CHIUATLA DE TAPIA, PUE., 20 de marzo de 2024.—La solicitud impulsada por la bancada del PAN y Morena para que el Senado de la República ejerza su facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, por lo que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación.
Lo anterior fue dado a conocer por la presidencia de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, de que se le ha dado el tramite a la Comisión de Gobernación, previo el estudio correspondiente, será la encargada de elaborar los dictámenes sobre la procedencia de la petición, para posteriormente ser votados por el Pleno.
En caso de que el Pleno estime que no es procedente la petición, se tendrá por concluido el asunto y se comunicará a las y los peticionarios; en caso de estimarlo procedente, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnará a la Comisión de Justicia para que, en un plazo de cinco días hábiles siguientes, presente la resolución a la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y Guanajuato.
Si el Senado determina que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, hará la declaratoria de que se está en el caso de nombrar un titular del Poder Ejecutivo provisional.
En sesión de este miércoles, en debate en tribuna el panista Damián Zepeda Vidales expresó que el procedimiento para eliminación de Poderes en una entidad federativa debe contar con una visión que trascienda a los partidos políticos, por ello se debe revisar la legislación vigente.
También el panista José Alfredo Botello Montes consideró que el asunto a discusión trasciende a la vida en las entidades federativas, por lo que no es cosa menor. Conminó a que el instrumento legislativo se le considere en su votación, la mayoría simple.
El morenista Félix Salgado Macedonio refutó que las entidades federativas están facultadas para considerar un procedimiento en un estado gobernado por la minoría a diferencia de un gobierno estatal gobernado por la mayoría parlamentaria.
El órgano de Gobierno acordó establecer el procedimiento para que el Senado determine si estima procedente cualquier petición que reciba para que conozca de las causas que configuran la desaparición de poderes de un Estado.
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