𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗿í𝗺𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀

Fernando Hinterholzer Diestel

Las elecciones cada tres y cada seis años para renovar la presidencia de la república, las dos cámaras (diputados y senadores) y las gubernaturas, presidencias municipales  y congresos estatales,  se sometan al escrutinio público de la ciudadanía, para decidir si continúan en los cargos de representación popular, siempre y cuando resuelvan los problemas de su comunidad. Pero desgraciadamente en este 2024, estamos viviendo un proceso electoral que está cubierto de sangre y sembrado de terror por el crimen organizado ante la omisión cómplice del Estado Mexicano (4T). Por desgracia no se atienden los problemas de fondo, en el cual las organizaciones criminales regionales sepan que el Estado no tolerará su intromisión en unas elecciones que debieran caracterizar a la democracia mexicana.

Ante la innegable  violencia que priva por todo el país, menos para López Obrador quien dice que esta “pacífico”. Es un fenómeno que el presidente se niega a aceptar, a pesar de que las estadísticas que son apabullantes e irrefutables. De acuerdo a investigaciones de T- Research, se han registrado en México 184 mil 471 asesinatos, desde el 2019 a la fecha, una cifra nunca vista. Esa violencia ha permeado las elecciones. Hace unos días, se agregaron a la cuenta de candidatos asesinados dos más. En Ciudad Mante ejecutaron a puñaladas al candidato de la coalición opositora a la presidencia municipal de esa localidad de Cd. Mante en Tamaulipas, y otro en el estado de Oaxaca. La violencia criminal es quizá la mayor amenaza que se cierne sobre los procesos electorales en marcha.  Las cifras  revelan un muy preocupante crecimiento de la violencia político electoral en  todo el país en estos últimos años, con una mayor vigor durante los comicios locales y federales. 

De acuerdo a los datos del reporte, 65% de los eventos de violencia político-criminal registrados entre 2018 y 2023 fueron asesinatos, mientras que 20% fueron ataques armados. Por su parte, 10% de los eventos fueron amenazas y 8%, atentados. Según el mismo reporte, 35% de las víctimas registradas entre 2019 y 2023 fueron funcionarios municipales —ya sean presidencias, sindicaturas o regidurías—, mientras que 47% son fuerzas del orden o policías locales, lo cual afecta la esencial capacidad del Estado de proveer seguridad pública a la sociedad. Por último, 24% de las víctimas eran candidatos o personal que trabajaba en los equipos de campaña. Por otro lado, por cada ataque a algún candidato(a) o militante partidista, se observa un aumento de un punto porcentual en la tasa de sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. 

Con estos resultados se vislumbra que la violencia política-criminal electoral ya ha vulnerado nuestra democracia desde hace varios años, ya que  daña el ejercicio de los derechos político-electorales, el derecho a ser votado y el derecho de los ciudadanos a acudir a las casillas sin miedo.  “Tanto la democracia, como la razón de ser del Estado y la esencia de la administración pública están en riesgo”. Es indiscutible que se necesita pacificar al país. Ya quedó demostrado que la presencia militar no es la solución. La guerra frontal no elimina las causas de fondo que permiten a las bandas criminales mantener su poder político y económico. Pacificar al país pasa por limpiar a la política del crimen organizado, para ello se debe investigar cuánto del dinero que se utiliza en las campañas políticas proviene de fuentes ilícitas.   La inseguridad va a tener algún efecto sobre la elección, no sabemos la magnitud, ni el nivel de incidencia, pero lo más probable es que sea sobre la participación ciudadana en el proceso. Probablemente afecte más a nivel local.

El final tan esperado final de la 4T, muestra ya toda la furia dictatorial de “un ególatra narcisista aspirante a ser un eterno candidato”, busca con todos su peleles en el congreso, robarse 40 mil millones de pesos de los incautos trabajadores, que no han reclamado su pensión y quieren aprobar una reforma que busca impedir a los jueces que otorguen amparos con efectos generales, eliminando de esta manera, la facultad de los jueces para detener o suspender los proyectos prioritarios del gobierno mediante ese recurso.

De esta manera, López Obrador se despide del “trono imperial” con un gran robo y un golpe ilegal y contra la Constitución, contra la Ley de Amparo. El presidente  busca acabar con la SCJN para evitar que sus estulticias e “inútiles obras de infraestructura, se vean sometidos al escrutinio de ley. La propuesta de terminar con el juicio de amparo, “evitando la suspensión del acto reclamado, que es eje vertebral del derecho mexicano”, da muestra nuevamente de su desapego al cumplimiento de la ley. Busca darle la vuelta a los principios de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales que han derribado sus ilegales proyectos en materia energética, electoral y de políticas mal planeadas. No quiere que nadie le haga contrapeso a su voluntad, berrinchuda y de ocurrencias. El final de sexenio de la 4T, nos está demostrando que “la mafia en el poder Morenista” están ahí para no dejarlo nunca, y para embolsarse todo lo que puedan. Si muchos mexicanos no lo quieren ver, es porque están obnubilados por las eternas mañaneras, o simplemente porque no quieren verlo. El propósito de adueñarse del dinero de las Afores de las personas de más de 70 años es un robo. Se trata de cuentas financieras personales, y no de fondos o fideicomisos. 

Para el aspirante a dictador y sus cuatreros, los adversarios de la sociedad son los criminales, pero la voluntad oficial es destruir a sus adversarios políticos, y para ello no  escatiman recursos e ignoran las leyes que les impiden llevar a cabo su cometido, el de volver a los tiempos del “Priato”, cuna del epónimo tabasqueño. El proyecto de la  “transformación” es el poder, concentrado y extendido para convertirse en una “dictadura bolivariana” y todo se subordina a eso. Durante el proceso electoral de 2021 se documentó ampliamente la operación electoral de los cárteles y hoy día, nada se está haciendo para evitarla en el próximo 2 de junio, porque, como entonces, pretenden aprovecharse de ella. No se puede ocultar que durante este gobierno, se ha vivido el horror más trágico, en materia de violencia y asesinatos. La realidad ha derrotado a López Obrador y  por siempre cargará  con la mayor cantidad de homicidios dolosos de la historia, con los más de 800 mil muertos por Covid, con los cientos de niños muertos  de cáncer por falta de medicamentos, en la historia del país. Pero, sobre todo, por haber arrodillado al Estado mexicano ante los carteles criminales,  no cumpliendo asi con aquello para lo que fue creado: la seguridad de sus ciudadanos.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈:: pero una buena noticia empieza a vislumbrarse en el proceso electoral próximo, ya es cada vez más evidente que las expectativas de tener mayoría calificada en ambas Cámaras para Morena se desmorona. Lo peligroso del choque entre Poderes por pleitos personales, las disputas internas y visiones jurídicas ¿podría forzar una disyuntiva donde se pudieran desconocer abiertamente las resoluciones de la Corte. La ruta trazada para dinamitar los puentes a casi 40 días de una elección amenazada por los intereses de organizaciones criminales, por un árbitro electoral tibio y sesgado y por un grupo aferrado a mantenerse en el poder como único recurso de supervivencia es un escenario que empuja a dos proyectos continuidad o cambio, esto es a un juego de suma cero.

#𝘝𝘰𝘵𝘢𝘱𝘰𝘳𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘢𝘴🗳️