Denuncian corrupción y daño al erario, por 3 magistrados del TJA

𝙕𝙖𝙘𝙖𝙧í𝙖𝙨 𝘾𝙚𝙧𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨.CHILPANCINGO, GRO., a 01 de Marzo de 2026.- Las magistradas Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Martha Elena Arce García, así como el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Luis Camacho Mancilla, no sólo incurren en responsabilidad administrativa, sino en actos de corrupción y daño al erario; la primera porque prolongó “de manera ilegal” su periodo para retirarse con el 100 por ciento de su salario, y la segunda por cobrar 100 mil pesos mensuales sin contar con un nombramiento para ejercer su cargo.

De acuerdo con el expediente que entregaron los abogados Jesús Lira Garduño, Anselmo Luisa Tolentino, Germán Serrano Medrano y Adrián Lira Moreno, quienes el miércoles pidieron al Congreso local juicio de responsabilidad política para los tres integrantes de la Sala Superior del TJA, en cuanto a Camacho Mancilla fue “omiso”, al avalar las “conductas irregularidades” de las magistradas.

Como consecuencia de las denuncias que los cuatro profesionistas vienen haciendo desde el nombramiento “irregular” de las magistradas, el 13 de junio del 2024 fueron despedidos por el magistrado presidente del TJA, Luis Camacho Mancilla, argumentando “pérdida de confianza”, según se lee en el expediente del cual El Sur tiene una copia, pero para los abogados se trató de una “medida represiva” del magistrado.

El documento refiere que la quincuagésima novena legislatura del Congreso local aprobó el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada supernumeraria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCyA) del Estado de Guerrero en sesión del 3 de abril del 2012.

El 20 de octubre del 2015, la sexagésima primera legislatura del Congreso local, aprobó un segundo nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del TCyA, éste de seis años, con vigencia del 20 de octubre del 2015 al 20 de octubre del 2021.

Los abogados cuestionan que Godínez Viveros, a la fecha, siga ejerciendo ese nombramiento “de manera ilegal”, pues no existe documento que avale la actividad jurisdiccional que se encuentra realizando en su calidad de magistrada e integrante del pleno de la Sala Superior del ahora (TJA)

“Y lo que es peor, no obstante de que su periodo como magistrada feneció antes de que cumpliera los 70 años de edad; dolosamente se esperó a cumplir dicha edad para retirarse con el 100 por ciento de su salario”.

Según los abogados, Olimpia María Azucena no tenía ni tiene derecho a esta prestación, porque su haber de retiro debió cuantificarse tomando en cuenta las disposiciones del articulo 134 de la Ley Orgánica, que establece que en los casos en que un magistrado no sea ratificado, sólo tendrá derecho a un haber de retiro de tres meses, además de la liquidación que establece la Ley.

De acuerdo con los quejosos, es el caso de Godínez Viveros, puesto que en su segundo nombramiento “se estableció claramente” que no se le estaba ratificando, sino que se trataba de un segundo nombramiento como magistrada de la Sala Superior.

“La pensión del 100 por ciento del salario que actualmente percibe la magistrada Godínez Viveros, es contraria a la ley, pues el haber de retiro solo procede en aquellos casos en los que el retiro es forzoso para el magistrado, por haber cumplido 70 años de edad, o bien, por padecer incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer su función”, explican en el documento.

Insisten que a pesar de haber cumplido 70 años de edad, Godínez Viveros no puede acogerse al beneficio de una pensión del 100 por ciento del salario que percibe debido a que los 70 años los cumplió después de que su nombramiento feneció.

Refieren que la pensión con el haber de retiro del 100 por ciento se le otorgó en marzo del 2024, es decir, tres años después de que su nombramiento de magistrada dejó de surtir efecto. Su segundo nombramiento feneció el 20 de octubre del 2021.

Informan que la Sala Superior del TJA emitió un dictamen en el mes de marzo del 2024, en el que determinó que por haber cumplido 70 años –Olimpia María Azucena nació el 10 de marzo de 1954–  “tiene derecho a un retiro del 100 por ciento de sus haberes”.

“Esto constituye un delito, un robo a la Hacienda del estado, al otorgarle un beneficio económico al que no tiene derecho. También, porque continúa presentando proyectos, integrando el pleno de la Sala Superior del TJA, y resolviendo recursos sin tener la facultad legal por no tener un nombramiento vigente y desde el 20 de octubre del 2021 debió haber dejado el cargo”.

Reprochan que al aprobar el dictamen los otros cuatro magistrados de la Sala Superior; Luis Camacho Mancilla, como presidente, y Martha Elena Arce García, Héctor Flores Piedra y Eva Luz Ramírez Baños, “fueron omisos y entraron en contubernio con el fin de que Olimpia María Azucena, se retirara con un haber del 100 por ciento”.

“Es una total ilegalidad e irresponsabilidad administrativa, y debe ser sancionada aplicando a Godínez Viveros tanto la sanción administrativa correspondiente, como lo que establece la ley penal, al cobrar un salario sin nombramiento, ya que se encuentran los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y robo al erario público”.

Indican que en tanto a los otros magistrados corresponde la aplicación de la Ley número 760 de Responsabilidad Política, Penal y Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Con respecto al caso de Martha Elena Arce García, recuerdan que la quincuagésima novena legislatura del Congreso local la aprobó su nombramiento el 18 de febrero del 2011.

Y la sexagésima primera legislatura le aprobó su segundo nombramiento el 25 de abril del 2017 por un periodo de seis años “improrrogables” con vigencia del 18 de febrero del 2017, al 17 de febrero del 2023.

Aseguran que en el decreto se estableció que no se consideraba procedente la inamovilidad, en consecuencia, quedó firme el periodo improrrogable, “no obstante, Arce García continúa ostentándose como magistrada integrante del pleno de la Sala Superior del TJA

Denuncian que con ello está obteniendo “sin derecho legal alguno”, los beneficios que el cargo conlleva, como lo es cobrar un salario quincenal de 50 mil pesos “y, lo que es peor, formulando proyectos de resolución y aprobando los de los demás del cuerpo colegiado”.

Los cuatro abogados aseguran que desde el inicio denunciaron las irregularidades administrativas en las que están incurriendo los magistrados, y en el actual Gobierno de Evelyn Salgado Pienda ya le enviaron por lo menos siete oficios para que designe a las o los magistrados sustitutos de Godínez Viveros y Arce García, sin embargo “no ha actuado de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Constitución”, denuncian.

Refieren que sus escritos provocaron la molestia tanto de las dos magistradas como del presidente del TSJ, Camacho Mancilla, “quien por separado llamó a los suscritos a su oficina y nos solicitó que dejáramos de enviar oficios a la gobernadora porque era una falta de respeto” a las magistradas.

También les pidió, según el documento, que se desistieran de lo que plasmaron en sus escritos, pero como los inconformes se negaron, “como medida represiva, Camacho Mancilla los despidió el 13 de junio del 2024, argumentando “pérdida de confianza”.

“El argumento de ninguna manera se puede considerar válido, ya que la verdadera razón de nuestro despido, fue que ya no continuáramos manifestando las irregularidades administrativas que cometen los magistrados en ese Tribunal”, denuncian los cuatro quejosos. (𝘴𝘶𝘳𝘢𝘤𝘢𝘱𝘶𝘭𝘤𝘰.𝘮𝘹).

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.