𝗠𝗶𝗰𝗵𝗼𝗮𝗰á𝗻 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Fernando Hinterholzer Diestel

“Buitres” y “comentócratas carroñeros. De ese modo refirió la presidenta Sheinbaum a quienes alzaron la voz tras el cobarde asesinato, ocurrido el sábado pasado durante la fiesta por el Día de Muertos, del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez”.

El crimen cometido contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, durante las festividades del día de muertos, representa “un antes y un después” en el entramado de la violencia política y del crimen organizado en México. El hecho de que el Presidente Municipal tan notorio y combativo y valiente, fuera blanco de un ataque público, advierte que, intencionalmente, se trató de que todo el país lo enterara, que el asesinato llegara más allá del municipio. Este crimen muestra las características de terror simbólico: la ejecución en un evento público, en un espacio festivo que se configura como comunidad, muestra no sólo la fuerza bruta, sino la intención de sembrar el miedo, erosionar la legitimidad institucional y recordarle a la ciudadanía que el poder del Estado puede estar amenazado siempre por el narcotráfico. La elección del escenario revela un mensaje claro: la impunidad sistémica y la capacidad de los grupos criminales para desafiar el monopolio de la violencia legítima del Estado. En términos de seguridad ciudadana, este asesinato marca un nuevo quiebre en la confianza colectiva: aun cuando las estadísticas oficiales arrojan una reducción relevante en el número de homicidios diarios, este tipo de crímenes de alto impacto siguen erosionando la legitimidad de las instituciones, pues demuestran que la fuerza estatal no logra proteger ni siquiera a quienes encabezan o forman parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles.

El homicidio de Manzo desato protestas violentas en Michoacán, y también demandas de mayor intervención federal y la salida del gobernador (cosa que no va ocurrir, si continúan en sus cargos el de Sinaloa, Tamaulipas, cobijados bajo el manto protector del señor de Palenque). La presidenta Sheinbaum enfrenta el momento más complicado de los 13 meses y días que lleva en Palacio Nacional y la crisis mediática no ha podido ser “apagada”, a pesar del incidente de acoso sexual, yo pienso fabricado por su equipo, y ojalá me equivoque. Las múltiples reacciones adversas por el crimen del alcalde de Uruapan, se multiplicaron en redes, debates, medios. La ejecución de Manzo, quien siempre se distinguió por su arrojo en la lucha contra el crimen organizado, provocó una ola de indignación que no habíamos visto desde hace varios años. Al gobierno federal le reprochan no haber atendido correctamente los llamados que el alcalde hizo para pedir ayuda federal., que tiene potencial para escalar políticamente si no se resuelve rápido.

El estado de Michoacán pasa por una situación crítica desde hace ya un par de décadas. La crisis viene de tiempo atrás, pero se ha empeorado en los últimos años y es evidente que la lucha que enfrentan los alcaldes y la población contra los carteles criminales es terriblemente desigual y los expone a ellos, sus familias y colaboradores a la respuesta sangrienta de los criminales. Los delincuentes buscan cogobernar con las autoridades y eliminar a quienes se oponen. Rescatar al Estado significa que las autoridades del ámbito federal y local repliquen lo que hacía Carlos Manzo, actuar en función de la gente, no de los intereses políticos o partidistas. Hacerlo con valor y compromiso. Ser intransigentes ante los criminales y dejar de pensar en términos ideológicos o partidistas. Los enemigos están a la vista, son los delincuentes, no los adversarios políticos, mucho menos los medios de comunicación que dan cuenta de lo que ocurre. Rescatar al Estado significa recuperar la legalidad y la justicia y, lo fundamental, gobernar para todos. Pero Michoacán no se rinde. El estado que simboliza y confirma el fracaso del Estado mexicano y de todos sus gobiernos de los últimos 25 años para enfrentar, controlar y contener el imperio del narcotráfico que hoy gobierna este país, ha tomado la bandera de la sublevación y la protesta para gritar un ¡ya basta! de la violencia que ahoga y asfixia a los michoacanos y al resto de la República. En ciudades como Uruapan, Morelia, y Apatzingán, que son las tres regiones geográficas y productivas del estado: Bajío, Meseta Purépecha y la Tierra Caliente, ha surgido un hartazgo y un cansancio de la población michoacana que ya no quiere vivir en el miedo, la extorsión, la muerte y desaparición que comete diariamente el crimen organizado contra los mexicanos que trabajan, producen y pagan impuestos (dobles: al gobierno y a los narcos) y que no reciben a cambio protección y seguridad por parte del gobierno, ni tienen tranquilidad ni paz para ellos y sus familias, lo cual es una vergüenza para la 4T y para el gobierno de Sheinbaum.

