Reclutados por criminales 500 calentanos a la fuerza

Texto: 𝙕𝙖𝙘𝙖𝙧í𝙖𝙨 𝘾𝙚𝙧𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨/ Foto: 𝘈𝘳𝘤𝘩𝘪𝘷𝘰.CHILPANCINGO, GRO., 6 de mayo de 2025.-- Al menos 500 hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, de municipios de la Tierra Caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México han sido reclutados forzosamente por el crimen organizado que los mantiene en situación, de “esclavitud”, denunciaron por teléfono familiares de algunos de ellos.

Por temor a que las personas privadas de la libertad sufran represalias si presentan la denuncia formal ante las autoridades, debido a la vinculación de algunas de éstas con los grupos delictivos, sus familiares pidieron públicamente la intervención de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que se realice una investigación del caso y la liberación de las víctimas.

De acuerdo con sus familiares, los privados de la libertad se encuentran en distintos sitios de esa región realizando labores de peones, albañiles, vigilantes o de sicarios, mientras que a las mujeres las usan en las labores de cocina, sin recibir salario o compensación alguna.

“Estamos preocupados de que nuestros hijos estén viviendo una situación como la ocurrida en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, por eso estamos pidiendo la intervención de los gobiernos federal y estatal”, dijo por teléfono el familiar de una de las víctimas.

Declaró que en repetidas ocasiones se han hecho denuncias públicas en los tres estados de que un hijo, hija, hermano, hermana o algún otro familiar fue levantado por la delincuencia organizada, y llevado a la parte alta de la Sierra, donde los grupos delictivos tienen ranchos o se han apropiado de grandes extensiones de tierras, algunas sembradas de distintos cultivos o de frutales.

Informó que es allá donde utilizan a los que privan de la libertad para usarlos en distintas actividades sin pagarles un salario.

“Levantan cercas, plantan corrales, limpian las parcelas, siembran cultivos o plantan árboles frutales. Otros los usan de vigilantes o como sicarios, mientras que a las mujeres las meten a las labores de cocina”, contó a sus familiares uno que cumplió su tiempo de “castigo” y fue liberado.

De acuerdo con el testimonio, los y las privadas de la libertad son personas que supuestamente incurren en alguna irregularidad o presunto delito en sus comunidades o pueblos, y la parte ofendida o afectada en vez de denunciarlos ante la autoridad “los acusa” ante el grupo criminal que controla la plaza y éste les impone una sanción privándolos de la libertad y se los lleva a realizar labores en sus propiedades hasta que cumplen con el tiempo de sanción que ellos mismos les imponen.

“A algunos les dan meses de castigo, a otros uno, dos o tres años y únicamente les permiten comunicarse con sus familias, si se portan bien y si demuestran con trabajo que no van a estar de chillones”.

Contó que: “sabemos de algunos casos que se llevan a quienes han ejercido violencia dentro de la familia, o sea, en lugar de que las autoridades castiguen a los violentadores, es la delincuencia la que viene a poner orden y se lleva al que supuestamente comete el delito”.

En otro de los casos, explicó, si una familia entra en conflicto por herencia de tierras o casas, y piden la intervención de “esas personas”, éstas logran “aplacar” a los que pelean sus bienes, pero se quedan con la propiedad en disputa.

“Los delincuentes ya se apoderaron de casi todos los cerros que desde hace años son propiedad de los campesinos”, dijo la fuente.

En el caso de Guerrero, esta situación ocurre con más frecuencia, de acuerdo con la denuncia, en los municipios de Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Zirándaro, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.

“Mire, tengo familiares en Cutzamala de Pinzón y me comentan que es el municipio donde más jóvenes hay secuestrados en la Sierra. Me informan que a las mujeres jóvenes y adultas, por parejo, las usan de cocineras, pero también para echar chingadazos”.

Dijo: “Los que han logrado fugarse o han sido liberados, nos informaron que nuestros muchachos son obligados a trabajar de manera gratuita, reforzando cercas, cercando terrenos, y a las mujeres las ponen a hacer la comida, también a participar en sus actividades ilícitas”, denunció por teléfono el familiar de otra de las víctimas.

Agregó que cuando necesitan más personal para que trabaje en sus propiedades, “agarran a los muchachos que andan consumiendo drogas en los pueblos y se los llevan a trabajar a los cerros, y a veces hasta en el plan, cerca de las poblaciones, incluso ante la mirada del personal del Ejército que pasa cerca de ellos, pero hace como que no los ve”.

Dijo: “Los muchachos no pueden ni siquiera pedir ayuda a los militares, si lo hacen, es su familia la que sufre las consecuencias porque la tienen vigilada”.

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De acuerdo con la fuente, muchas familias han denunciado de forma anónima la privación de la libertad de sus parientes ante el 34 Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano, también en el cuartel de la Guardia Nacional de esa misma cabecera municipal.

Sin embargo, “nos dicen que primero tenemos que presentar la denuncia ante el Ministerio Público o ante las Fiscalía General del Estado (FGE) o en la General de la República (FGR), “¿pero cómo, si sabemos que tienen metida a agente allí?, todas las autoridades, desde policías estatales, ministeriales, jueces, ministerios públicos, hasta militares están sometidos a ellos, hasta los cuidan cuando se andan divirtiendo en las fiestas”.

Aseguró que todas las poblaciones se dan cuenta de ello, “qué ganamos con denunciar este situación si son ellos los que inmediatamente les avisan a los delincuentes que fuimos a denunciarlos, no ganamos nada, al contrario, la familia es la que sufre las consecuencias, por eso queremos que intervengan nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado”, insistió.

Ante esta situación de violencia, los familiares de las victimas contaron que muchos de los jóvenes prefieren irse a trabajar a Estados Unidos, pero como los grupos delictivos tienen controlados a los pueblos les piden cuotas de 4 mil dólares (unos 80 mil pesos), para dejarlos salir, “y si se van a escondidas son sus familiares los que tienen que pagar el dinero”.

Algunos de los liberados o que se han fugado recientemente contaron a sus familiares que actualmente habrá unas 500 personas privadas de la libertad en distintos sitios de la sierra

De acuerdo con el testimonio de uno de los liberados actualmente tienen privadas de su libertad a vecinos de Arroyo Grande, Huaratzio y Zacapuato, municipio de Cutzamala; Las Tinajas, El Coyol y Placeres del Oro, municipio de Coyuca de Catalán; San Pedro las Garzas, Allabytle y La Laja, municipio de Ajuchitlán del Progreso; Lindavista, La Laguna, San Antonio La Gavia y El Machero, de San Miguel Totolapan.

Además de Tanganhuato, municipio de Pungarabato;  El Chivo y La Calera, municipio de Zirándaro; El Cubo, de Arcelia, así como de San Lucas, cabecera del municipio de San Lucas, Michoacán, aunque también supo que hay de los estados de México, pero desconoce de qué localidades.

En la zona de la Tierra Caliente operan los grupos delictivos La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. (𝘴𝘶𝘳𝘢𝘤𝘢𝘱𝘶𝘭𝘤𝘰.𝘮𝘹).

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.