𝗘𝗘𝗨𝗨 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗮𝗰𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀

 Fernando Hinterholzer Diestel

La política bilateral entre México y su vecino del norte, United States of America atraviesa por momentos complicados, donde la colaboración en materia de combate al crimen organizado, se ha convertido en un campo de batalla, de presiones y desconfianza. La actitud del presidente Trump en cumplir sus promesas en lo concerniente a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza, y choca frontalmente con la perceptibilidad de México ante lo que siente como injerencia. Cada vez hay más señales de que el presidente estadounidense y su gobierno están decididos a ir con todo contra las mafias del crimen organizado en México. Por primera vez desde que los grupos criminales fueron llamados “como organizaciones terroristas”, fiscales federales del estado de California acusaron formalmente de narcoterrorismo a dos miembros del Cártel de Sinaloa.  A eso se agrega la cancelación de visas a políticos mexicanos, el primero fue la del presidente municipal de Matamoros y luego la de la gobernadora de Baja California y su esposo. Y de acuerdo a informaciones periodísticas, al gobierno de la presidente Sheinbaum le han informado de que otros políticos y altos funcionarios están ya en la mira para retirarles su ingreso a los Estados Unidos. Es de destacar también, la llamada que el subsecretario adjunto del Tesoro realizo a los banqueros mexicanos, en la Convención Nacional Bancaria, “para blindaje efectivo de los sistemas financieros. El gobierno estadunidense está realizando todo lo que considera importante, sin importarle lo que piense, diga o haga el gobierno mexicano. Por eso, la amenaza de que intervengan en México, de manera unilateral no puede tomarse como una “ocurrencia”. Hasta ahora, ese escenario no se ha concretado, quizá porque el gobierno mexicano ha optado por combatir de forma más frontal al crimen organizado y ha entablado una colaboración más activa con Estados Unidos que la que hubo en el sexenio pasado. 

Ya son muchos los indicios que manda el gobierno de Estados Unidos al de México para que éste destruya y erradique a los grupos criminales. El presidente Trump y su gabinete han expresado la posibilidad de una intervención militar directa en territorio nacional. “Han enviado drones y aviones espía a zonas, como Sinaloa, con amplia presencia del crimen organizado”. También buques de guerra que se estacionan frente a México en aguas internacionales. El gobierno de Trump ha fortalecido el uso de las visas con fines puramente políticos, el Departamento de Estado tiene por supuesto el derecho de revocar una visa a un extranjero. La semana pasada aumentaron las presiones políticas y diplomáticas al gobierno de México por la administración de Donald Trump, que, con la cancelación de la visa a la gobernadora, aunado al cierre de fronteras a las importaciones del ganado mexicano, parece estar presionando al gobierno mexicano, ante la negativa de este, para aceptar la ayuda militar estadounidense en el combate a los cárteles de la droga mexicanos. No es para nada casualidad que, justo una semana después de que se produjera aquella llamada telefónica en la que Trump le pidió a Sheinbaum que se dejara ayudar con la intervención directa del Ejército de Estados Unidos en el combate a los capos de la droga, comenzaran las acciones directas del Departamento de Estado contra políticos mexicanos que pertenecen al partido gobernante. El hecho es que ya fue revelado el primer nombre de un gobernador –gobernadora en este caso– de la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, y pronto se sabrán algunos más. La “lista” ha sido comentada en las reuniones del Gabinete de seguridad, de manera que la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto del problema que se puede desatar. El objetivo es dar golpes contra funcionarios mexicanos y políticos de alto nivel que sirvan como ejemplo para combatir la colusión de los gobernantes con los grupos criminales. En la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores “oficialistas”; el próximo a ser denunciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Ha comenzado oficialmente el “balconeo” de políticos y funcionarios mexicanos, como el principio de investigaciones abiertas por agencias de seguridad estadounidenses desde los tiempos del “narco-presidente”, y que involucran delitos como lavado de dinero y tráfico de personas, hidrocarburos y enervantes, principalmente el fentanilo.

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva para desembrollar la red de vínculos criminales entre políticos mexicanos (Morena) y carteles del narcotráfico y huachicol fiscal. Cancelar visas no es un castigo menor, no es un simple "trámite administrativo"; es una grave advertencia de que hay una actividad ilegal de por medio y existen investigaciones abiertas. La reciente publicación del periodista Tim Golden en Pro-Publica lo revela. Golden describe como agencias norteamericanas cuentan con “una lista de varias docenas de funcionarios y políticos mexicanos identificados” como presuntos aliados del crimen organizado. No se trata de rumores o chismes, “hay expedientes, hay nombres, hay investigaciones”. De acuerdo al reportaje, ese listado incluye desde gobernadores hasta altos funcionarios del gobierno de Sheinbaum y personajes cercanos al expresidente ahora escondido en Palenque. Además, cuentan con un archivo que data del año 2019, con al menos 35 políticos investigados, justo en el momento, cuando el gobierno de AMLO rompió unilateralmente los Tratados de Cooperación antidrogas con la DEA. Y mientras todo esto ocurre, en Palacio Nacional y en las oficinas de Morena reina el silencio y la descalificación. Ya intentaron antes desacreditar a Golden. Pero ahora hay hechos que no se pueden tapar con discursos. Hay revocaciones de visas. Hay investigaciones activas. La narrativa oficial ha perdido toda credibilidad. En medio de lo que claramente ya es una estrategia política y diplomática coordinada desde “la capital del imperio”, que busca presionar y debilitar al gobierno mexicano y al partido en el poder. A mediados de la semana pasada, rindió protesta en la Casa Blanca el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien llego al país, el viernes pasado, para ocupar el despacho de la sede diplomática (Bunker en Irrigación), justo en los momentos en que sube la tensión en la relación bilateral.

La verdad es una y se sabe desde hace tiempo. El expresidente López Obrador no solamente acabo con las instituciones y el Poder Judicial, enterrando la democracia; sino también dejo las bases de un narco-estado. Y ese legado, nocivo y destructivo, sellará la historia reciente de México. Porque la marca de la 4T nunca fue la justicia social ni la honestidad valiente: fue la complicidad impune y cínica con el crimen organizado. Y ahora “los gringos” lo saben y lo tienen documentado. Y por si algo faltara a este escenario que es un cóctel explosivo para el país, en la Casa Blanca “están hartos” de esperar a que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se sume a su guerra contra el “narcoterrorismo”, la determinación de Ovidio Guzmán de “cooperar” con el Departamento de Justicia y dar información “sobre las relaciones entre el Cártel de Sinaloa y los políticos y gobernantes mexicanos”, es algo que claramente aumentará la tensión y el choque cada vez más claro de posiciones entre la administración Trump y la del gobierno de Sheinbaum. Aquí cabría preguntarse, hasta dónde llegará esta presión y el asedio desde Washington contra el gobierno mexicano y la 4T, y habemos algunos que pensamos que podría llegar hasta Palenque. ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈:

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.