmente, que es parte de nuestra metodolog铆a”, especifica.
“Imag铆nense si no juega un papel importante el crimen organizado en la disputa pol铆tica. Ah铆 est谩n los dos escenarios: el crimen organizado manda mensajes, violentando pol铆ticos, candidatos y a la prensa de la manera m谩s grave y atroz posible con secuestros, asesinatos, pero tambi茅n los actores pol铆ticos violentan directamente a la prensa durante la cobertura electoral”.
–¿Hay una l铆nea muy delgada entre el crimen y las autoridades? En las agresiones contra periodistas y buscadoras de personas desaparecidas, el com煤n denominador es el mismo: agreden delincuentes, pero siempre est谩 detr谩s la mano de la autoridad, sobre todo si hablamos de territorios locales.
–Totalmente de acuerdo. El crimen organizado no act煤a solo o por sus propios intereses. Son quienes jalan el gatillo, por ponerlo de manera muy simple, pero los que est谩n ideando y planeando y ordenando estos asesinatos son pol铆ticos en contubernio con los l铆deres criminales de las plazas. Evidentemente esto nunca lo vamos a llegar a esclarecer del todo, porque parte de los nexos con criminales son los pactos de silencio y de impunidad.
Por eso, contin煤a el abogado de defensor de derechos humanos, “siempre la desconfianza en c贸mo se investigan desde las fiscal铆as locales los cr铆menes contra la prensa y ah铆 hay un bot贸n de muestra. El caso m谩s tr谩gico que se vivi贸 en 2022, tiene que ver con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoac谩n, en Zit谩cuaro. Ellos (Armando Linares, fundador, y Roberto Toledo) hab铆an denunciado meses antes el contubernio entre la fiscal铆a del estado, el alcalde del municipio y el crimen organizado.
“Lo absurdo es que ellos investigan y, obviamente, ¿qu茅 van a decir? Que el crimen no estaba relacionado con su labor period铆stica a pesar de que es evidente que, al haber haber asesinado a dos periodistas, uno de ellos el director del medio, lo que se buscaba era callarlos. Ah铆 est谩n las circunstancias. Se cierra por completo el pacto de impunidad cuando las fiscal铆as tambi茅n est谩n cooptadas por estas l贸gicas criminales”.
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En el seguimiento de los casos de violencia pol铆tico-criminal en M茅xico que hizo en 2023 Data C铆vica con el monitoreo Votar entre Balas, aparecen 574 agresiones del crimen organizado a personas vinculadas a la política y el gobierno. “Eso implica que es el año con más hechos de violencia político-criminal desde que empezó este registro de la sociedad civil, en 2018”, afirm贸 en la organizaci贸n en su reporte presentado en enero pasado.
Los estados con más agresiones registradas en 2023 –incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones y amenazas– fueron Guerrero (91), Guanajuato (64), Zacatecas (43), Veracruz (42) y Michoacán y Chiapas (38 cada uno). “Destaca este último estado, que en años previos no había registrado dichos niveles de violencia”.
Guerrero es la entidad con m谩s eventos de violencia criminal-electoral de 2018 a diciembre de 2023, con 167 casos.
La cifra total de hechos violentos incluye a elementos de seguridad atacados fuera de funciones, “ya que se considera un intento de incidir en la vida política de un lugar”, precisa Data C铆vica, “pero si se les deja fuera, suman 264 víctimas sólo de personas que ya eran funcionarias públicas o, en el contexto del proceso electoral 2023-2024, eran aspirantes a un cargo de elección popular”.
Desde que se inició el proceso electoral, el 7 de septiembre pasado, al 31 de diciembre,  “fueron agredidos ocho precandidatos y un excandidato. Seis casos fueron de asesinato, un secuestro y dos atentados”.
Guerrero tambi茅n est谩 entre los estados con m谩s agresiones a la prensa desde que Art铆culo 19 tiene registro. “M谩s de 420 de 2009 a la fecha”, enfatiza Maldonado. “Es el segundo estado con m谩s asesinatos de periodistas, despu茅s de Veracruz. Esto marca una tendencia muy clara de los niveles de violencia que enfrenta la poblaci贸n en general, pero particularmente la prensa”.
En las 煤ltimas semanas, a帽ade, se agit贸 m谩s la situaci贸n, precisamente por casos de amenazas por lo menos a ocho periodistas de Iguala, “una amenaza colectiva, con la que b谩sicamente buscan que no haya cobertura period铆stica en la zona. El secuestro masivo de periodistas, tres en Taxco; el intento de asesinato de cuatro en Chilpancingo. Todo pareciera que tiene que ver con un grupo del crimen organizado que est谩 disputando el territorio, pero otra vez surge la pregunta: ¿qui茅nes son sus aliados institucionales?