En esta grave coyuntura de violencia que ha hecho cimbrar al fragilísimo “segundo piso de la 4T”, Michoacán y sus pobladores le están mostrando a todo el país, como ya lo hicieron en otras etapas de la historia, que el camino para terminar con de la violencia del narco y el narco-gobierno que hoy doblega a todo México, no está en agachar la cabeza y paralizarse por el miedo; mucho menos en estirar la mano y recibir dinero del gobierno a cambio del voto y de lealtad política. El mensaje que hoy manda esta entidad rica en historia y recursos, a todos los mexicanos es que los opresores, sean del narco o del gobierno o de la colusión y complicidad de ambos, mandarán hasta que los ciudadanos de este país dejemos de ser cobardes y alcemos la voz para gritarles a criminales y gobernantes, que hoy se sienten dueños absolutos del país, que México es más grande que la violencia de los carteles y que cualquier partido o régimen que crea tener la verdad absoluta. Cuántos estados más han vivido y viven desde hace al menos 20 años la misma tragedia de ver caer a sus ciudadanos buenos y valientes a manos de la crueldad del narco (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, entre otros). en cuántos municipios de México han asesinado a alcaldes, a regidores, a ciudadanos inocentes por no querer doblegarse ni callarse ante los capos de la droga y sus sicarios, por no pagar derecho de piso, por no aceptar negocios sucios o simplemente por estar en la calle o en un espacio público en el momento menos indicado.

Y en el plano externo, en Washington, los halcones confirman a México cada vez más, como un Estado sometido a los cárteles de la droga, incapaz de garantizar su propia seguridad interna y, por ello, potencial amenaza hacia el norte, el gobierno de Trump tiene toda la razón, aunque los políticos mexicanos, lo nieguen. Esta narrativa, que sirve también a intereses geopolíticos, se alimenta de casos como el de Uruapan, donde el orden público se fracturo simbólica y materialmente. Por ello es urgente, que el Estado Mexicano, además de reducir el número de homicidios, devuelva la protección a la Sociedad, la capacidad de desalentar a la criminalidad y el control territorial. En ese sentido, la violencia política y criminal en México no puede abordarse sólo con tácticas represivas, sino que exige una reflexión sistémica sobre la relación entre el poder institucional, el crimen estructural y la lógica simbólica del terror.

Para enfrentar las causas fundamentales, de la violencia en la entidad, hay que implementar medidas, que incluyen, por supuesto, el envió de militares y guardias nacionales a enfrentarse con los grupos criminales. El Ejército es la única institución que desde 2006, en forma ininterrumpida, se ha enfrentado a los criminales. Y lo ha hecho a un costo de vidas de soldados y oficiales muy alto, vidas que, desde el poder político, se suelen ignorar. A los criminales hay que golpearlos en lo único que les duele: el dinero y sus propiedades. Pero, además y si se quiere atacar las causas profundas de la violencia y la inseguridad en un estado como Michoacán, se deben atender tres cosas que no están en el plan de la 4T: la corrupción de las autoridades estatales, el miedo de los funcionarios para actuar y la enorme ineptitud que muchos han mostrado desde las funciones de gobierno, y la salida del gobernador. Se tiene que hacer algo tan elemental como quitar los obstáculos políticos que impiden emprender esa lucha. 

ES CUANTO

𝘼𝘿𝙀𝙉𝘿𝘿𝙐𝙈 “Si no se pone orden aquí en Uruapan, pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte, de voz, de justicia y, si es necesario, hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada”.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.