𝗟𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝗰í𝗮 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮

Fernando Hinterholzer Diestel

Nuevamente la 4T dio muestras de tener instaurado como “política de Estado”, la negación y la minimización de los problemas. Y es que más que enfrentar las crisis con velocidad y diligencia, tienen una especial preferencia por adoptar la realidad a través de palabras dulces y eufemísticas, queriendo con ello, atenuar la percepción pública de las dificultades. Se trata de una estrategia comunicacional que da prioridad a la imagen sobre la solución, y desviando la atención y disminuyendo la gravedad de los hechos. Uno de los temas más frecuentes se ha dado, en la respuesta a los fenómenos meteorológicos como fue el caso de Otis y Raymond en el estado de Guerrero. Ante los señalamientos por la tardada e insuficiente atención a los damnificados por las lluvias, la respuesta de gobierno se ubica en la idea de que “en todo el mundo hay inundaciones”. Con esa respuesta, basada en una obviedad, se intenta imponer la idea, que la catástrofe es global antes que aceptar que la responsabilidad local no siempre se atiende con la prontitud que exigen las familias afectadas, sobre todo después de que la 4T elimino “de un plumazo” los recursos del Fonden.Con la reciente extracción y envió de “dictador venezolano Nicolas Maduro y su esposa”, a una corte de la ciudad de Nueva York, el gobierno de los Estados Unidos ya no puede justificar su acción exterior unilateral en nombre de la democracia, los derechos humanos o del llamado “orden basado en reglas”. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 proclamada por el gobierno de Trump, es muy clara al respecto: su prioridad principal es la restaurar la primacía estadounidense en su entorno continental y neutralizar amenazas estratégicas en el hemisferio occidental. Venezuela y su gobierno espurio no es relevante, sino forma parte de una pieza estructural dentro de ese replanteamiento. Durante muchos años, Washington utilizó a un estilo “muy light” para adecuar acciones que, de hecho, correspondían a poder de prueba. Esa práctica constante entre discurso y práctica acabó erosionando la credibilidad del sistema que decía defender. Hoy, esa etapa parece clausurada. La lógica que emerge es más directa y menos ambigua: esferas de influencia, control estratégico y equilibrio de poder vuelven a ocupar el centro del escenario. Venezuela ya no es percibida como un tema puramente ideológico y pasó a ser considerada un factor de inestabilidad regional. No por su posición de izquierdista, sino por su relación cada vez mayor con potencias rivales a EU, su peso energético y su capacidad potencial para alterar el balance estratégico en el Caribe y el norte de Sudamérica. 

Para el gobierno norteamericano, el futuro de Venezuela es complejo y se juega en varios niveles, mismos que corren en paralelo. El combate a las mafias del crimen organizado, el control del petróleo; los índices de aprobación que se diluyen. Las promesas no cumplidas, la crisis económica en proceso. El fracaso de los aranceles como una medida que beneficia al ciudadano común, la pérdida de confianza en lo doméstico y lo internacional. El ego infinito de un presidente que hoy se siente invencible, pero que sabe que podría perderlo todo antes de un año en las elecciones intermedias. En 2026, la única salida posible para reconstruir a Venezuela pasa por el camino de elecciones libres, justas y limpias, con observación internacional, un Consejo Electoral independiente y autónomo y garantías genuinas para todos los participantes. Ésa sería la única transición democrática posible. La estructura del régimen dictatorial permanece en gran medida intacta. La oposición democrática venezolana, que posee legitimidad, carece de armas. El camino hacia un gobierno encabezado por la oposición sería disputado y requeriría acuerdos con los mandos militares hoy en el poder, todos ellos parte del régimen chavista y más interesados en su supervivencia y beneficios que en una reforma.