“Y es ah铆 donde entra el juego pol铆tico. Es una violencia hist贸rica en contra de la prensa en Guerrero y ha provocado desplazamientos masivos. En otros momentos hemos ubicado en la misma regi贸n de Iguala amenazas colectivas que han provocado los desplazamientos masivos y por lo tanto el silenciamiento absoluto de la prensa.
“Esto sucede con la permisividad de las autoridades, o en complicidad, y tambi茅n ante la inoperancia de las instituciones del Estado para idear mecanismos de protecci贸n que no tengan que recurrir a la extracci贸n forzosa, al desplazamiento forzoso de periodistas, pero tambi茅n ante la incapacidad de investigar estos cr铆menes, por complicidad y negligencia. Es la tormenta perfecta para que esta violencia se reproduzca y crezca en espiral”.
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Se pregunta al director de Art铆culo 19 cu谩l es el papel que ha jugado, en este contexto, el Mecanismo de Protecci贸n para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El mecanismo, responde, “ha pasado por muchas y muy diversas crisis a lo largo de su historia, una de ellas, muy recurrente, es el tema de la falta de recursos suficientes para aplicar las medidas de protecci贸n. Esto, evidentemente, siempre va generando incertidumbre sobre la posibilidad de cerrar los a帽os fiscales con los recursos necesarios para garantizar la vida y la seguridad de las y los periodistas y defensores de derechos humanos. De entrada, es una crisis que nunca se ha atendido y que es responsabilidad pol铆tica del Congreso y del Poder Ejecutivo en turno.
“Y hablamos de dos gobiernos –aclara–. El de Enrique Pe帽a Nieto y el de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador”.
Aparte, remarca, “ahora viene esta intenci贸n de cerrar los espacios de di谩logo con la sociedad civil organizada, que justo da seguimiento al mecanismo desde sus inicios en 2012”.
Se hab铆a logrado conformar un grupo t茅cnico de trabajo para la mejora del mecanismo, menciona el abogado, pero “con la salida de Alejandro Encinas, quien era subsecretario de Derechos Humanos, pr谩cticamente se ha dicho que ese grupo no tiene viabilidad”. Ello a pesar de que su objetivo era cumplir las m谩s de 100 recomendaciones para la mejora del mecanismo que hizo la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El hecho de que el grupo no prosperara, agrega, “nos habla de la falta de voluntad pol铆tica para construir, en conjunto con la sociedad civil, una mejora de este espacio con muchas deficiencias y 谩reas de oportunidad, pero que a煤n as铆 sigue salvando vidas y garantizando la seguridad de personas que llegan a solicitar protecci贸n.
“Nosotros estamos muy seguros de que la situaci贸n de violencia letal contra la prensa y contra defensores de derechos humanos, particularmente defensores ambientales y las buscadoras, ser铆a mucho peor si no existiera el mecanismo”.
Otro asunto que se debe revisar, apunta, es que la protecci贸n por s铆 sola no va a ser suficiente, porque se necesitan, adem谩s, garant铆as de acceso a la justicia “y ah铆 est谩 el papel, otra vez, de la fiscal铆as”.
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Leopoldo Maldonado se refiere a un 煤ltimo hecho que ha contribuido este sexenio a la violencia contra periodistas: “El discurso del presidente (L贸pez Obrador) sum贸 condiciones de vulnerabilidad a la prensa, sin duda.
“No se equivocan desde el proyecto pol铆tico en el poder cuando dicen que la violencia contra la prensa no es nueva, que ven铆a desde gobiernos atr谩s, pero el discurso del presidente s铆 fue nuevo y eso abon贸 tambi茅n a la permisividad para cometer violencia contra la prensa. Basta ver c贸mo otros sectores pol铆ticos, no solamente de Morena, sino de la oposici贸n, gobiernos locales sobre todo, replican la campa帽a en contra de la prensa.
“Lo que hizo el presidente fue, otra vez, exacerbar la intolerancia de los pol铆ticos al escrutinio p煤blico que necesariamente debe ejercer la prensa, y si esto sucede en un contexto de violencia desatada, donde se cometen agresiones a la prensa casi cada 12 horas, con niveles de impunidad de 98 por ciento, entonces otra vez hay una responsabilidad en los nichos de los actores pol铆ticos y de los altos funcionarios”.(Texto: Guillermo Rivera/Foto: Archivo/饾槾饾樁饾槼饾槩饾槫饾槩饾槺饾樁饾槶饾槫饾槹.饾槷饾樄).

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