𝗕𝗮𝗷𝗼 𝗳𝘂𝗲𝗴𝗼

𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙

José Antonio Rivera Rosales

   Los atentados que arrebataron la vida al magistrado Edmundo Román Pinzón así como al empresario Martín Roberto Ramírez Ruiz fueron, con seguridad, la gota que derramó el vaso.

Aunque ambos magnicidios parecen tener motivaciones diferentes, es inequívoco el funesto impacto causado en la sociedad guerrerense, más todavía porque estaba reciente el brutal asesinato del joven y carismático alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 un total de 17 personas vinculadas a la actividad político-electoral fueron abatidas por sicarios, entre ellos tres alcaldes recién electos.

Entre los asesinatos de alto impacto que sacudieron al estado de Guerrero figuran los del priista-perredista Ricardo Taja Ramírez en diciembre de 2023; de los alcaldes de Copala y Malinaltepec, Salvador Villalba y Acasio Flores, en forma respectiva, así como el mortal atentado contra el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en octubre pasado.

Para entender la dimensión de la violencia criminal que azotó a Guerrero durante el año que recién terminó -con su respectivo ingrediente político- baste decir que entre enero y noviembre de 2024 se contaron un mil 637 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales la tarcera parte fueron cometidos en Acapulco. Además de un total de 12 masacres contra civiles que se cometieron en el mismo periodo de tiempo.

Entre esas masacres quizá lo que más llamó la atención fue el ataque de más de un centenar de extranjeros armados, en su inmensa mayoría centroamericanos -al parecer patrocinados por la Familia Michoacana-, que lanzaron una embestida contra otro grupo delincuencial de la Costa Grande.

Pero esos mercenarios cometieron un error de primaria: atacaron una base de operaciones del Ejército que, como es natural, reaccionó con fuego graneado contra los atacantes. El resultado de esos choques armados fue de unos 32 individuos muertos y otro tanto encarcelados., en una jornada de terror que duró al menos dos días. En especial esa jornada violenta sacudió al estado de Guerrero, no sólo a la Costa Grande, donde ocurrió.

En diciembre, en medio de las fiestas de la temporada, es cuando se produce el inesperado atentado contra el magistrado Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y, para cerrar el año, el homicidio del presidente del Patronato de la Feria de Navidad, Roberto Ramírez Ruiz, lo que terminó por desanimar a la comunidad, especialmente en Chilpancingo.

Fue un año dantesco.

Por eso resulta sumamente alentador el cambio de estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, que en sus primeros tres meses de actividades mostró resultados inequívocos

con la aprehensión de 7 mil 720 personas vinculadas con delitos de alto impacto, operaciones encabezadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno actual.

Ya lo habíamos dicho en este espacio: García Harfuch es un policía de carrera especializado en inteligencia operativa, con estudios en la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cuando estuvo a cargo de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal, logró la aprehensión de un centenar de criminales peligrosos de Guerrero.

Era de esperar que ese alto funcionario pudiera obtener resultados tangibles en operaciones que con seguridad ya habían sido estudiadas. Garcia Harfuch tiene la ventaja de conocer el terreno que pisa: cuenta con un acervo amplio de inteligencia acumulada durante años de investigación .

No por nada en junio de 2020 fue atacado por un equipo de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hicieron más de 400 disparos en su contra -incluyendo un ataque con fusil Barret de 50 milímetros- lo que provocó la muerte de tres agentes de su equipo, e inclusive heridas al propio policía que por fortuna no pusieron en peligro su vida.

Durante la gira de tres días de la presidenta Sheinbaum por Guerrero, el secretario dio una información más precisa de sus operaciones en el estado: 654 delincuentes detenidos, 20 toneladas de droga incautada, 225 armas decomisadas y. por consiguiente, una disminución del 50 por ciento en los homicidios en Acapulco.

Más todavía, el secretario reveló quizá sin quererlo, que para efectos de captura de criminales peligrosos una Fuerza de Tarea se encuentra estacionada en Guerrero.  Es decir, se trataría de un grupo operativo secreto que es el que ha concretado con éxito las capturas anunciadas por el funcionario.

Esta información resultó ser una bocanada de aire fresco para la ciudadanía guerrerense, que se encuentra acorralada por los diferentes grupos criminales que han encontrado una veta jugosa en la extorsión de unos 40 mil establecimientos comerciales tan solo en Acapulco, sin contar otras ciudades guerrerenses que padecen ese flagelo.

En este contexto hemos observado que la Fiscalía General del Estado (FGE) tanto como la Policía Estatal hacen su tarea en la prevención así como en la persecución del delito, pero lamentablemente les falta personal, medios y leyes que los respalden.

Esa responsabilidad -la de las leyes-  recae en el Congreso del Estado, cuyos diputados se la pasan en el futurismo político o, de plano, promoviendo leyes intrascendentes (aquí la excepción parece ser Joaquín Badillo, quien promovió un proyecto de ley para sancionar la extorsión, que es el fenómeno que está ahogando la economía popular).

Como sea, las operaciones a cargo de García Harfuch -con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República- han golpeado a las diversas formaciones criminales casi sin excepción: a la Familia Michoacana, a Los Ardillos, al CIDA, a Los Rusos -que en realidad son una extensión del Cartel de Caborca fundado por el capo Rafael Caro Quintero-.

En tiempo record fueron detenidos los probables responsables de algunos de los homicidios más sonados, como el del magistrado Román Pinzón, del alcalde Alejandro Arcos, así como decomisado un cargamento de casi cinco toneladas de droga en la Tierra Caliente -propiedad de la Familia Michoacana, con seguridad-.

Pero hay un pelo en la sopa: ¿cuándo van a caer los principales cabecillas del crimen organizado? La verdad es que los principales mandos del CO siguen tan campantes, como si estuvieran seguros de que nadie les pondrá una mano encima.

Ha sido evidente la persecución del delito por parte del gobierno de la señora Sheinbaum, en coordinación con el gobierno estatal que encabeza la joven gobernadora Evelyn Salgado. Los tres juntos -Sheinbaum, Evelyn y Omar García- hacen un equipo formidable, aunque aún estamos lejos de alcanzar una paz duradera.

Esperemos que la lucha contra el crimen siga dando resultados. Todos lo esperan. (𝘴𝘪𝘯𝘵𝘦𝘴𝘪𝘴𝘥𝘦𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦𝘳𝘰.𝘤𝘰𝘮.𝘮𝘹).

 #𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.