𝗘𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗲𝗹 E𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼

Fernando Hinterholzer Diestel

México, tiene casi dos décadas de estar inmerso en un clima de violencia estructural, y la realidad es que no se vislumbra una salida pronta, a pesar de las acciones que han tomado, la presidenta Sheimbaum y su gabinete de seguridad. 

Las políticas de las administraciones pasadas han resultaron francamente insuficientes, sobre todo la del gobierno anterior. Si analizamos desde una perspectiva crítica, se hace urgente mirar más allá de las soluciones prácticas y cuestionarnos por las características materiales, políticas y culturales que permitieron el crecimiento de estos poderes paralelos.

Mientras persistan la desigualdad, la exclusión, la corrupción y la impunidad como elementos constitutivos del orden social, cualquier intento de contención será, en el mejor de los casos, un paliativo. 

Desde 2006, el país atraviesa “una guerra” que lejos de impedir el crecimiento de las economías criminales, estas se han incrementado, a través de la violencia letal, las desapariciones y de políticas de seguridad erradas. Mismas que llevaron a reforzar la militarización de la seguridad pública, dicha militarización no sólo fracaso en su cometido de pacificación, sino que logro profundizar las lógicas de violencia que atraviesan el tejido social, desdibujando los límites entre el Estado y los actores criminales en amplias regiones del país.

Nuestra nación se encuentra ahora ante un problema que se vincula de manera directa al concepto mismo de Estado-nación. La violencia acontecida en las últimas semanas y días, con más masacres y crueldades, no es solamente un reto a la seguridad pública: es un aviso de alerta sobre la grave crisis de soberanía interna, sobre la incompetencia de las instituciones para asegurar su función primigenia: la seguridad, la justicia y el orden social público.

En este entorno, es indispensable redimensionar las clases con las que se piensa en relación al poder, al control del territorio y a la legitimidad; incluso más en una sociedad, en donde las estructuras del siglo XX ya no brindan respuestas eficientes para las dinámicas actuales. México enfrenta no sólo una crisis de violencia, sino una crisis del Estado. 

Y mientras no se considere la dimensión estructural de esta macro-criminalidad, seguirá el país en un ciclo permanente de confrontaciones, estrategias fallidas y diagnósticos parciales. No hay crimen organizado sin Estado, porque las estructuras criminales se articulan sobre el vacío regulatorio, la corrupción institucional y los dispositivos de control que el propio Estado despliega. 

Esta imbricación erosiona las fronteras entre legalidad e ilegalidad, consolidando un orden híbrido donde el poder se administra a través de la violencia y la gestión informal de los mercados ilícitos.

La delincuencia organizada en México se ha convertido en un protagonista intensamente arraigado en las organizaciones sociales, políticas y económicas de todo el país. Estas estructuras actúan con tácticas sofisticadas, fortaleciendo “una base social” que refrenda su presencia a través del control de dinero público y sectores estratégicos, retando al Estado y desgastando tanto la democracia como el desarrollo sustentable.

 A pesar que la Estrategia Nacional de Seguridad desarrollada por la presidenta Sheinbaum, aborda aspectos clave, la gravedad del problema necesita medidas extraordinarias para desmantelar las poderosas estructuras financieras y operativas del crimen organizado y fortalecer las instituciones locales. La base social del crimen organizado se sustenta en el apoyo que logran obtener de la población, arraigado en la pobreza, la desigualdad y la ausencia del Estado.

En muchas regiones, especialmente las más marginadas, los cárteles ocupan los vacíos dejados por el gobierno, proporcionando seguridad, empleo y servicios básicos, lo cual les permite ganar legitimidad e influencia dentro de las comunidades. La desigualdad económica fomenta este sostén social. 

En zonas con pocas oportunidades de trabajo, las actividades criminales de los cárteles, como la producción y transporte de drogas o la extorsión, representan una fuente de ingresos viable para los jóvenes de muchas zonas controladas por el crimen organizado. Los cárteles remuneran mejor que la economía formal, y además aseguran un flujo constante de recursos a las comunidades. 

Hay que reconocer y aceptar que hay una guerra abierta en el país entre los diversos grupos criminales, y en donde el gobierno está como un simple espectador, inertes observan la tragedia nacional, sin hacer nada. Pero cual es la razón de esa paralización, no quieren y, quizás, no pueden con los cárteles de las drogas, que hace un par de semanas realizaron una demostración de capacidad de fuego, logística y movilización bélica sin inmutarse por el Estado mexicano.

“En veintiocho municipios en tres estados (Michoacán, Guanajuato y Jalisco) se vieron bajo una lluvia de fuego y balas entre organizaciones criminales, en un teatro de operaciones bélicas transfronterizo que nunca se había visto en este país”. 

Y luego dice Trump que México y su presidenta tienen miedo de combatir a los carteles criminales, y de paso no aceptan la ayuda norteamericana, que dizque por “la soberanía nacional”, quizá no se hayan dado cuenta aun, que la dichosa soberanía esta perdida desde hace más de 6 años. 

Y no aceptan en realidad, por la complicidad implícita de varios políticos connotados de la 4T, comenzando por el señor de Palenque, con los grandes capos de los carteles.

 No entendemos porque en todo este tiempo, con todo lo que han hecho Harfuch y las Fuerzas Armadas, después del decomiso de barcos de Huachicol, no hayan aparecido ni un personaje político de algún nivel involucrado en estas tramas ni una sola denuncia penal ni una investigación seria.

Las pláticas entre Trump y la Dra. Sheinbaum han sido respetuosas, pero con también con un grado de rispidez. En cada llamada, el presidente estadounidense elogia a la presidenta mexicana, para después vapulear a México y esgrimir que la presidenta y su gobierno le tienen “mucho miedo” a los grupos criminales. 

Por supuesto, que las verdaderas intenciones detrás de ese tipo de declaraciones está la “perversa intención” de Estados Unidos de enviar a sus “cuerpos de elite” para exterminar a los grupos criminales en el territorio nacional. Además, es de dominio público, que, con la información de la DEA, como arma secreta de Estados Unido y “las pruebas de colusión y corrupción de políticos mexicanos y funcionarios en activo”, algunos del movimiento denominado como la Cuarta Transformación, presuntamente relacionados con las organizaciones criminales podrían ser extraditados para ser juzgadas por las Cortes estadounidenses. Si el gobierno de Trump logra comprobar esos vínculos, será más difícil para el gobierno mexicano sostener la narrativa de la soberanía nacional frente a la propuesta de “apoyo” militar. ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: Trump no esconde sus intenciones: quiere soldados estadunidenses en territorio nacional para combatir a los cárteles. Y, aunque la respuesta oficial diga que no hay permiso para ello, ya hay indicios que confirman su presencia —armada, equipada y con tecnología de inteligencia, ya se manifiesta en varios estados del país escondidos como asesoría militar y cooperación. Barcos, drones y aviones estadunidenses sobrevuelan territorios clave, es vigilancia antidrogas, escaneando ondas de radio y mapeando movimientos, incluso, operaciones encubiertas “de inteligencia” que ya estarían en curso. Pese a los avances en el combate al crimen, México no ha logrado romper el tema más peligroso: las redes de protección política al narcotráfico. 

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.