Trump enfrentara muchos problemas para conducir la transición venezolana sin una presencia sostenida sobre el territorio.  Una guerra civil es improbable. No obstante, grupos armados como la guerrilla del ELN, colectivos armados y grupos criminales vinculadas a la minería ilegal y al tráfico ilícito pueden encontrar oportunidades en cualquier escenario de caos. Sin embargo, esta llamada “guerra preventiva” y las acciones posteriores del gobierno de Trump no parecen estar encaminadas a restablecer la democracia, sino más bien dirigidas al control y la apropiación de las enormes reservas petroleras de ese país y a la reorganización de las relaciones comerciales para dejar fuera a las naciones ajenas a los intereses norteamericanos. Bajo el argumento de la violación de los paradigmas de la democracia que se han impuesto en el mundo occidental, se trata de justificar la intervención violenta en Venezuela. La falta de normas coercitivas del derecho internacional se sustituye con medidas como ésta, cuando un país se aparta de manera flagrante de ese modelo. Eso constituye un intento falaz de tratar de legitimar el uso de la fuerza. Pero la historia indica que ello no ofrece soluciones finales ni duraderas y que el verdadero fortalecimiento de la democracia debe tener su origen en el consenso y pleno respeto de los derechos humanos. EU no es un promotor de la democracia y, por supuesto que está interesado en el control del petróleo, pero su verdadera intención es frenar la amenaza de la creciente presencia de Rusia, Irán y China en Venezuela, que el Pentágono y sus órganos de inteligencia tienen registrado. 

La expresión de Donald Trump: “Algo hay que hacer con México”, debe ser muy seriamente tomada. Es el síntoma de una coyuntura internacional en la que las presiones externas se combinan con reacomodos regionales profundos. En este contexto, la captura de Nicolás Maduro acelera la recomposición hemisférica y refuerza un clima de intervención, y redefinición de alianzas que impacta directamente a América Latina. Para México, estos mensajes no pueden tomarse a la ligera: más bien exigen una respuesta estratégica que evite la profundización de la polarización interna y fortalezca la cohesión nacional. La amenaza explícita desde Washington subraya un hecho incómodo: la fortaleza externa de México depende, en buena medida, de su cohesión interna. Un país dividido es un país con una capacidad de negociación seriamente disminuida. Por ello, ante un mensaje como el de Trump, no puede seguirse apostando por la polarización. La respuesta no puede ser ni el repliegue defensivo ni la confrontación retórica, sino la construcción de una estrategia de reconciliación nacional. En este punto, la responsabilidad de la presidenta Sheinbaum es fundamental. La coyuntura exige dejar posiciones “antiyanquis”, y olvidarse de ideologías socialistoides.  Se requiere.fortalecer  la posición del país frente a presiones externas.

La operación militar en Venezuela marca un antes y un después. El mundo que conocíamos, donde ciertas reglas no escritas parecían intocables, está quedando atrás. Washington ha decidido actuar con una lógica distinta, más cruda, menos ceremonial. Frente a ese nuevo tablero, la ambigüedad ya no es una virtud. Para quienes aún dudan de la seriedad del momento, para quienes creen que todo es retórico o amague, vale repetir la advertencia: ahora ya saben. Trump y su secretario de Estado, Rubio han dicho muchas veces lo que buscan en Venezuela. Se resume en esto: Manejar el país y su petróleo. Impedir que potencias adversarias usen a Venezuela para su beneficio. Definir quién manda en el Continente Americano en una lógica de hegemonía imperial, donde el control de Venezuela es tan estratégico, como la apropiación de Groenlandia o la reapropiación del canal de Panamá. 

Recientemente escuchamos dicha minimización en las inundaciones en Poza Rica y el Alamo en el estado Veracruz, la semana pasada. El jueves 9 de octubre, la gobernadora Rocío Nahle habló sobre desbordamiento del río Cazones como algo que había ocurrido “ligeramente”. Lamentablemente, la realidad en Poza Rica y otros municipios era terriblemente distinta: padecían inundaciones históricas debido a la crecida de ese y otros afluentes, con pérdidas materiales y personas fallecidas, las peores en los últimos veinte años. Esta tendencia al describir la magnitud del desastre tuvo consecuencias prácticas inmediatas: “Poza Rica ni siquiera fue incluido en la lista original de municipios que debían suspender clases el viernes 10 de octubre”, una medida de protección que sólo se dictó de manera tardía, cuando el municipio ya se encontraba sumergido por las aguas.

