𝗔𝘁𝗿𝗼𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗧 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗢𝗡𝗚’𝗦

Fernando Hinterholzer Diestel

Fundar una organización de la sociedad civil (ONG) en nuestro país, no es fácil, y suele ser un trámite sumamente tortuoso, y el asunto se complica más si se busca ser una “donataria autorizada”. La tramitología burocrática para lograrlo es interminable, la organización necesita apegarse a la ley, contar con un registro formal, ser transparente con las actividades que realiza y reportar el destino de los recursos que recibe. En un escenario conservador, hacer el trámite toma de seis meses a dos años. Pero en un escenario pesimista, prevalece un limbo burocrático que, a pesar de la evidencia, dificulta validar las actividades que ya realizan las organizaciones. Este segundo escenario es el que viven en estos días más de 336 organizaciones sociales. Hace un par de semanas, el SAT revoco a más de 110 organizaciones de la sociedad civil las autorizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos. 

 En un país democrático, la sociedad civil no debe ser un obstáculo, es más bien un contrapeso. Las ONG´S ciudadanas vigilan, documentan, acompañan, proponen y, cuando es necesario, y por supuesto incomodan al poder. Por eso, su fuerza suele ser un indicador claro de la salud democrática de un país. Cuando las organizaciones son numerosas, activas y diversas, la democracia respira. Cuando se debilitan, algo más profundo se está erosionando. México está cruzando esa línea. No vivimos, todavía, en un país donde se prohíba la existencia de organizaciones civiles por decreto. Sin embargo, sí estamos transitando hacia un modelo cada vez más preocupante; uno en el que el derecho a asociarse se reconoce en la ley, pero en la práctica se obstaculiza y se asfixia. En esa lista también incluyeron a varias ONG´S cuyo registro fue cancelado definitivamente a inicio de este año. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil afectadas son de dos tipos. Muchas de ellas se dedican a hacer labor social (como es el caso de Guerreros por una Vida Mejor A.C. que tengo el honor de presidir, que opera en los estados de Chiapas y Guerrero, impartiendo capacitaciones a los adolescentes indígenas, en materia de Trata de Personas, Prevención de Embarazos Adolescentes, Violencia Familiar). Otras, entre las cuales se encuentras varias ONG´S reconocidas en el ámbito nacional por el impacto que tiene su trabajo, analizando las funciones gubernamentales, las políticas públicas y su implementación. Entre los temas que estas organizaciones abordan se encuentran la educación (y el gasto gubernamental en este rubro), los sistemas de justicia y seguridad (incluidas evaluaciones sobre su eficacia y eficiencia), la corrupción en diversos sectores de gobierno, el desarrollo económico y el mercado laboral.

Hay que resaltar, que actividades realizadas por las ONG´S en México tienen funciones variadas, algunas ayudan al gobierno en las áreas sociales, otras realizan funciones de contrapesos, “fiscalizando el desempeño gubernamental, llevando causas a la opinión pública y/o a los tribunales”. Es por ello que la arbitrariedad cometida por el SAT, de revocar las autorizaciones de estas asociaciones es preocupante precisamente por la función que tienen en nuestra democracia. “Al vigilar y cuestionar el actuar gubernamental, transparentar el uso y destino de recursos públicos; estas organizaciones sirven como un contrapeso al poder gubernamental”. Además, cumplen con la función de fomentar la participación ciudadana, informar sobre los efectos y costos de políticas públicas y comunicar demandas ciudadanas al gobierno en turno. Su desaparición, por tanto, empobrece la calidad democrática del país. Comparado con otros países, México no es un país filantrópico, y mucho menos cuenta con una política pública que promover la participación activa y organizada de la sociedad. Mientras en países de Europa como España, Gran Bretaña o Francia existen políticas que incentivan la participación social con deducciones fiscales que van del 40% hasta el 80% a donativos otorgados a organizaciones con fines sociales, en Latinoamérica existen políticas más tradicionales. Brasil, por ejemplo, con una amplia política de participación social, registra más de 897 mil organizaciones; Chile cuenta con 403 mil 159 organizaciones, Argentina más de 100 mil y Ecuador cerca de 70 mil. En México, del pequeño universo de 48 mil 035 organizaciones con registro formal, según datos de CEMEFI, solamente 10 mil 831 cuentan con la autorización para recibir donativos. A pesar de ello, la diversidad de causas y cauces es sorprendente. Según datos del INEGI, las instituciones sin fines de lucro, es decir, aquellas que “no tienen como fin último hacer rico a un grupo de amigos sino apoyar causas sociales, humanitarias o educativas”, contribuyeron en 2024 con el 3.3% de la economía del país. En este sector, participaron más de 3 millones de personas. De este total, 67.6%, es decir, más de la mitad, contribuyó con trabajo voluntario.

Lejos de ser debilitadas, las organizaciones sociales deben de ser valoradas como aliadas para resolver problemas sociales. En lugar de allegarse aliados, se han roto los puentes con premisas ideológicas, tales como posible evasión fiscal, intereses de grupo político-partidista o desvío de recursos. Para las organizaciones sociales ha existido un proceso de sobre-fiscalización y nuevas reglas, como las que impusieron este año, que ralentizan el camino para enfrentar la pérdida de registro. Para la ciudadanía, esto representa tener menos opciones para ejercer derechos. Para el gobierno, esto es perder la oportunidad de aprovechar la experiencia y disposición de tantas organizaciones para colaborar, aumentar la confianza pública y avanzar hacia la sociedad de derechos que todos aspiramos.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en asuntos públicos es un derecho democrático y no una concesión del gobierno, y la inhabilitación, así como la reducción de su margen de maniobras por carecer de la deducibilidad de impuestos, atenta contra ellas afectando tanto a donatarias, como también a donantes. “Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad” son tres ejemplos de las muchas organizaciones afectadas.  Se trata definitivamente de una “gandalles” oficial para tratar de silenciar a las que exponen con pruebas y hechos las fallas del gobierno, su mala gestión, la corrupción, los abusos y la deshonestidad. Si acaso hiciera falta un dato más para subrayar cómo el gobierno se contradice flagrantemente baste decir que, en contraste con el atosigamiento burocrático del SAT a las mencionadas ONG¨s y a otras, en el mes de febrero se gestionó y aprobó en tiempo récord como donataria a una asociación para ayudar a Cuba, la cual fue promovida por López Obrador en su más reciente mensaje público. “Una sociedad civil irrelevante es el escenario ideal para un poder que no quiere rendir cuentas”. Y ahí empieza, en realidad, el quiebre de una democracia.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝙀𝙉𝘿𝘿𝙐𝙈: se cumplieron tres años del incendio en la estación migratoria de Cd. Juárez, el cual tuvo un terrible saldo de 40 muertos y 27 heridos. Hasta hoy no existe una sola condena contra los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, comenzando por el sátrapa de Garduño. Estos morenarcos” en poder no tienen “mutter” por decir lo menos. Gobierno de cínicos e impunes que algún día, les llegara su hora. *Mutter en alemán significa madre.