𝗘𝘀𝗽𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀

Fernando Hinterholzer Diestel

Durante el sexenio “de los abrazos y no balazos”, el Comando Norte de Estados Unidos, dio a conocer que los carteles criminales dominaban una tercera parte del territorio mexicano. Apenas hace unos días, desde Washington la Casa Blanca informó que existe complicidad entre el crimen organizado y la administración de la 4T. Esto es, una franja importante del territorio nacional y un grupo de políticos “morenistas” del gobierno mexicano están asociados con la mafia. Hoy día, hay más evidencias de la expansión territorial de los grupos criminales y su influencia comunitaria en cientos de municipios, regiones o estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas). Y derivado de ello, toda la evidencia indica que Trump va con todo para exterminar a los cárteles en México, salvo que la presidentA Sheinbaum determine tomar acciones contundentes, incluida la entrega de políticos “morenistas” quienes tienen expedientes judiciales en EU, y que en nuestro país existen sospechas fundadas sobre su involucramiento con las mafias de Sinaloa y Jalisco.

Y si de algo estamos seguros muchos mexicanos, es que el presidente Trump tiene como meta demostrar que “el gobierno mexicano tiene una alianza intolerable con los cárteles del narcotráfico”. Y no le va a costar mucho trabajo lograrlo, ante el cumulo de evidencias que existen. Trump quiere a los jefes de la alianza político-criminal que son los responsables del aumento exponencial de la violencia en los últimos 6 años. Dichas tendencias y acciones ilícitas son las que tienen a nuestro país, hundido en una espiral de terror y violencia alterando de igual manera, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es por ello, que las acciones de Trump para recabar información mediante vuelos de reconocimiento, son para vigilar a los grupos delictivos y de esta manera seguir presionando a la administración de Sheinbaum con la amenaza arancelaria que sigue marcando su agenda mediática-política. La decisión de Trump de atacar a los grupos criminales de México, ya etiquetados “como organizaciones terroristas para el gobierno” y las agencias norteamericanas, es muy simple: enviar un mensaje de fuerza, de poderío, de capacidad logística, militar de precisión y contundencia. Los vuelos de mapeo y detección en días recientes, el portaaviones en aguas cercanas a las costas mexicanas, son un simple preparativo para sus operaciones.

Justo cuando el secretario de la Defensa Nacional, confirmó que los aviones militares y los barcos estadounidenses que sobrevolaron y navegaron en los límites internacionales y marítimos de México estuvieran realizando labores de inteligencia y espionaje, y cuando la televisión norteamericana confirmará que el Pentágono ha registrado una intensa actividad en los espacios aéreos y aguas marítimas limítrofes con nuestro país, Donald Trump designó a Terry Cole como director de la DEA un veterano de esa agencia. “El nuevo halcón de la administración Trump” que será el zar antidrogas estadounidense, parece cerrar la pinza en torno al anunciado combate contra los cárteles de la droga mexicanos a los que, aún antes de declararlos oficialmente como “grupos terroristas”, ya han comenzado a rastrear con sofisticados equipos de seguimiento e intercepción de comunicaciones, “pero sin invadir los límites territoriales de México” y en busca de lograr detonar una guerra conjunta desde los gobiernos de la Casa Blanca y de Palacio Nacional en contra de los que ya consideran “enemigos de los Estados Unidos”. Por ello, no es casualidad el uso de mayores herramientas de inteligencia que sumado a la información que han proporcionado, los dos capos mexicanos detenidos, en prisiones estadounidenses El gobierno mexicano mantiene un discurso de combate al crimen, pero se niega a admitir que el problema de la violencia armada no es solo un asunto de cárteles sanguinarios. Es un modelo de negocio donde militares, políticos y criminales se benefician por igual. Cada vez que un grupo criminal recibe armamento de uso exclusivo del Ejército, alguien dentro del gobierno lo permitió.

La colusión del crimen organizado con los políticos, no es un asunto de ayer ni de hoy, sino desde hace muchas décadas, siempre ha estado, a la vista de todos, como lo denuncio el periodista Manuel Buendía en 1985, poco antes de ser asesinado. En cada entidad, la población sabe si su gobernador está metido en los negocios con criminales y recibe dinero. Los sinaloenses saben en qué pasos anda Rubén Rocha; los tamaulipecos conocen quiénes han financiado las campañas de Américo Villarreal, así como las de senadores, diputados y alcaldes. Y no fue hasta que expresidente Biden “le cambio la jugada” a AMLO y se llevaron secretamente a el Mayo’ Zambada de México a Estados Unidos, en un operativo ultrasecreto’, que se rompió el pacto que tenían. El líder del Cártel de Sinaloa fue detenido tras cinco décadas de mantenerse fuera del alcance de las autoridades. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas nos pone en ascuas.

El próximo 4 de marzo se cumplirán los 30 días para que “nos caiga la espada de Damocles de los aranceles”. Trump sigue diciendo que México ‘no ha hecho lo suficiente’, y así nos tendrá durante sus cuatro años. Lo que no haga el gobierno de la 4T para terminar con los pactos mafiosos, combatir frontalmente al crimen organizado transnacional y a la narcopolítica asociada, representará el pretexto ideal, para que nos impongan “soluciones’ desde su territorio”. Es por ello, la presidentA Sheinbaum y su gabinete han reiterado machacosamente en los últimos días el mensaje de que “nadie debe meterse con la soberanía mexicana”, que “somos una nación independiente y no somos colonia de nadie”. No puede Sheinbaum aceptar que durante la administración de su “padrino y antecesor” se permitió una muy amplia complicidad entre autoridades y crimen organizado.  La respuesta de los que tenemos otros datos, es que no lo hace porque obviamente busca defender a toda costa a sus correligionarios y al ahora exiliado en Cuba.

De acuerdo a la cadena televisiva CNN, los servicios de inteligencia de Estados Unidos  cuentan ya con información político-financiera de empresas y personas relevantes en la vida nacional ligados a estos grupos delictivos, esto sin contar los testimonios tanto del Chapo Guzmán y sus hijos, como del recientemente detenido Mayo Zambada. A todo lo anterior hay que sumar la reforma para la destrucción del Poder Judicial, con la consecuente elección de jueces y magistrados, la cual es claramente una de las grandes oportunidades del crimen organizado para hacerse de un mayor control de la vida política del país y así es vista por nuestros vecinos del norte. El rompimiento de Sheinbaum y AMLO se ve complicado y sobre todo de mediano-largo plazo, aunque irremediablemente tendrá que ocurrir. El factor Trump será probablemente un catalizador, y al país le urge deshacerse de las innombrables lealtades del sexenio anterior. ES CUANTO

ADDENDUM: la carta que envió el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, al presidente Trump, contiene graves acusaciones a su sucesor en la gubernatura chiapaneca, el morenista Rutilio Escandón, a quien señala de tener vínculos con el narcotráfico. Ochoa le advierte a Trump que no debe aceptar el nombramiento que hizo el gobierno mexicano de Escandón como cónsul de México en Miami, porque durante su mandato como gobernador, no sólo fue omiso en el combate a los narcotraficantes y los cárteles que se apoderaron de Chiapas y violentaron a sus habitantes,

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.