La minimización no ha sido exclusiva respecto a los fenómenos naturales que han golpeado distintas entidades del país. Durante el gobierno de AMLO, se adoptó esta táctica en múltiples ocasiones, especialmente en temas de seguridad y salud. El problema de gobernar con eufemismos es que la realidad siempre termina por imponerse. Nombrar correctamente los problemas —llamar inundación a la inundación, y crisis a la crisis— no es un acto de “cinismo burocrático”, sino la primera acción para resolverlos con la urgencia que merecen. La negación sistemática del hecho o la manipulación del lenguaje para suavizarlo no sólo mina la credibilidad de los gobiernos, sino que, lo que es más grave, retrasa la acción efectiva en beneficio de los ciudadanos. La 4T, al utilizar la táctica de cambiar los problemas en palabras menos fuertes, demuestra “una preocupante tendencia a priorizar el relato político sobre la urgencia y la verdad de la realidad social a la que se supone que quiere transformar”. El saldo oficial de las inundaciones en las cinco entidades del país, fue de 76 personas fallecidas y 75 las desaparecidas en cinco entidades. El total de localidades que quedaron incomunicadas son 191 y las viviendas destruidas rebasan la cifra de 100 mil. Tan solo en Puebla y Veracruz se estima que los damnificados son como 300 mil. Contra lo que afirma el oficialismo, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional estuvieron previniendo que habría lluvias excepcionales, pero los mandatarios de cinco entidades (las otras son Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí) desoyeron las alertas.

Ante los señalamientos e incriminaciones por parte de la población local, contra los mandatarios estatales, la presidenta Sheinbaum defendió los “caciques locales” de los cinco estados, señalando que habían actuado a la altura de las circunstancias para paliar la devastación causada por los aguaceros torrenciales, el desbordamiento de ríos y los deslaves. Lamentablemente la realidad la desmintió, todos pudimos observar a través de los medios de comunicación el tamaño de la tragedia. Por más que se critique a anteriores gobiernos por la corrupción, nunca tendrán la magnitud alcanzada por la 4T y su segundo piso. Hay que reconocer igualmente, que la estrategia de protección civil del gobierno mexicano tradicionalmente, ha sido reconocida en todo el mundo por “su capacidad de anticipar, coordinar y operar ante los peligrosos desastres que ha enfrentado México”. Sin embargo, la semana pasada el mundo pudo dar cuenta, de un gobierno federal y 5 estatales con una estrategia de protección civil pobre, deficiente y que no está preparada para las crisis reales que enfrentará el país en materia de desastres, otras crisis y emergencias. Ante los impactos del cambio climático, nuestro país no sólo enfrentará temperaturas más cálidas, sino también alteraciones en los patrones de precipitación, que se manifestarán de forma desigual en el territorio: escasez en algunas regiones y exceso en otras. El gran desafío que enfrentamos como nación es garantizar la seguridad hídrica en todo el país ante un clima cada vez más incierto. resulta iluso, no creer que el mundo está al borde del colapso medioambiental. Constantemente se denuncian gran cantidad de predicciones nefastas sobre una catástrofe climática y advertencias sobre la destrucción inminente del planeta. Y lamentablemente no hacemos nada y menos el gobierno.

En todo caso, lo que habría que criticar es la falta de prevención, lo que precisamente hace años aplaudía de los gobiernos federal y locales en el caso de los huracanes. Para empezar, es evidente que los gobiernos fracasaron en avisarle de lo que vendría a la gente que potencialmente sería afectada.

ES CUANTO

𝘈𝘋𝘋𝘌𝘕𝘋𝘜𝘔: Chiapas amaneció hace unos días, con tres municipios sin policías. En Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, un operativo dejó fuera de funciones a más de un centenar de elementos municipales, trasladados a Tuxtla Gutiérrez para revisión y exámenes de confianza. La acción, encabezada por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, con participación del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo y la fiscalía general del estado. Es limpieza necesaria.  La decisión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, de proceder penalmente contra el senador José Manuel Cruz Castellanos, exsecretario de Salud de la entidad, por las irregularidades registradas en el sector, generara mucho ruido político El senador es muy cercano a Adán Augusto López Hernández, cuñado del exgobernador Rutilio Escandón, quien fue jefe de Cruz Castellanos. Se  combate la corrupción.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.